El asunto se refería a la forma en que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) tramitó una denuncia relacionada con los resultados de las pruebas en un procedimiento de contratación de agentes del cuerpo permanente. El denunciante no había obtenido la puntuación global mínima en una prueba de opciones múltiples para poder pasar a la siguiente fase del procedimiento. El autor cuestionó sus resultados y le preocupaba que hubiera sido objeto de discriminación racial y étnica. El demandante pidió las preguntas y sus respuestas, que Frontex no le dio.

Insatisfecho con la forma en que Frontex tramitó el asunto, el demandante se dirigió al Defensor del Pueblo.

La Defensora del Pueblo inició una investigación y pidió a Frontex que considerara la posibilidad de facilitar al reclamante una lista que mostrara, en forma de cartas, las respuestas facilitadas por el reclamante y las respuestas correctas en la prueba de opciones múltiples. Frontex facilitó al reclamante información en este sentido.

La Defensora del Pueblo constató que no había mala administración en la forma en que Frontex calculó las puntuaciones de las pruebas del reclamante, ni había indicios de discriminación.

Dado que Frontex facilitó al reclamante información pertinente sobre la prueba de opciones múltiples en el transcurso de la investigación, no hubo más investigaciones justificadas sobre este aspecto del caso. La Defensora del Pueblo cerró la investigación con una sugerencia de mejora a Frontex para que informara a los candidatos en sus procedimientos de contratación de los resultados obtenidos en cualquier prueba eliminatoria, mediante una tabla que indicaba, en relación con el número correspondiente a cada pregunta, la respuesta dada (en forma de carta), así como la respuesta correcta (también en forma de carta).

El asunto se refería a la decisión de la Delegación de la Unión Europea en Papúa Nueva Guinea de rechazar la oferta del demandante por considerarla anormalmente baja. El denunciante alegó que la Delegación no pidió aclaraciones específicas, no motivó su decisión y basó su rechazo en elementos no relacionados con el precio indicado en la oferta.

La Defensora del Pueblo consideró que la Delegación debería haber sido más específica a la hora de solicitar aclaraciones al reclamante sobre el precio y debería haber establecido un vínculo claro entre el precio y todos los elementos tomados en consideración en su evaluación. La Delegación tampoco justificó suficientemente su decisión de rechazar la oferta por considerarla anormalmente baja, incumpliendo así la obligación de motivación. Estas deficiencias equivalen a mala administración.

Aunque la Comisión facilitó aclaraciones adicionales durante la investigación, la Defensora del Pueblo constató que estas aclaraciones no abordaban suficientemente las deficiencias detectadas.

El Defensor del Pueblo consideró que no sería adecuado hacer la recomendación correspondiente en este caso, ya que se ha adjudicado el contrato. No obstante, la oradora formula tres sugerencias encaminadas a evitar que esos problemas se produzcan en futuros casos similares.

El demandante, diputado al Parlamento Europeo, expresó su preocupación por lo que consideraba una discrepancia entre el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Código de buenas prácticas para la IA de uso general. La Comisión Europea ha confirmado recientemente que el Código, desarrollado por las partes interesadas, es una herramienta voluntaria «adecuada» para que los proveedores de IA de uso general demuestren el cumplimiento del Reglamento de IA. Sin embargo, el denunciante alegó que el Código exime a los proveedores de IAGP de su obligación en virtud del Reglamento de Inteligencia Artificial de documentar o, al menos, estimar el consumo de energía de sus modelos durante su entrenamiento y pruebas.

La Defensora del Pueblo investigó esta cuestión y consideró que la Comisión explicaba razonablemente cómo su Oficina de IA tiene la intención de evaluar el consumo de energía de la IAGP cuando los proveedores carecen de determinada información necesaria para realizar la estimación. Así pues, la Comisión proporcionó las garantías necesarias de que cumplirá el objetivo subyacente del Reglamento de Inteligencia Artificial a este respecto. En este contexto, el Defensor del Pueblo señaló que el Código pretende ser una solución temporal, que puede mejorarse aún más y es probable que sea sustituida por instrumentos específicos, como las «normas armonizadas», desarrolladas por las organizaciones europeas de normalización.

Sobre esta base, el Defensor del Pueblo constató que, en esta fase, no están justificadas nuevas investigaciones sobre esta reclamación.

El asunto se refería a la negativa de la Comisión Europea a conceder un acceso parcial o más amplio a dos documentos relacionados con un proyecto financiado en colaboración con UNICEF. Al denegar el acceso, la Comisión se basó en cinco excepciones establecidas en la normativa de la Unión en materia de acceso a los documentos, a saber, la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales y a la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro, así como la protección de su proceso de toma de decisiones, el interés comercial de un tercero y la intimidad e integridad de las personas físicas, incluidos sus datos personales.

Sobre la base de la inspección de los documentos controvertidos, los argumentos de la Comisión no convencieron al Defensor del Pueblo de que una divulgación parcial o más amplia socavaría (gravemente) la protección de los intereses invocados. El Defensor del Pueblo presentó una propuesta de solución en la que pedía a la Comisión que reconsiderara su posición sobre la solicitud, con vistas a concederle el acceso más amplio posible a los documentos en cuestión. También recuerda a la Comisión su obligación de adoptar decisiones en un plazo razonable y de motivarlas.

La Comisión aceptó la propuesta de solución del Defensor del Pueblo y proporcionó al reclamante un acceso parcial y más amplio a los documentos. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta positiva de la Comisión a su propuesta de solución, que resolvió la reclamación.  

El asunto se refería a la tramitación por parte de la Comisión Europea´ de una denuncia de infracción relativa a la decisión de Chequia´ de fusionar su Autoridad Ferroviaria con la Autoridad de Competencia. La principal preocupación era que la fusión podría haber infringido el Derecho de la UE y que Chequia podría no haber garantizado una supervisión independiente y eficaz del sector ferroviario.

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión no había motivado adecuadamente al demandante su conclusión de que Chequia no había infringido el Derecho de la UE. Tras examinar las explicaciones facilitadas por la Comisión durante la investigación, la Defensora del Pueblo concluyó que la Comisión había investigado el asunto con diligencia y que su decisión de archivar el asunto se había basado en motivos sólidos.

La Defensora del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que no había mala administración en lo que respecta a la evaluación de la reclamación por infracción por parte de la Comisión. Dado que, en el curso de la investigación, la Comisión aportó una motivación detallada, se resolvió este aspecto del asunto. El Defensor del Pueblo sugirió a la Comisión que siempre proporcionara a los reclamantes una exposición de motivos adecuada cuando tuvieran la intención de archivar un caso de infracción.

El asunto se refería a una licitación organizada por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) relativa al suministro de equipos de confección para los agentes de Frontex. El denunciante, una empresa que también participó en el procedimiento de licitación, expresó su preocupación a Frontex por la adjudicación del contrato a la empresa ganadora. Más concretamente, el reclamante alegó que Frontex debería haber rechazado la oferta ganadora debido a las supuestas dificultades financieras del licitador y sus deficiencias en la ejecución de otro contrato, así como porque la oferta que había presentado era, en opinión del reclamante, anormalmente baja.

El Defensor del Pueblo constató que Frontex había llevado a cabo correctamente el control de admisibilidad del adjudicatario, de conformidad con las normas aplicables. Además, consideró que la evaluación de Frontex de que la oferta seleccionada no era anormalmente baja era razonable y estaba en consonancia con las normas aplicables.

La Defensora del Pueblo archivó la investigación con la conclusión de que no había mala administración.