Como siguiente paso en su investigación sobre cómo la Comisión Europea preparó un paquete legislativo para simplificar las normas de sostenibilidad de la UE para las empresas, la Defensora del Pueblo Anjinho ha pedido explicaciones detalladas sobre por qué no se llevaron a cabo una serie de pasos procedimentales, previstos en las normas internas.

En concreto, la Defensora del Pueblo pidió a la Comisión que explicara sus razones para no llevar a cabo una evaluación de impacto, una consulta pública o una evaluación de la coherencia climática, así como por qué una consulta interna entre los servicios de la Comisión sobre el proyecto de propuesta solo duró veinticuatro horas.

La solicitud de información adicional sigue a una solicitud de inspección de documentos pertinentes y a una reunión entre representantes de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo y la Comisión en junio, durante la cual la Comisión explicó cómo había elaborado la propuesta legislativa para modificar la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

La Defensora del Pueblo pidió a la Comisión que explicara con más detalle su razonamiento sobre la «urgencia crítica» de la propuesta. Con arreglo a las directrices para la mejora de la legislación, las excepciones a requisitos como las evaluaciones de impacto deben estar plenamente justificadas y bien explicadas.

Además, la Defensora del Pueblo pidió a la Comisión que explicara por qué no se consideró necesaria una nueva consulta pública cuando dos reuniones celebradas en febrero de 2025, a las que asistieron principalmente representantes de empresas y del sector, parecen haber sido los únicos intercambios de partes interesadas celebrados en relación con la legislación modificada propuesta.

La Defensora del Pueblo también solicitó aclaraciones sobre la duración de la consulta interna entre los servicios de la Comisión. En determinadas situaciones, estas consultas interdepartamentales pueden reducirse de los 10 días habituales a un procedimiento acelerado de 48 horas, pero este se concluyó en un plazo de 24 horas.

Dada la importancia de esta investigación y el hecho de que están previstos otros paquetes ómnibus, se ha pedido a la Comisión que responda a más tardar el 15 de septiembre de 2025.

Esta es la tercera investigación en curso de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo sobre si la Comisión ha seguido las normas necesarias cuando prepara propuestas legislativas.

Las demás investigaciones se refieren al modo en que la Comisión preparó una propuesta de modificación de la legislación relativa a la política agrícola común, así como a su decisión de no llevar a cabo una evaluación de impacto de dos propuestas legislativas destinadas a luchar contra el tráfico ilícito de migrantes.