Los encuestados en la consulta pública del Defensor del Pueblo sobre la transparencia de la toma de decisiones medioambientales de la UE han planteado una serie de preocupaciones en relación con el acceso a la información y la participación de la sociedad civil.

Los 18 encuestados, la gran mayoría de organizaciones de la sociedad civil, identificaron una serie de problemas que les dificultan seguir o contribuir a los procesos de toma de decisiones. Estos incluyen la publicación tardía de información, como los órdenes del día, la falta de transparencia en torno a las actividades de los grupos de presión y las dificultades para acceder a la información sobre los debates tripartitos entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre proyectos legislativos.

También se expresó preocupación por la forma en que las instituciones de la UE tratan las solicitudes de acceso a documentos y las dificultades para obtener información relacionada con determinados fondos de la UE, como los gestionados por el Banco Europeo de Inversiones, o la financiación con impacto ambiental, como en el marco de la política agrícola común.

En cuanto a la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas, los encuestados sugirieron que la Comisión debería compartir posiciones preliminares sobre políticas y legislación, y pidieron una mayor transparencia sobre quién participa en las consultas públicas.

La consulta tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2022.