Los asuntos se referían a la negativa de la Comisión Europea a conceder acceso público a documentos relacionados con la aplicación de un proyecto de extracción de minerales que debía reconocerse como «proyecto estratégico» en virtud de la Ley de Materias Primas Fundamentales (CRMA). En concreto, los denunciantes solicitaron acceso a la solicitud, incluidos los documentos justificativos, de un proyecto de minería de litio que se encuentra en Serbia y cuya solicitud ha prosperado. La Comisión consideró que la divulgación de los documentos socavaría los intereses comerciales de la empresa afectada, basándose en una presunción general de no divulgación. Entre otros elementos, los denunciantes sostuvieron que existe un interés público superior en la divulgación, dado que es probable que los documentos contengan información medioambiental importante.

La Defensora del Pueblo consideró que, debido a su propia naturaleza, no era razonable que la Comisión aplicara una presunción general de no divulgación a los documentos relacionados con la designación de proyectos de materias primas fundamentales como proyectos estratégicos en el marco del Reglamento sobre materias primas fundamentales. Además, sobre la base de la inspección de los documentos por parte de su equipo de investigación, la Defensora del Pueblo constató que no contienen información sensible en todo el documento, en particular porque algunas partes de ellos ya se habían hecho públicos legalmente cuando la Comisión emitió su posición final sobre la solicitud de acceso del reclamante. La Defensora del Pueblo también consideró que los documentos contienen amplia información medioambiental, incluida «información relacionada con las emisiones al medio ambiente» para la que se considera que existe un interés público superior en la divulgación. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo concluyó que la negativa de la Comisión a conceder acceso público constituía mala administración. Recomendó a la Comisión que reconsiderara su posición con vistas a conceder un amplio acceso a los documentos controvertidos.

El demandante, diputado al Parlamento Europeo, expresó su preocupación por lo que consideraba una discrepancia entre el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Código de buenas prácticas para la IA de uso general. La Comisión Europea ha confirmado recientemente que el Código, desarrollado por las partes interesadas, es una herramienta voluntaria «adecuada» para que los proveedores de IA de uso general demuestren el cumplimiento del Reglamento de IA. Sin embargo, el denunciante alegó que el Código exime a los proveedores de IAGP de su obligación en virtud del Reglamento de Inteligencia Artificial de documentar o, al menos, estimar el consumo de energía de sus modelos durante su entrenamiento y pruebas.

La Defensora del Pueblo investigó esta cuestión y consideró que la Comisión explicaba razonablemente cómo su Oficina de IA tiene la intención de evaluar el consumo de energía de la IAGP cuando los proveedores carecen de determinada información necesaria para realizar la estimación. Así pues, la Comisión proporcionó las garantías necesarias de que cumplirá el objetivo subyacente del Reglamento de Inteligencia Artificial a este respecto. En este contexto, el Defensor del Pueblo señaló que el Código pretende ser una solución temporal, que puede mejorarse aún más y es probable que sea sustituida por instrumentos específicos, como las «normas armonizadas», desarrolladas por las organizaciones europeas de normalización.

Sobre esta base, el Defensor del Pueblo constató que, en esta fase, no están justificadas nuevas investigaciones sobre esta reclamación.

El asunto se refería inicialmente al hecho de que la Comisión Europea no mantuviera informado al reclamante sobre la situación de una denuncia de infracción relativa a la conformidad de determinada legislación española con las normas de protección de datos de la UE y la Directiva sobre el comercio electrónico.

La Defensora del Pueblo pidió a la Comisión que informara al reclamante sobre la situación de la reclamación, los motivos del retraso en su evaluación y el plan de acción de la Comisión en este caso. Dado que la Comisión no facilitó información suficientemente detallada al reclamante, el equipo de investigación de la Defensora del Pueblo también se reunió con los representantes de la Comisión e inspeccionó el expediente de la Comisión para comprender mejor cómo estaba tramitando la denuncia de infracción.

La Defensora del Pueblo constató que, si bien había un período de tiempo en el que la Comisión no estaba activa en el expediente, una vez que la legislación española pertinente se hizo plenamente aplicable, mantuvo contactos periódicos con las autoridades nacionales y evaluó el caso. La Defensora del Pueblo también constató que, aunque la Comisión no facilitó información oportuna al reclamante, lo que es lamentable, proporcionó explicaciones detalladas durante esta investigación sobre el tiempo necesario para tramitar la denuncia de infracción y su estado. Además, la Comisión envió una carta de emplazamiento a España durante la investigación relativa al primer aspecto de la denuncia de infracción.

Por lo tanto, la Defensora del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que no estaba justificada ninguna otra investigación.

El asunto se refería a la tramitación por parte de la Comisión Europea´ de una denuncia de infracción relativa a la decisión de Chequia´ de fusionar su Autoridad Ferroviaria con la Autoridad de Competencia. La principal preocupación era que la fusión podría haber infringido el Derecho de la UE y que Chequia podría no haber garantizado una supervisión independiente y eficaz del sector ferroviario.

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión no había motivado adecuadamente al demandante su conclusión de que Chequia no había infringido el Derecho de la UE. Tras examinar las explicaciones facilitadas por la Comisión durante la investigación, la Defensora del Pueblo concluyó que la Comisión había investigado el asunto con diligencia y que su decisión de archivar el asunto se había basado en motivos sólidos.

La Defensora del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que no había mala administración en lo que respecta a la evaluación de la reclamación por infracción por parte de la Comisión. Dado que, en el curso de la investigación, la Comisión aportó una motivación detallada, se resolvió este aspecto del asunto. El Defensor del Pueblo sugirió a la Comisión que siempre proporcionara a los reclamantes una exposición de motivos adecuada cuando tuvieran la intención de archivar un caso de infracción.

El asunto se refería al tiempo que tardó la Comisión Europea en concluir su evaluación de una denuncia de infracción contra España presentada en 2018. La denuncia por infracción se refería a los cambios legislativos introducidos en 2014 en la Ley de Puertos española y la posterior ampliación, por parte de la autoridad portuaria de las Islas Baleares, de la duración de las concesiones para realizar actividades de deportes acuáticos recreativos de dominio público portuario. En su denuncia por infracción, el denunciante alegó, en esencia, que dichos cambios legislativos y la ampliación, por parte de la autoridad portuaria de las Islas Baleares, de la duración de las concesiones infringían los artículos 49, 56 y 106 del TFUE.

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión no había demostrado que había sido diligente y activa en el caso, y que no había proporcionado razones convincentes para explicar por qué no había podido finalizar su evaluación después de más de siete años. El Defensor del Pueblo consideró que esto constituía mala administración y recomendó que la Comisión finalizara su evaluación sin más demora. La Defensora del Pueblo también detectó problemas relacionados con la información facilitada al reclamante y el mantenimiento de registros en relación con el diálogo EU Pilot que la Comisión llevó a cabo con España, y formuló dos sugerencias de mejora al respecto.

Si bien la Comisión inició un nuevo diálogo previo a la infracción (anteriormente conocido como diálogo EU Pilot) con España tras la apertura de la investigación del Defensor del Pueblo, la Comisión no había finalizado su evaluación de la reclamación por infracción cuando el Defensor del Pueblo archivó este asunto. Tampoco había proporcionado una justificación razonable del tiempo necesario. Como tal, la Defensora del Pueblo confirmó su conclusión de mala administración. El Defensor del Pueblo seguirá supervisando el mantenimiento de registros de la Comisión en relación con los diálogos previos a la infracción, así como la forma en que se comunica con los reclamantes al cerrar dichos diálogos.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a un documento relacionado con la decisión de la Comisión Europea de designar un proyecto de extracción de minerales situado en Serbia como «proyecto estratégico» en virtud de la Ley de Materias Primas Fundamentales (CRMA). En concreto, el denunciante solicitó acceso a la aprobación pertinente de esta decisión por parte del país no perteneciente a la UE afectado. El denunciante presentó su solicitud a la Comisión Europea en julio de 2025.

La Comisión respondió por primera vez en agosto de 2025. Señaló que un documento entraba en el ámbito de aplicación de la solicitud de acceso, a la que denegó el acceso del público en su totalidad. Al hacerlo, la Comisión alegó que la divulgación podría socavar las relaciones internacionales de la UE con el país en el que se encuentra el proyecto.

El denunciante impugnó la decisión de la Comisión presentando una «solicitud confirmatoria» en septiembre de 2025. Cuando la Comisión no dio una respuesta explícita, el reclamante recurrió al Defensor del Pueblo en octubre de 2025.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la negativa implícita de la Comisión a conceder acceso público y, como primer paso, pidió a la Comisión que adoptara lo antes posible una respuesta explícita a la solicitud confirmatoria del reclamante. A falta de respuesta en el plazo establecido, el equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó el documento en cuestión, junto con documentación sobre la consulta del país no perteneciente a la UE afectado.

La Comisión respondió al denunciante en mayo de 2026, concediendo un amplio acceso parcial al documento en cuestión, expurgando solo datos personales limitados, que el denunciante no impugnó. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consideró que la reclamación sobre la denegación implícita de acceso por parte de la Comisión se había resuelto mediante el acceso ahora concedido. Dicho esto, la Defensora del Pueblo lamentó el retraso en que incurrió la Comisión para tramitar la solicitud de acceso de la reclamante, que persistió incluso después de haber abierto su investigación. La Defensora del Pueblo sigue vigilando de cerca la cuestión de los retrasos sobre la base de las reclamaciones que se le presentan.