Los denunciantes, organizaciones no gubernamentales medioambientales, expresaron su preocupación por la forma en que la Comisión Europea preparó propuestas para modificar los reglamentos de la UE relacionados con la política agrícola común. En particular, expresaron su preocupación por la forma en que la Comisión consultó a las partes interesadas y por el hecho de que no llevara a cabo una evaluación de impacto, tal como se exige en sus normas internas («Legislar mejor»), así como por el hecho de que no llevara a cabo una evaluación de la coherencia climática, tal como exige la legislación europea sobre el clima.

Tras una investigación, el Defensor del Pueblo decidió emitir conclusiones conjuntas en este caso con otros dos casos. Estos asuntos se referían a cuestiones similares en relación con las propuestas de nuevas normas de la UE sobre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la modificación de las normas de la UE que simplifican los requisitos de sostenibilidad para las empresas.

El Defensor del Pueblo detectó deficiencias en la forma en que la Comisión preparó todas estas propuestas legislativas. En particular, consideró que la Comisión había aplicado una definición particularmente amplia de «urgencia», no había justificado suficientemente la invocación de la urgencia para establecer excepciones a sus normas internas de toma de decisiones y no había documentado sus excepciones a dichas normas. También constató que no había establecido un procedimiento para garantizar la preparación transparente, basada en pruebas e inclusiva de propuestas legislativas «urgentes» y que no llevaba registros de las evaluaciones de la coherencia climática.

El Defensor del Pueblo recomendó a la Comisión que definiera formalmente las situaciones «urgentes» que justifican una excepción a las normas y estableciera un procedimiento para garantizar que la preparación urgente de las propuestas legislativas siga cumpliendo los principios de un proceso legislativo transparente, basado en pruebas e inclusivo. Para ayudar a la Comisión en esta tarea, el Defensor del Pueblo hizo cuatro sugerencias, que incluyen aclarar sus normas de consulta a las partes interesadas para las propuestas urgentes y garantizar que las pruebas que respaldan sus propuestas se publiquen a su debido tiempo para permitir el debate público antes de que se adopten nuevas normas.

La Comisión acordó reflexionar sobre la definición de lo que constituyen situaciones «urgentes» como parte de su próxima revisión de las normas para la mejora de la legislación y registrar y publicar sus razones para aplicar cualquier excepción. También acordó garantizar consultas específicas sobre propuestas urgentes y publicar las pruebas que respaldan las propuestas a su debido tiempo.

La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta constructiva general de la Comisión, pero señaló que aún no está claro cómo aplicará exactamente la Comisión sus recomendaciones y sugerencias. Indicó que seguiría supervisando esta cuestión a través de denuncias una vez que la Comisión haya finalizado la revisión de las normas para la mejora de la legislación.