La Defensora del Pueblo Europeo ha abierto una investigación sobre la manera en que la Comisión Europea garantiza que los fondos de la UE concedidos a Grecia para la gestión de las fronteras no contribuyan a las violaciones de los derechos fundamentales.

La investigación es consecuencia de una denuncia de organizaciones de la sociedad civil, en la que se alega que la financiación asignada a Grecia a través del Fondo de Seguridad Interior (FSI) de la UE contribuye a las violaciones de los derechos humanos en la frontera del país con Turquía. Los denunciantes alegan que la Comisión no ha investigado las alegaciones persistentes de violaciones de derechos causadas por el uso indebido de los fondos del FSI por parte de beneficiarios griegos.

Como primer paso, el Defensor del Pueblo ha enviado una serie de preguntas a la Comisión. Abarcan temas como qué medidas ha adoptado la Comisión para supervisar el gasto del FSI, si las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales han repercutido en su enfoque de asignación de nuevos fondos de la UE a Grecia y qué procedimientos ha establecido para hacer cumplir los requisitos en materia de derechos fundamentales en lo que respecta a la financiación de las actividades de gestión de fronteras.

La Defensora del Pueblo ha pedido a la Comisión que responda a más tardar el 15 de febrero de 2024.