La Defensora del Pueblo Europea, Teresa Anjinho, ha llegado a la conclusión de que la respuesta de la Comisión Europea a sus conclusiones relativas a la preparación de propuestas legislativas urgentes es, en general, constructiva, pero sigue siendo demasiado general para permitirle determinar si la futura legislación urgente será lo suficientemente transparente, basada en pruebas e inclusiva. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo seguirá vigilando la situación mediante futuras denuncias.

Al concluir sus investigaciones sobre la forma en que la Comisión preparó tres propuestas legislativas urgentes, la Defensora del Pueblo señaló que las medidas que la Comisión tiene la intención de adoptar se describen únicamente en términos generales y a menudo carecen de especificidad y compromisos concretos.

La posterior Comunicación de la Comisión sobre cómo pretende reformar las normas de mejora de la legislación tampoco contiene detalles suficientes para extraer conclusiones sobre si se respetarán todos los principios de buena legislación en situaciones urgentes y si se seguirán plenamente las recomendaciones y sugerencias de la Defensora del Pueblo.

La Defensora del Pueblo constató que sigue existiendo el riesgo de que los procedimientos urgentes se conviertan en la forma predominante de elaboración de la legislación de la UE si el concepto de «urgencia» no está claramente definido. La Defensora del Pueblo también señaló que faltan detalles sobre las normas procesales y legislativas que la Comisión aplicará a lo que considera revisiones más pequeñas de la legislación de la UE (iniciativas específicas).

Además, se pregunta si la intención de la Comisión de utilizar las «convocatorias de pruebas» durante la elaboración acelerada de leyes garantizará una participación suficiente de las partes interesadas.

La Defensora del Pueblo podrá evaluar mejor estas cuestiones una vez que la Comisión haya revisado sus normas para la mejora de la legislación y las haya aplicado en la preparación de futuras propuestas legislativas.

Antecedentes

En noviembre de 2025, la Defensora del Pueblo detectó una serie de deficiencias de procedimiento en la forma en que la Comisión preparó propuestas legislativas por vía rápida relativas a la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (Ómnibus I), la política agrícola común (PAC) y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.

En sus recomendaciones a la Comisión, le pidió que garantizara una aplicación previsible, coherente y no arbitraria de las normas de mejora de la legislación y que la futura preparación urgente de propuestas legislativas sea siempre transparente, basada en pruebas e inclusiva.

Las Directrices para la mejora de la legislación establecen las normas que la Comisión sigue al preparar nuevas iniciativas y propuestas, así como al gestionar y evaluar la legislación vigente.

La Comisión respondió a la recomendación del Defensor del Pueblo en febrero de 2026 y publicó una Comunicación en la que exponía su intención de revisar las normas de mejora de la legislación en abril de 2026.