El asunto se refería a la negativa de la REA a dar acceso parcial a una carta que la REA había enviado a un beneficiario en relación con la recuperación de la financiación. Para denegar el acceso, la REA se basó en la protección de los intereses comerciales de un tercero.

Sobre la base de la inspección del documento controvertido, el Defensor del Pueblo no estaba convencido de la alegación de la REA de que el acceso parcial perjudicaría gravemente la protección de los intereses comerciales. La Defensora del Pueblo presentó una propuesta de solución en la que pedía a la AEI que reconsiderara su posición sobre la solicitud, con vistas a conceder un amplio acceso parcial al documento en cuestión.

La REA aceptó la propuesta de solución del Defensor del Pueblo y proporcionó al reclamante un amplio acceso parcial al documento. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta positiva de la REA a su propuesta de solución, que resolvió la reclamación.

El denunciante solicitó a la Comisión Europea acceso público a los documentos relativos a sus intercambios con el Gobierno húngaro sobre la independencia judicial en el contexto de la evaluación de la Comisión sobre la admisibilidad de Hungría para los fondos de cohesión. Tras consultar a las autoridades húngaras, la Comisión denegó el acceso a algunos de los documentos, invocando dos excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos. Más concretamente, la Comisión alegó que la divulgación socavaría el objetivo de su investigación en lo que respecta a la admisibilidad de Hungría para los fondos de cohesión y su proceso de toma de decisiones. El denunciante pidió a la Comisión que revisara su decisión (presentando una «solicitud confirmatoria»). Cuando la Comisión no respondió dentro de los plazos aplicables, el demandante se dirigió al Defensor del Pueblo.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la negativa implícita de la Comisión a conceder acceso público a los documentos solicitados. Durante la investigación del Defensor del Pueblo, la Comisión adoptó su decisión confirmatoria. Mantuvo su decisión de denegar el acceso, pero invocó una excepción adicional, alegando que el Parlamento Europeo había incoado entretanto procedimientos judiciales sobre el asunto, y que la divulgación podría socavar estos procedimientos en curso.

La inspección del Defensor del Pueblo puso de manifiesto que los documentos solicitados contienen la autoevaluación de Hungría, los cuestionarios formales enviados por la Comisión a las autoridades húngaras y las respuestas oficiales de las autoridades húngaras pertinentes a dichas preguntas. Así pues, los documentos solicitados constituyen la base de la decisión de la Comisión contra la que el Parlamento inició un procedimiento judicial. No se elaboraron a efectos de los procedimientos judiciales específicos, ni contienen posiciones jurídicas internas sobre cuestiones contenciosas a lo largo de todo el proceso.

El Defensor del Pueblo consideró que la Comisión no había demostrado suficientemente de qué manera la divulgación de los documentos podía perjudicar el procedimiento judicial en cuestión. La Defensora del Pueblo tampoco estaba convencida por el argumento de la Comisión de que la divulgación podría socavar su investigación. Además, el Defensor del Pueblo subrayó la importancia de informar al público de las acciones de la Comisión y de las autoridades húngaras para proteger los intereses financieros de la UE y garantizar el respeto del Estado de Derecho. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo consideró que la negativa de la Comisión a conceder un amplio acceso público a los documentos solicitados constituía mala administración y recomendó que la Comisión reconsiderara su posición sobre la solicitud de acceso.

En respuesta, la Comisión confirmó su posición de que la divulgación de los documentos solicitados socavaría la serenidad de los procedimientos judiciales incoados por el Parlamento y su investigación en lo que respecta a la admisibilidad de Hungría para los fondos de cohesión. Sin embargo, la Defensora del Pueblo constató que la Comisión no proporcionó explicaciones convincentes sobre por qué no se podía dar un acceso más amplio a estos documentos. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo confirmó su conclusión de mala administración y archivó el caso.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a un informe financiero en poder del Parlamento Europeo relativo al grupo político «Identidad y democracia» (ID), ahora disuelto. El Parlamento denegó el acceso al informe en su totalidad. Al hacerlo, invocó dos excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, alegando que la divulgación del informe socavaría la protección del objetivo de las investigaciones y auditorías y su propio proceso de toma de decisiones en curso.

El demandante pidió al Parlamento que revisara su decisión presentando una solicitud confirmatoria, alegando que existe un interés público superior imperioso en la divulgación, dado el uso de fondos públicos. El Parlamento mantuvo su negativa a divulgar el documento, añadiendo que el documento forma parte de una investigación en curso de la Fiscalía Europea sobre el presunto uso indebido de fondos por parte del Grupo ID. Insatisfecho con esta respuesta, el demandante se dirigió al Defensor del Pueblo.

El equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó el documento en cuestión. La inspección confirmó que el documento solicitado contiene una evaluación de las finanzas del grupo político. El Parlamento confirmó al Defensor del Pueblo que la investigación de la Fiscalía Europea seguía en curso. El Defensor del Pueblo consideró que estaba justificado que el Parlamento denegara el acceso al documento. Por lo tanto, dio por concluida la investigación con la constatación de que no se había producido mala administración.

En marzo de 2024, el reclamante solicitó a la Comisión Europea acceso público a documentos relacionados con su reevaluación de 2023 de la aplicación del «procedimiento del Estado de Derecho» en Hungría (sobre la base del Reglamento sobre condicionalidad). La Comisión señaló que cuatro informes trimestrales y varios intercambios entre Hungría y la Comisión entraban en el ámbito de aplicación de la solicitud, pero denegó el acceso a todos los documentos. Al denegar el acceso, invocó excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, alegando que la divulgación podría socavar el objetivo de una investigación y su proceso de toma de decisiones en curso en virtud del Reglamento sobre condicionalidad.

El denunciante pidió a la Comisión que revisara su posición (mediante una «solicitud confirmatoria») en abril de 2024. Dado que la Comisión no respondió a la solicitud confirmatoria del reclamante dentro del plazo aplicable, el reclamante recurrió al Defensor del Pueblo en junio de 2024.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la falta de respuesta de la Comisión a la solicitud confirmatoria del reclamante y pidió a la Comisión que respondiera lo antes posible. La Comisión respondió al denunciante en diciembre de 2025, es decir, más de diecinueve meses después de presentar la solicitud confirmatoria.

Dado que la Comisión respondió a la solicitud confirmatoria del reclamante, el Defensor del Pueblo archivó este asunto. Sin embargo, criticó inequívocamente el importante retraso en que incurrió la Comisión para responder a la solicitud del reclamante y recordó a la Comisión que debía abordar urgentemente la cuestión de los retrasos en la tramitación de las solicitudes de acceso público a los documentos.

El asunto se refería a la forma en que la Comisión Europea (Delegación de la UE en la Unión Africana) tramitó una solicitud de subvención y a las preocupaciones relativas a un posible conflicto de intereses.

El autor participó en una convocatoria de propuestas para un proyecto de apoyo a las capacidades electorales panafricanas. La Delegación rechazó la solicitud del reclamante porque solicitaba financiación de la UE por encima del porcentaje máximo permitido en la convocatoria. El denunciante alegó que se trataba de un error tipográfico y que la Delegación debería haber solicitado aclaraciones en lugar de rechazar su solicitud. El denunciante también alegó que un experto que había participado en el desarrollo del proyecto financiado en el marco de esta convocatoria trabajaba para una entidad que presentó una solicitud en el marco de la convocatoria.

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión, sobre la base de sus propias directrices internas, debería haber considerado el error del reclamante como un «error administrativo evidente» y pidió al reclamante aclaraciones o corrigió el error del reclamante. También constató que la Comisión no evaluó adecuadamente las alegaciones del denunciante de un posible conflicto de intereses. Estas dos deficiencias constituyeron una mala administración. Para ambas conclusiones, el Defensor del Pueblo consideró que no sería adecuado hacer las recomendaciones correspondientes, ya que entretanto ya se ha concedido la subvención. No obstante, formuló tres sugerencias encaminadas a evitar que se produjeran tales problemas en futuros casos similares.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos relacionados con la propuesta de la Comisión Europea de aplicar el «procedimiento del Estado de Derecho» en Hungría (propuesta de Decisión del Consejo basada en el Reglamento sobre condicionalidad). La Comisión identificó catorce documentos que entraban en el ámbito de aplicación de la solicitud y divulgó todos menos partes de tres documentos. Al denegar el acceso a estas partes, invocó dos excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso público a los documentos, alegando que la divulgación podría socavar los procedimientos judiciales en curso y su proceso de toma de decisiones.

El Defensor del Pueblo inició una investigación y trató de inspeccionar los documentos en cuestión. Su equipo de investigación se reunió dos veces con representantes de la Comisión para debatir el caso. Sobre la base de su investigación, la Defensora del Pueblo no estaba convencida de la aplicación de las dos excepciones al acceso público invocadas por la Comisión. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo presentó una propuesta de solución, en la que pedía a la Comisión que reconsiderara su posición sobre la solicitud, con vistas a aumentar el acceso del público.

La Comisión aceptó la propuesta de solución del Defensor del Pueblo y dio pleno acceso a los documentos solicitados. La Defensora del Pueblo dio por concluida la investigación y acogió con satisfacción la respuesta positiva de la Comisión.

El asunto se refería a la negativa del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a dar pleno acceso público a los documentos relacionados con las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre faltas cometidas por miembros del personal. Al denegar el acceso, el SEAE invocó una excepción en virtud de la legislación de la Unión en materia de acceso público a los documentos, alegando que la divulgación socavaría la necesidad de proteger la intimidad y la integridad de las personas mencionadas en los documentos, incluidas las personas afectadas por las investigaciones de la OLAF. Además, el SEAE expurgó los nombres de las empresas mencionadas en los documentos para proteger su reputación, dado que no habían sido objeto de las investigaciones de la OLAF.

La Defensora del Pueblo constató que el reclamante no había demostrado la necesidad de divulgar los datos personales en aras del interés público, tal como exige la legislación de la UE en materia de protección de datos. El Defensor del Pueblo también consideró que las limitadas expurgaciones de información comercial eran razonables y no pudo identificar ningún interés público superior a este respecto. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo llegó a la conclusión de que estaba justificado que el SEAE se negara a divulgar íntegramente los documentos en cuestión.

Así pues, la Defensora del Pueblo concluyó la investigación sobre la denegación de acceso sin constatar mala administración. Aunque el reclamante tampoco estaba satisfecho con la solución justa acordada con el SEAE, que significaba que el alcance de su solicitud de acceso se limitaba a 50 páginas, el Defensor del Pueblo consideró que no había más investigaciones justificadas, dado que, entretanto, el SEAE había comenzado a tramitar una nueva solicitud más amplia de acceso público a los documentos presentada por el reclamante.