La Defensora del Pueblo ha constatado mala administración en el hecho de que la Comisión Europea no haya garantizado la transparencia en todos sus servicios en lo que respecta a las reuniones con los grupos de presión del tabaco. Su conclusión también incluye el hecho de que la Comisión no se haya asegurado de que todos los servicios evalúen sistemáticamente si son necesarias, en primer lugar, reuniones específicas con representantes de la industria tabacalera.

Como signataria del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT), la UE está obligada a limitar sus interacciones con la industria tabacalera y a hacerlas transparentes.

Sin embargo, la investigación de la Defensora del Pueblo puso de manifiesto que, si bien numerosos servicios de la Comisión han celebrado reuniones con representantes del tabaco, solo la Dirección General de Salud (DG SANTE) y la Dirección General de Fiscalidad y Aduanas (DG TAXUD) hacen pública de forma proactiva la existencia o las actas de estas interacciones, independientemente de la antigüedad del personal implicado. Otros departamentos, como el comercio, el mercado interior y la acción por el clima, solo publican proactivamente la información de las reuniones con la participación de altos funcionarios o comisionados.

Además, la investigación puso de manifiesto que las actas no parecen existir para una serie de reuniones que el personal de la Comisión mantuvo con los grupos de presión del tabaco y que algunas actas existentes no proporcionan una descripción significativa del contenido de las reuniones. De las once reuniones en las que no hay actas, cuatro se celebran con miembros de los gabinetes de los comisarios.

La investigación también constató que la Comisión no dispone de un procedimiento o normas específicos para evaluar si son necesarias reuniones individuales con representantes de la industria tabacalera, a pesar de que las directrices del CMCT establecen que las interacciones con la industria tabacalera deben limitarse a las estrictamente necesarias para la regulación. El Defensor del Pueblo insta a la Comisión a que establezca normas a tal efecto y a que las aplique de manera coherente en todos sus servicios.

La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción el compromiso de la Comisión de seguir evaluando la exposición de sus servicios a los grupos de presión de la industria tabacalera. A principios de 2024, facilitará a la Comisión información que debe comunicar al personal directivo para garantizar la exhaustividad de esta evaluación. También ha pedido a la Comisión que informe sobre el resultado de la evaluación y los avances realizados a más tardar el 30 de junio de 2024.

La decisión de la Defensora del Pueblo en esta investigación sigue a las conclusiones preliminares publicadas a principios de este año y a un análisis de la respuesta de la Comisión. Las conclusiones preliminares se basaron en un examen de los documentos relativos a las reuniones de la Comisión con representantes de la industria tabacalera en 2020 y 2021, así como en los debates conexos con la Comisión.