La Defensora del Pueblo ha abierto una investigación por iniciativa propia sobre cómo aplica la Comisión Europea las normas destinadas a garantizar la transparencia y la participación de las partes interesadas en lo que respecta a los casi 1100 grupos de expertos que le proporcionan asesoramiento especializado en una variedad de ámbitos políticos.

Si bien la Comisión revisó sus normas sobre la creación y el funcionamiento de grupos de expertos en 2016 a raíz de una investigación previa del Defensor del Pueblo, la sociedad civil y el mundo académico han expresado su preocupación por la forma en que la Comisión aplica las nuevas normas. La consulta pública del Defensor del Pueblo sobre la transparencia y la participación en la toma de decisiones de la UE relacionadas con el medio ambiente también indicó posibles problemas con la aplicación de las normas.

Como primer paso de la investigación, el Defensor del Pueblo envió una serie de preguntas a la Comisión. Se centran en cuestiones como la forma en que la Comisión garantiza que la información pública sobre los grupos de expertos sea significativa y esté actualizada y si la Comisión estudiaría la posibilidad de racionalizar el acceso a la información (por ejemplo, mediante la creación de un portal único de búsqueda de documentos de grupos de expertos). El Defensor del Pueblo también preguntó a la Comisión cómo deciden los distintos grupos de expertos si sus deliberaciones deben ser públicas y qué incentivos ofrece para fomentar una mayor apertura en torno a las actividades de los grupos de expertos.

El Defensor del Pueblo ha pedido a la Comisión que responda a más tardar el 15 de octubre de 2024.