La Defensora del Pueblo Europea, Teresa Anjinho, ha abierto una investigación sobre cómo la Comisión Europea preparó una propuesta legislativa como parte de su paquete general de medidas de simplificación.

La decisión de abrir una investigación sigue a una denuncia de ocho organizaciones de la sociedad civil que alegan que la Comisión infringió sus Directrices para la mejora de la legislación al no justificar por qué no llevó a cabo una consulta pública o una evaluación de impacto sobre el proyecto de legislación.

Los denunciantes también alegan que la Comisión debería haber llevado a cabo una evaluación de la coherencia climática, tal como prevé la Legislación Europea sobre el Clima.

En esta etapa de la investigación, la Defensora del Pueblo ha formulado una serie de preguntas a la Comisión. Se centran en las consultas con las partes interesadas enumeradas por la Comisión en la exposición de motivos que acompaña a su propuesta legislativa.

Incluyen una solicitud de más detalles sobre qué empresas y partes interesadas fueron invitadas a reuniones con la Comisión a principios de febrero de 2025 y con qué criterios.

También se pide a la Comisión que explique su decisión de no llevar a cabo una consulta pública.

Esta reclamación es la tercera recibida por la Oficina del Defensor del Pueblo en relación con si la Comisión ha seguido las normas necesarias a la hora de preparar propuestas legislativas.

De las otras dos reclamaciones, una dio lugar a una investigación (en curso) sobre la forma en que la Comisión preparó una propuesta de modificación de la legislación relacionada con la política agrícola común y la otra se encuentra todavía en la fase de evaluación inicial por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo.