Consultar investigaciones

Irlanda desempeña una función especial en la ejecución del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) porque alberga la mayor parte de las grandes empresas tecnológicas de la Unión Europea. Las autoridades de control de otros Estados miembros a menudo dependen del trabajo de la Comisión de Protección de Datos irlandesa para resolver definitivamente cuestiones relacionadas con la protección de datos de los ciudadanos de su propio país.

Esto hace que sea especialmente importante que la Comisión Europea se informe adecuadamente de si el RGPD se aplica correctamente en Irlanda en relación con las grandes empresas tecnológicas.

Una gama de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, incluido el reclamante, informaron de que la aplicación del RGPD en Irlanda no era la adecuada.

La Defensora del Pueblo Europeo abrió una investigación para examinar si la Comisión Europea recoge información suficiente para supervisar la ejecución del RGPD por parte de Irlanda.

La investigación de la Defensora del Pueblo sacó a la luz una práctica establecida en la Comisión Europea de examinar periódicamente un resumen de la Comisión de Protección de Datos irlandesa sobre cómo gestiona los asuntos relativos a las grandes empresas tecnológicas. La Defensora del Pueblo Europeo legó a la conclusión de que esta práctica es adecuada y conforme a la buena administración. No obstante, consideró que podían implementarse diversas mejoras técnicas y realizó sugerencias al respecto.

The case concerned the way in which the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two selection procedures to recruit experts in the field of cybersecurity who would fit one or more of three profiles. The complainant took part in both procedures and raised concerns about the scoring methodology applied by ENISA and the inconsistency of the scores he received in one procedure.

In the course of the inquiry, the Ombudsman inquiry team noted that the scoring methodology used in both procedures put candidates applying for one or two profiles only at a disadvantage in comparison to those who applied for all three profiles. This was not clear in the vacancy notices. It also requested explanations to ENISA on the inconsistencies in the complainant’s scores.

ENISA acknowledged the inconsistencies in the scores received by the complainant and offered to invite him to the next stage of both selection procedures.

The Ombudsman found that, as ENISA has taken appropriate steps to remedy the issues raised by the complainant, no further inquiries are justified in this case and closed the inquiry.

Los reclamantes era dos empresas de comercio al por menor, Ikea y Decathlon, que alegaban que la Comisión Europea no había gestionado de forma adecuada los procedimientos por incumplimiento contra Alemania en relación con unas leyes de urbanismo y espacio de comercio al por menor. Los reclamantes se quejaban del tiempo que habían durado los procedimientos, dado que la reclamación inicial se había presentado en 2008. También se quejaban de las diferentes explicaciones aportadas por la Comisión sobre el retraso.

A lo largo de la investigación, la Defensora del Pueblo Europeo presentó unas conclusiones preliminares a la Comisión, en las que principalmente indicaba que la Comisión había tardado un tiempo injustificadamente largo (más de trece años) en abordar la fase administrativa inicial del procedimiento de infracción. Sugería a la Comisión que debía tomar una decisión sobre la siguiente fase del procedimiento sin más demora.

En respuesta a las conclusiones de la Defensora del Pueblo Europeo, la Comisión intentó justificar el tiempo invertido, e indicó que tenía intención de tomar una decisión a principios de 2023.

La Defensora del Pueblo Europeo opinó que ese plazo de tiempo no se podía justificar. Dio por terminada la investigación con la conclusión de que se había producido mala administración. Consideró que no tenía sentido realizar ninguna recomendación, dado que la Comisión se había comprometido a tomar una decisión en los próximos meses. La Comisión debe informar de la situación a la Defensora del Pueblo Europeo a finales de marzo de 2023.

The case concerned a negative performance evaluation that an EU civilian mission gave to a seconded staff member. The staff member complained that the evaluation had been unfair because her line managers had not warned her that her performance at work had been poor. She also said that the evaluation report failed to take into account the fact that she had been absent for a long period of time. She claimed that the mission did not handle her appeal against the evaluation fairly.

Based on the inquiry the Ombudsman found nothing to suggest that the evaluation was unfair. She also found that the mission handled the complainant’s appeal in line with the applicable procedures. She therefore closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration.

Este caso concernía el modo en que el Parlamento Europeo evaluó la prueba escrita de la reclamante en un procedimiento de selección para la contratación de «profesionales de las lenguas y la interculturalidad».

La Defensora del Pueblo no encontró nada que sugiriera un error manifiesto en el modo en que el tribunal calificador evaluó la traducción de la reclamante. Por lo tanto, la Defensora dio por concluida la investigación sin constatar mala administración.