El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos en poder de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) relativos a las condiciones para los menores no acompañados en las instalaciones para refugiados financiadas por la UE en Grecia. La AAUE determinó que 53 documentos entraban en el ámbito de aplicación de la solicitud y concedió acceso parcial a todos ellos. Al denegar el pleno acceso, la EUAA invocó varias excepciones al derecho de acceso del público a los documentos, basadas en la protección de la privacidad y la integridad de las personas, su proceso de toma de decisiones y el interés público en lo que respecta a la seguridad pública. En particular, la AAUE alegó que los documentos solicitados contienen información sensible sobre las personas que se alojan en instalaciones específicas e información preliminar sobre la situación en estas instalaciones, facilitada por las autoridades nacionales con carácter confidencial. La divulgación de esta última información podría socavar la confianza de estas autoridades en la AAUE y, en consecuencia, en los procesos de toma de decisiones de la AAUE y en la seguridad pública.

Insatisfecho con esta respuesta y las expurgaciones aplicadas, el demandante recurrió al Defensor del Pueblo.

El equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó las versiones no expurgadas de los documentos solicitados y debatió las expurgaciones aplicadas con los representantes de la EUAA. Sobre esta base, el Defensor del Pueblo aceptó los argumentos de la EUAA sobre la necesidad de proteger la privacidad y la integridad de las personas especialmente vulnerables que se alojan en instalaciones específicas. También reconoció el amplio margen de apreciación de la EUAA a la hora de aplicar la excepción relativa a la seguridad pública, que podría verse afectada negativamente si la EUAA divulgase información confidencial compartida por las autoridades nacionales, disuadiéndolas de cooperar estrechamente con la EUAA y su personal desplegado. Además, habida cuenta de las delicadas condiciones de trabajo del personal de la EUAA desplegado para ayudar a las autoridades nacionales, el Defensor del Pueblo consideró que la EUAA podía tratar razonablemente de proteger las observaciones de su personal relativas a instalaciones específicas, sobre la base de la excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones de la EUAA.

Dicho esto, el Defensor del Pueblo no estaba del todo convencido de todas las justificaciones de la EUAA en relación con las expurgaciones aplicadas y su coherencia. Sin embargo, dado el amplio acceso parcial que la AAUE ya había concedido a los documentos solicitados, el Defensor del Pueblo consideró que no estaban justificadas nuevas investigaciones sobre esta reclamación. Por lo tanto, cerró el caso y formuló una sugerencia de mejora.

 

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a «tarjetas modelo» relacionadas con las herramientas de inteligencia artificial (IA) de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Las tarjetas modelo contienen información sobre el uso previsto de las herramientas de IA y sus evaluaciones. Europol identificó cuatro documentos que entran en el ámbito de aplicación de la solicitud. Denegó el acceso a tres documentos en su totalidad y dio acceso parcial al documento restante. Al hacerlo, Europol se basó en la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a la seguridad pública.

El equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó los documentos en cuestión y se reunió con representantes de Europol. Sobre esta base y teniendo en cuenta el amplio margen de discrecionalidad del que gozan las instituciones y agencias de la UE cuando consideran que la seguridad pública está en peligro, el Defensor del Pueblo consideró que la decisión de Europol de denegar el acceso público (pleno) no era manifiestamente errónea. Dado que el interés público en cuestión no puede ser sustituido por otro interés público que se considere más importante, la Defensora del Pueblo archivó la investigación y constató que no había mala administración.

Sin embargo, la Defensora del Pueblo consideró que las explicaciones facilitadas por Europol a la reclamante sobre por qué debía denegarse el acceso (pleno) a estos documentos podrían haber sido más específicas, y se refirió a una sugerencia previa de mejora que hizo a este respecto. 

 

El denunciante solicitó a la Comisión Europea acceso público a los documentos relativos a sus intercambios con el Gobierno húngaro sobre la independencia judicial en el contexto de la evaluación de la Comisión sobre la elegibilidad de Hungría para los fondos de cohesión. Tras consultar a las autoridades húngaras, la Comisión denegó el acceso a algunos de los documentos, invocando dos excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos. Más concretamente, la Comisión alegó que la divulgación socavaría el objetivo de su investigación en lo que respecta a la elegibilidad de Hungría para los fondos de cohesión y su proceso de toma de decisiones. El denunciante pidió a la Comisión que revisara su decisión (mediante una «solicitud confirmatoria»). Cuando la Comisión no respondió dentro de los plazos aplicables, el demandante recurrió al Defensor del Pueblo.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la negativa implícita de la Comisión a conceder acceso público a los documentos solicitados. Durante la investigación del Defensor del Pueblo, la Comisión adoptó su decisión confirmatoria. Mantuvo su decisión de denegar el acceso, pero invocó una excepción adicional, alegando que el Parlamento Europeo había iniciado procedimientos judiciales sobre el asunto mientras tanto, y que la divulgación podría socavar estos procedimientos en curso.

La inspección del Defensor del Pueblo puso de manifiesto que los documentos solicitados contenían la autoevaluación de Hungría, cuestionarios formales enviados por la Comisión a las autoridades húngaras y las respuestas oficiales de las autoridades húngaras competentes a dichas preguntas. Así pues, los documentos solicitados constituyen la base de la decisión de la Comisión contra la que el Parlamento incoó un procedimiento judicial. No fueron elaborados a efectos de los procedimientos judiciales específicos, ni contienen posiciones jurídicas internas sobre cuestiones contenciosas en todo momento.

El Defensor del Pueblo consideró que la Comisión no había demostrado suficientemente cómo la divulgación de los documentos podría socavar los procedimientos judiciales en cuestión. La Defensora del Pueblo tampoco estaba convencida por el argumento de la Comisión de que la divulgación podría socavar su investigación. Además, el Defensor del Pueblo subrayó la importancia de informar al público sobre las acciones de la Comisión y de las autoridades húngaras para proteger los intereses financieros de la UE y garantizar el respeto del Estado de Derecho. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo consideró que la negativa de la Comisión a conceder un amplio acceso público a los documentos solicitados constituía una mala administración y recomendó que la Comisión reconsiderara su posición sobre la solicitud de acceso.

En respuesta, la Comisión confirmó su posición de que la divulgación de los documentos solicitados socavaría la serenidad de los procedimientos judiciales incoados por el Parlamento y su investigación en lo que respecta a la elegibilidad de Hungría para los fondos de cohesión. Sin embargo, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión no proporcionó explicaciones convincentes de por qué no se podía dar un acceso más amplio a estos documentos. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo confirmó su constatación de mala administración y archivó el caso.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público al dictamen motivado que la Comisión Europea envió a Bélgica en el contexto de un procedimiento de infracción relativo a su transposición de la Directiva sobre protección de denunciantes.

La Comisión denegó el acceso al documento, que forma parte del expediente de un procedimiento de infracción en curso. Para ello, la Comisión se basó en una presunción general de no divulgación, basada en la necesidad de proteger el objetivo de una investigación en curso. Insatisfecho con este resultado, el demandante recurrió al Defensor del Pueblo.

Si bien la Defensora del Pueblo consideró que una protección adecuada de los denunciantes de irregularidades es esencial, consideró, sobre la base de la inspección del documento en cuestión, que la Comisión podía basarse justificadamente en la presunción general de no divulgación para denegar el acceso al documento. Por consiguiente, archivó el asunto.

El asunto se refería a la negativa de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) a dar acceso público a documentos relacionados con una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por faltas cometidas por uno de sus miembros del personal. Al denegar el acceso, la ENISA se basó en una excepción en virtud de la legislación de la Unión sobre el acceso del público a los documentos, alegando que la divulgación socavaría la necesidad de proteger la privacidad y la integridad de las personas mencionadas en los documentos, incluida la persona afectada por la investigación de la OLAF.

El Defensor del Pueblo constató que el reclamante no había establecido la necesidad de divulgar los datos personales en aras del interés público, tal como exige la legislación de la UE en materia de protección de datos. Por lo tanto, la ENISA estaba justificada al negarse a divulgar los datos personales contenidos en los documentos controvertidos. Sin embargo, basándose en las alegaciones formuladas por la ENISA, el Defensor del Pueblo no estaba convencido de que los documentos controvertidos constituyeran datos personales en su totalidad. Por consiguiente, propone que la ENISA reconsidere su posición de que el acceso a los documentos debe denegarse en su totalidad.

En respuesta, la ENISA llevó a cabo una nueva evaluación de los documentos controvertidos. Sobre esta base, mantuvo su posición de que los documentos contienen datos personales en su totalidad y, por lo tanto, de que no podía concederse acceso público. A la luz de la información adicional que la ENISA facilitó en esa fase, el Defensor del Pueblo aceptó que podía considerarse razonablemente que los documentos constituían datos personales en su totalidad. Por consiguiente, dio por concluida su investigación y constató que ENISA había aceptado la propuesta de solución. No obstante, el Defensor del Pueblo sugirió que ENISA, como cuestión de buena administración, facilitara al solicitante una lista de los documentos que identifica al tramitar una solicitud de acceso público a los documentos.