El asunto se refería a una solicitud de acceso público a «tarjetas modelo» relacionadas con las herramientas de inteligencia artificial (IA) de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Las tarjetas modelo contienen información sobre el uso previsto de las herramientas de IA y sus evaluaciones. Europol identificó cuatro documentos que entran en el ámbito de aplicación de la solicitud. Denegó el acceso a tres documentos en su totalidad y dio acceso parcial al documento restante. Al hacerlo, Europol se basó en la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a la seguridad pública.

El equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó los documentos en cuestión y se reunió con representantes de Europol. Sobre esta base y teniendo en cuenta el amplio margen de discrecionalidad del que gozan las instituciones y agencias de la UE cuando consideran que la seguridad pública está en peligro, el Defensor del Pueblo consideró que la decisión de Europol de denegar el acceso público (pleno) no era manifiestamente errónea. Dado que el interés público en cuestión no puede ser sustituido por otro interés público que se considere más importante, la Defensora del Pueblo archivó la investigación y constató que no había mala administración.

Sin embargo, la Defensora del Pueblo consideró que las explicaciones facilitadas por Europol a la reclamante sobre por qué debía denegarse el acceso (pleno) a estos documentos podrían haber sido más específicas, y se refirió a una sugerencia previa de mejora que hizo a este respecto. 

 

El denunciante solicitó a la Comisión Europea acceso público a los documentos relativos a sus intercambios con el Gobierno húngaro sobre la independencia judicial en el contexto de la evaluación de la Comisión sobre la elegibilidad de Hungría para los fondos de cohesión. Tras consultar a las autoridades húngaras, la Comisión denegó el acceso a algunos de los documentos, invocando dos excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos. Más concretamente, la Comisión alegó que la divulgación socavaría el objetivo de su investigación en lo que respecta a la elegibilidad de Hungría para los fondos de cohesión y su proceso de toma de decisiones. El denunciante pidió a la Comisión que revisara su decisión (mediante una «solicitud confirmatoria»). Cuando la Comisión no respondió dentro de los plazos aplicables, el demandante recurrió al Defensor del Pueblo.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la negativa implícita de la Comisión a conceder acceso público a los documentos solicitados. Durante la investigación del Defensor del Pueblo, la Comisión adoptó su decisión confirmatoria. Mantuvo su decisión de denegar el acceso, pero invocó una excepción adicional, alegando que el Parlamento Europeo había iniciado procedimientos judiciales sobre el asunto mientras tanto, y que la divulgación podría socavar estos procedimientos en curso.

La inspección del Defensor del Pueblo puso de manifiesto que los documentos solicitados contenían la autoevaluación de Hungría, cuestionarios formales enviados por la Comisión a las autoridades húngaras y las respuestas oficiales de las autoridades húngaras competentes a dichas preguntas. Así pues, los documentos solicitados constituyen la base de la decisión de la Comisión contra la que el Parlamento incoó un procedimiento judicial. No fueron elaborados a efectos de los procedimientos judiciales específicos, ni contienen posiciones jurídicas internas sobre cuestiones contenciosas en todo momento.

El Defensor del Pueblo consideró que la Comisión no había demostrado suficientemente cómo la divulgación de los documentos podría socavar los procedimientos judiciales en cuestión. La Defensora del Pueblo tampoco estaba convencida por el argumento de la Comisión de que la divulgación podría socavar su investigación. Además, el Defensor del Pueblo subrayó la importancia de informar al público sobre las acciones de la Comisión y de las autoridades húngaras para proteger los intereses financieros de la UE y garantizar el respeto del Estado de Derecho. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo consideró que la negativa de la Comisión a conceder un amplio acceso público a los documentos solicitados constituía una mala administración y recomendó que la Comisión reconsiderara su posición sobre la solicitud de acceso.

En respuesta, la Comisión confirmó su posición de que la divulgación de los documentos solicitados socavaría la serenidad de los procedimientos judiciales incoados por el Parlamento y su investigación en lo que respecta a la elegibilidad de Hungría para los fondos de cohesión. Sin embargo, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión no proporcionó explicaciones convincentes de por qué no se podía dar un acceso más amplio a estos documentos. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo confirmó su constatación de mala administración y archivó el caso.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público al dictamen motivado que la Comisión Europea envió a Bélgica en el contexto de un procedimiento de infracción relativo a su transposición de la Directiva sobre protección de denunciantes.

La Comisión denegó el acceso al documento, que forma parte del expediente de un procedimiento de infracción en curso. Para ello, la Comisión se basó en una presunción general de no divulgación, basada en la necesidad de proteger el objetivo de una investigación en curso. Insatisfecho con este resultado, el demandante recurrió al Defensor del Pueblo.

Si bien la Defensora del Pueblo consideró que una protección adecuada de los denunciantes de irregularidades es esencial, consideró, sobre la base de la inspección del documento en cuestión, que la Comisión podía basarse justificadamente en la presunción general de no divulgación para denegar el acceso al documento. Por consiguiente, archivó el asunto.

El asunto se refería a la falta de respuesta sustantiva de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) a una reclamación administrativa relacionada con acusaciones de acoso e irregularidades formuladas por un funcionario del Cuerpo Permanente de la categoría 2.

El reclamante presentó la reclamación administrativa ante Frontex en marzo de 2023. Frontex respondió que, contrariamente a la información previa que había facilitado al denunciante, este no tenía derecho a presentar tal denuncia. Por consiguiente, no recibiría una respuesta sustantiva. Sin embargo, en el curso de la investigación de la Defensora del Pueblo, Frontex dijo que proporcionaría una respuesta sustantiva general al reclamante a más tardar en noviembre de 2024. Frontex proporcionó esta respuesta al reclamante únicamente en diciembre de 2025. El Defensor del Pueblo constató que la información incoherente facilitada al demandante y el atroz retraso en la respuesta a la reclamación constituyen mala administración. Sin embargo, el Defensor del Pueblo no consideró necesario formular una recomendación, dado que Frontex ha proporcionado ahora una respuesta sustantiva al reclamante.

Además, la investigación de la Defensora del Pueblo puso de manifiesto la ausencia de un mecanismo eficaz de reclamación y recurso para los funcionarios de categoría 2, como en situaciones de acoso en Frontex. La Defensora del Pueblo llegó a la conclusión de que se trata de una cuestión sistémica que también constituye mala administración.

El Defensor del Pueblo recomendó que el Consejo de Administración de Frontex introdujera un mecanismo eficaz de reclamación y recurso en la próxima revisión del marco jurídico para los funcionarios de categoría 2.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a una carta de emplazamiento en un procedimiento de infracción relacionado con sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector público español. La Comisión denegó el acceso a la carta, alegando que forma parte de un procedimiento de infracción en curso, para el que existe una presunción general de no divulgación. La Comisión consideró que el reclamante no había demostrado la existencia de un interés público superior que justificara la divulgación. A raíz de su disconformidad con esta decisión, el reclamante recurrió a la Defensora del Pueblo.

El equipo de investigación de la Defensora del Pueblo inspeccionó el documento en cuestión y confirmó que forma parte del expediente administrativo de un procedimiento de infracción en curso. Sobre esta base, la Defensora del Pueblo consideró que la Comisión había actuado correctamente al respaldarse en la presunción general de no divulgación para denegar el acceso a la carta de emplazamiento. También estimó razonable que la Comisión considerara que el reclamante no había presentado argumentos suficientes para demostrar la existencia de un interés público superior en la divulgación. Por consiguiente, archivó el asunto sin haber detectado una mala administración.

En marzo de 2024, el reclamante solicitó a la Comisión Europea acceso público a documentos relacionados con su reevaluación de 2023 de la aplicación del «procedimiento del Estado de Derecho» en Hungría (sobre la base del Reglamento sobre condicionalidad). La Comisión señaló que cuatro informes trimestrales y varios intercambios entre Hungría y la Comisión entraban en el ámbito de aplicación de la solicitud, pero denegó el acceso a todos los documentos. Al denegar el acceso, invocó excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, alegando que la divulgación podría socavar el objetivo de una investigación y su proceso de toma de decisiones en curso en virtud del Reglamento sobre condicionalidad.

El denunciante pidió a la Comisión que revisara su posición (mediante una «solicitud confirmatoria») en abril de 2024. Dado que la Comisión no respondió a la solicitud confirmatoria del reclamante dentro del plazo aplicable, el reclamante recurrió al Defensor del Pueblo en junio de 2024.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la falta de respuesta de la Comisión a la solicitud confirmatoria del reclamante y pidió a la Comisión que respondiera lo antes posible. La Comisión respondió al denunciante en diciembre de 2025, es decir, más de diecinueve meses después de presentar la solicitud confirmatoria.

Dado que la Comisión respondió a la solicitud confirmatoria del reclamante, el Defensor del Pueblo archivó este asunto. Sin embargo, criticó inequívocamente el importante retraso en que incurrió la Comisión para responder a la solicitud del reclamante y recordó a la Comisión que debía abordar urgentemente la cuestión de los retrasos en la tramitación de las solicitudes de acceso público a los documentos.

El asunto se refería a la negativa del Parlamento Europeo a dar acceso público a un documento relacionado con casos de robos y robos que se produjeron en los locales del Parlamento en el transcurso de 2020. Para denegar el acceso, el Parlamento se basó en una excepción establecida en la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, alegando que la divulgación del documento socavaría el interés público en lo que respecta a la seguridad pública.

Sobre la base de la inspección del documento y tras una reunión de su equipo de investigación con representantes del Parlamento, la Defensora del Pueblo constató que el Parlamento no había demostrado cómo la divulgación de partes del documento podía socavar concreta y efectivamente el interés invocado. Así pues, presentó una propuesta de solución para que el Parlamento considerara la posibilidad de facilitar al menos un acceso parcial al documento.

El Parlamento aceptó la propuesta de solución del Defensor del Pueblo y dio acceso parcial al documento. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta positiva del Parlamento a su propuesta de solución y dio por concluida la investigación.

Los dos casos se refieren a la negativa de Europol a conceder acceso público a documentos relativos a sus herramientas digitales para analizar imágenes y vídeos, sentimiento textual, información de código abierto y reconocimiento de rostros. Los documentos controvertidos son un «documento de inicio de un proyecto de investigación», «evaluaciones de impacto sobre la protección de datos» y dictámenes conexos del agente de derechos fundamentales de Europol. Al denegar el acceso público a estos documentos, Europol hizo referencia a varias excepciones al acceso público, incluida la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a la seguridad pública. Consideró que la divulgación de los documentos solicitados proporcionaría información a los delincuentes sobre sus capacidades técnicas, socavando así la eficacia de sus operaciones.

Sobre la base de una inspección de los documentos solicitados por su equipo de investigación, la Defensora del Pueblo presentó una propuesta de solución en el asunto 1192/2024/MIK, en la que pedía a Europol que diera acceso parcial. Europol aceptó esta propuesta y concedió acceso parcial al «documento de inicio del proyecto de investigación». Además, en el asunto 841/2025/MIK, Europol aplicó el mismo enfoque propuesto por el Defensor del Pueblo en el asunto paralelo y concedió acceso parcial a varios dictámenes de su agente de derechos fundamentales.

Aunque Europol no dio acceso a las evaluaciones de impacto sobre la protección de datos ni a la información expurgada sobre las funcionalidades de las herramientas, el Defensor del Pueblo consideró que ya se había concedido un acceso público significativo en estos casos. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consideró que Europol había aceptado su solución. No obstante, el Defensor del Pueblo sugirió que, en futuros casos, Europol examinara con mayor profundidad si las «evaluaciones de impacto de la protección de datos» y otros documentos relativos a herramientas digitales similares contienen información no sensible que pueda divulgarse al público. El Defensor del Pueblo seguirá supervisando esta cuestión en el contexto de futuras reclamaciones.