El asunto se refería a la forma en que la Fiscalía Europea tramitó las reclamaciones de un asistente nacional de los fiscales europeos delegados en Italia. El denunciante alegó que los fiscales europeos delegados de la Fiscalía Europea en Roma interfirieron en dos procedimientos administrativos que inició a nivel nacional. La reclamación también se refería a la forma en que la Fiscalía Europea tramitó una solicitud de acceso público a documentos presentada por el reclamante.

La Defensora del Pueblo constató deficiencias en la tramitación de las reclamaciones por parte de la Fiscalía Europea en cuanto a la forma en que esta comunicó su posición al reclamante y las razones de su conclusión de no adoptar nuevas medidas. La Fiscalía Europea abordó esta cuestión durante la investigación proporcionando explicaciones claras y razonables sobre su posición. La Defensora del Pueblo también constató que la Fiscalía Europea no vulneró los derechos del reclamante al tramitar las reclamaciones.

En cuanto a la solicitud de acceso a los documentos, la Defensora del Pueblo constató que las razones invocadas por la Fiscalía Europea para no divulgar los documentos solicitados no parecen estar en consonancia con la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos. No obstante, el Defensor del Pueblo consideró que la decisión de no divulgar los documentos solicitados por el reclamante era razonable, aunque por una razón diferente a la invocada por la Fiscalía Europea.

La Defensora del Pueblo concluyó la investigación con la conclusión de que no estaba justificada ninguna otra investigación.

El asunto se refería a la forma en que una misión de la UE tramitó el permiso médico prolongado de un experto nacional en comisión de servicios. El autor cuestionó el fundamento de su licencia médica, el procedimiento seguido, la protección de sus datos médicos y la decisión de dejar de pagar su asignación diaria durante parte de su ausencia.

El Defensor del Pueblo consideró que la Misión tenía motivos razonables para actuar. Se basó en las evaluaciones de varios profesionales médicos, involucró a la autoridad de envío del demandante y le permitió volver a trabajar una vez que se cumplieran las condiciones pertinentes. La Misión también aplicó las normas pertinentes cuando dejó de pagar la dieta diaria del reclamante.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo no constató mala administración.

El asunto se refería a la decisión de la Delegación de la Unión Europea en Papúa Nueva Guinea de rechazar la oferta del demandante por considerarla anormalmente baja. El denunciante alegó que la Delegación no pidió aclaraciones específicas, no motivó su decisión y basó su rechazo en elementos no relacionados con el precio indicado en la oferta.

La Defensora del Pueblo consideró que la Delegación debería haber sido más específica a la hora de solicitar aclaraciones al reclamante sobre el precio y debería haber establecido un vínculo claro entre el precio y todos los elementos tomados en consideración en su evaluación. La Delegación tampoco justificó suficientemente su decisión de rechazar la oferta por considerarla anormalmente baja, incumpliendo así la obligación de motivación. Estas deficiencias equivalen a mala administración.

Aunque la Comisión facilitó aclaraciones adicionales durante la investigación, la Defensora del Pueblo constató que estas aclaraciones no abordaban suficientemente las deficiencias detectadas.

El Defensor del Pueblo consideró que no sería adecuado hacer la recomendación correspondiente en este caso, ya que se ha adjudicado el contrato. No obstante, la oradora formula tres sugerencias encaminadas a evitar que esos problemas se produzcan en futuros casos similares.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos elaborados en el contexto de una auditoría de la Comisión Europea relativa al cumplimiento por parte de los agricultores de Lituania de los requisitos medioambientales que deben cumplir para recibir financiación de la UE.

La Comisión se negó a dar acceso público a los documentos alegando que la divulgación pondría en peligro la conclusión satisfactoria de la auditoría.

Sobre la base de la inspección de los documentos pertinentes, el Defensor del Pueblo consideró que la Comisión estaba facultada para denegar el acceso público a los documentos en cuestión. Por lo tanto, dio por concluida la investigación, en la que no se constató mala administración.

Dicho esto, como la Comisión ha confirmado entretanto que la auditoría ha concluido, el Defensor del Pueblo confía en que la Comisión conceda el acceso más amplio posible a los documentos, si el reclamante desea continuar con el asunto.