La Defensora del Pueblo ha formulado una serie de sugerencias para ayudar a la Comisión Europea a garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en relación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), un programa de financiación de más de 700 000 millones EUR destinado a ayudar a la economía de la UE a recuperarse de la pandemia de COVID-19 y de los efectos socioeconómicos de la invasión rusa de Ucrania.

Si bien la Defensora del Pueblo acogió con satisfacción las medidas adoptadas recientemente por la Comisión, como proporcionar más información a través de su sitio web específico sobre el MRR y exigir a los Estados miembros de la UE que creen portales públicos fáciles de usar que contengan datos sobre los principales perceptores de financiación, dijo que todavía había margen de mejora.

Sus sugerencias incluyen pedir a la Comisión que garantice que los Estados miembros que aún no han creado portales públicos lo hagan y pedir a la Comisión que anime a los Estados miembros a publicar a todos los beneficiarios de los fondos. También le pide que siga publicando evaluaciones preliminares de las solicitudes de pago de los Estados miembros, que publique traducciones automáticas de los planes nacionales de recuperación y que mejore la forma en que gestiona el acceso a las solicitudes de documentos.

El Defensor del Pueblo consideró lamentable la falta de detalles sobre la forma en que la Comisión supervisa el gasto de los fondos de recuperación en los Estados miembros. Dijo que seguiría supervisando la forma en que la Comisión supervisa el MRR y garantiza la transparencia.

Antecedentes

Dado el tamaño y el alcance sin precedentes del MRR, la Defensora del Pueblo ha hecho hincapié en la importancia de facilitar información accesible sobre los préstamos y subvenciones que apoya. En particular, señala que debe garantizarse al público que los Estados miembros cumplen todas las condiciones asociadas a la financiación que reciben.

La Oficina del Defensor del Pueblo, en cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha publicado un conjunto de principios de buenas prácticas para ayudar a garantizar la transparencia en la forma en que se utilizan los fondos.

El Defensor del Pueblo también ha pedido anteriormente a la Comisión que trate las solicitudes de acceso a documentos relativos a los fondos con mayor coherencia y que explique mejor su razonamiento si decide no divulgar la información solicitada.