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Decisión sobre la negativa del Parlamento Europeo a dar acceso público a su evaluación relativa al informe financiero final de un grupo político que se ha disuelto (asunto 3272/2025/NH)
Decisión
Caso 3272/2025/NH - Abierto el Miércoles | 19 noviembre 2025 - Decisión de Miércoles | 25 marzo 2026 - Institución concernida Parlamento Europeo ( No se constató mala administración ) - País Luxemburgo
Reclamación presentada
11/11/2025Análisis de la reclamación
11/11/2025Investigación en curso
19/11/2025Resultado de la investigación
25/03/2026
El asunto se refería a una solicitud de acceso público a un informe financiero en poder del Parlamento Europeo relativo al grupo político «Identidad y democracia» (ID), ahora disuelto. El Parlamento denegó el acceso al informe en su totalidad. Al hacerlo, invocó dos excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, alegando que la divulgación del informe socavaría la protección del objetivo de las investigaciones y auditorías y su propio proceso de toma de decisiones en curso.
El demandante pidió al Parlamento que revisara su decisión presentando una solicitud confirmatoria, alegando que existe un interés público superior imperioso en la divulgación, dado el uso de fondos públicos. El Parlamento mantuvo su negativa a divulgar el documento, añadiendo que el documento forma parte de una investigación en curso de la Fiscalía Europea sobre el presunto uso indebido de fondos por parte del Grupo ID. Insatisfecho con esta respuesta, el demandante se dirigió al Defensor del Pueblo.
El equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó el documento en cuestión. La inspección confirmó que el documento solicitado contiene una evaluación de las finanzas del grupo político. El Parlamento confirmó al Defensor del Pueblo que la investigación de la Fiscalía Europea seguía en curso. El Defensor del Pueblo consideró que estaba justificado que el Parlamento denegara el acceso al documento. Por lo tanto, dio por concluida la investigación con la constatación de que no se había producido mala administración.
Antecedentes de la denuncia
1. Los grupos políticos del Parlamento Europeo son alianzas de diputados al Parlamento Europeo organizadas por afinidad ideológica y no por nacionalidad. Estos grupos reciben fondos y espacio de oficina para su trabajo.[1]
2. Entre 2019 y 2024, uno de los grupos políticos del Parlamento fue el Grupo «Identidad y Democracia». El Grupo ID se disolvió el 8 de julio de 2024, y muchos de sus miembros se incorporaron posteriormente al grupo político «Patriots for Europe».
3. En julio de 2025, los medios de comunicación informaron sobre una auditoría parlamentaria interna filtrada en la que se alegaba que el Grupo ID había financiado ilegalmente organizaciones dentro de la UE. Según los informes de los medios de comunicación, la Fiscalía Europea abrió una investigación sobre el presunto uso indebido de fondos por parte del Grupo ID.
4. El 3 de julio de 2025, el denunciante, un periodista, presentó al Parlamento Europeo una solicitud de acceso público a documentos [2]. Solicita acceso al «informe de auditoría de la administración del Parlamento sobre el gasto del Grupo ID», haciendo referencia a los artículos de los medios de comunicación sobre dicho informe [3].
5. El Parlamento adoptó su decisión inicial sobre la solicitud en agosto de 2025. En él se identificaba un documento pertinente, titulado «Evaluación final de la administración». Denegó el acceso en su totalidad, basándose en la necesidad de proteger el objetivo de las inspecciones, investigaciones y auditorías y el proceso de toma de decisiones en curso del Parlamento [4].
6. El demandante pidió al Parlamento que revisara su posición (presentando una «solicitud confirmatoria»), impugnando la no divulgación del documento. El Parlamento adoptó su decisión confirmatoria en octubre de 2025, en la que confirmaba la denegación de acceso. Alegó que la divulgación del documento no era posible porque estaba cubierto por una investigación en curso de la Fiscalía Europea sobre las finanzas del Grupo ID.
7. Insatisfecho con la negativa del Parlamento, el reclamante presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo en noviembre de 2025.
La investigación
8. La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la negativa del Parlamento Europeo a dar acceso público al documento en cuestión.
9. Durante la investigación, el equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó una copia del documento y, posteriormente, recibió las opiniones adicionales del Parlamento sobre la reclamación.
Argumentos presentados al Defensor del Pueblo
Por el denunciante
10. En su solicitud confirmatoria, la denunciante alegó que la divulgación del documento solicitado reviste un interés público superior. Se basó, en esencia, en los siguientes elementos:
- El acceso a la información sobre un posible uso indebido de los fondos públicos es un elemento fundamental de la supervisión democrática y permite a los ciudadanos participar más estrechamente en el proceso de toma de decisiones.
- Existe un interés público en conocer lo que describió como un historial de mala conducta financiera por parte de miembros clave del Grupo ID, mencionando en particular condenas anteriores en Francia relacionadas con el uso indebido de los fondos del Parlamento Europeo.
- El público debe poder comprender cómo detectó el equipo de auditoría interna del Parlamento las irregularidades financieras que dieron lugar a la investigación de la Fiscalía Europea. Esto restablecería la confianza del público en la institución.
- La prensa alemana ya informó y describió partes del documento después de una filtración. El denunciante alegó que la información no es intrínsecamente confidencial, ya que la divulgación parcial se había producido sin perjuicio aparente de los intereses que las excepciones pretenden proteger.
11. También alegó que el razonamiento del Parlamento era insuficiente; debería haber llevado a cabo un análisis concreto, sección por sección, del documento. El demandante también alegó que el Parlamento no había examinado adecuadamente la posibilidad de conceder un acceso parcial.
12. En su reclamación al Defensor del Pueblo, la demandante añadió que los argumentos del Parlamento contenían contradicciones: Al mismo tiempo, afirmó que el documento se encuentra en el "núcleo" de su toma de decisiones, mientras que lo describe como que contiene "solo un primer paso preliminar" con "resultados preliminares". El Parlamento, dijo, no explicó cómo la transparencia sobre una evaluación financiera preliminar de un grupo político disuelto afectaría seriamente las deliberaciones en curso.
Por el Parlamento
13. En su decisión inicial, el Parlamento alegó que el documento contiene una evaluación interna del informe financiero final del Grupo ID, incluidas las conclusiones y el seguimiento propuesto, realizada para verificar el cumplimiento de las normas internas. Consideró que la divulgación en tales circunstancias interferiría necesariamente con las actividades de seguimiento pendientes y socavaría fundamentalmente el ejercicio de verificación. Así pues, el Parlamento denegó el acceso sobre la base de la excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría [5].
14. Además, el Parlamento declaró que aún no había adoptado una decisión definitiva sobre la utilización de los fondos en cuestión. Consideró que la divulgación en esa fase pondría en peligro la integridad y la eficacia de su proceso de toma de decisiones en curso [6] al revelar información y opiniones internas preliminares y exponer las deliberaciones internas a interpretaciones erróneas e influencias externas indebidas.
15. En su decisión confirmatoria, el Parlamento alegó además que el documento forma parte de una investigación en curso de la Fiscalía Europea sobre las finanzas del Grupo ID. El Parlamento se refirió a la jurisprudencia según la cual los documentos relativos a las investigaciones siguen estando cubiertos por la excepción para las inspecciones, investigaciones y auditorías mientras la investigación esté en curso, si su divulgación pudiera poner en peligro el objetivo de dicha investigación.[7] Considera que existe un riesgo claro y concreto de que la divulgación pública de un documento que forme parte de una investigación en curso de la Fiscalía Europea socave la realización y finalización efectivas de dicha investigación y, por tanto, su finalidad y objetivos, en particular al permitir que terceros interfieran en los procedimientos que la Fiscalía Europea está llevando a cabo o puede decidir llevar a cabo como parte de la investigación.
16. El Parlamento también explicó que el documento contiene una evaluación interna por parte de la administración en relación con el informe financiero final del Grupo ID disuelto para el período comprendido entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2024. La evaluación se preparó en el contexto del procedimiento para determinar la responsabilidad de la preparación, verificación y cierre de las cuentas definitivas de los grupos políticos disueltos [8].
17. El Parlamento declaró que su evaluación interna aún está en curso y que aún no se ha adoptado una decisión definitiva en el marco de dicho procedimiento. El documento identificado, dijo el Parlamento, representa solo un primer paso preliminar en este proceso. Consideró que la divulgación del documento en esta fase socavaría previsiblemente el objetivo de dicha evaluación.
18. El Parlamento reconoce que existe un interés público en la transparencia en relación con el uso de los fondos públicos. Sin embargo, consideró que las consideraciones generales sobre el derecho del público a ser informado no son suficientes para establecer un interés público superior que prevalezca sobre las razones que justifican la denegación.[9] En opinión del Parlamento, la transparencia del procedimiento está garantizada por la opinión de la Comisión de Control Presupuestario, que está a disposición del público. Además, los procedimientos en curso sirven a los intereses públicos invocados por el denunciante.
19. El Parlamento afirma que el acceso parcial al documento no es posible. Explicó que el hecho de que el contenido de un documento pueda haber sido denunciado o filtrado a la prensa no impide que una institución se base en las excepciones del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 [10].
20. En sus opiniones adicionales al Defensor del Pueblo, el Parlamento aportó más aclaraciones sobre la protección de la investigación en curso de la Fiscalía Europea. Se refirió a las normas aplicables a la Fiscalía Europea [11], que establecen que la obligación de confidencialidad se aplica a toda la información recibida por la Fiscalía Europea, a menos que dicha información ya se haya hecho pública legalmente. El Parlamento también aclaró que su evaluación, junto con el informe financiero y el informe de auditoría presentados por el Grupo, se transmitió a la Comisión de Control Presupuestario para que emitiera su opinión, que se presentó el 4 de septiembre de 2025 [12].
Evaluación del Defensor del Pueblo
Excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría: artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001
21. Al denegar el acceso al documento controvertido, el Parlamento se basó, en particular, en una excepción del Reglamento n.o 1049/2001 que permite a las instituciones denegar el acceso cuando la divulgación suponga un perjuicio para la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría, a menos que exista un interés público superior en la divulgación.
22. El Parlamento explicó, en esencia, que la divulgación del documento socavaría el objetivo tanto de i) una investigación de la Fiscalía Europea como de ii) una auditoría interna relacionada con la verificación llevada a cabo por la administración del Parlamento.
23. En primer lugar, el Parlamento señaló que el documento controvertido forma parte de una investigación de la Fiscalía Europea sobre las finanzas del Grupo ID. En respuesta a una pregunta adicional del equipo de investigación del Defensor del Pueblo, el Parlamento confirmó que la investigación de la Fiscalía Europea está en curso. El hecho de que la Fiscalía Europea haya abierto una investigación sobre la presunta conducta financiera indebida del Grupo ID ha sido ampliamente divulgado en la prensa, con referencia a una declaración de un portavoz de la Fiscalía Europea [13]. Las investigaciones de la Fiscalía Europea están sujetas a estrictas normas de confidencialidad y a un régimen de transparencia diferente que excluye el acceso público a los expedientes de la Fiscalía Europea [14].
24. En vista de lo anterior, la Defensora del Pueblo considera que era razonable que el Parlamento considerara que la divulgación del documento podría socavar el objetivo de la investigación en curso de la Fiscalía Europea, tanto al revelar información recopilada por la Fiscalía Europea como al influir potencialmente en el desarrollo de la investigación.
25. En segundo lugar, el Parlamento alegó que la divulgación del documento también socavaría el objetivo de su propio procedimiento de verificación interna relativo a las cuentas definitivas del Grupo ID. Recordó que la excepción invocada no tiene por objeto proteger las auditorías como tales, sino su finalidad [15].
26. La inspección del documento llevada a cabo por el equipo de investigación del Defensor del Pueblo confirmó que el documento controvertido contiene la evaluación interna del Parlamento elaborada en el marco del procedimiento que regula las cuentas definitivas de los grupos políticos disueltos.
27. El Defensor del Pueblo considera que el Parlamento podría concluir razonablemente que la divulgación del documento solicitado en esta fase socavaría su procedimiento de verificación en curso.
28. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo considera que el Parlamento podía invocar la excepción relativa a la protección del objetivo de las inspecciones, investigaciones y auditorías para denegar el acceso al documento.
29. Dado que la Defensora del Pueblo consideró justificada la confianza del Parlamento en la necesidad de proteger el objetivo de las inspecciones, investigaciones y auditorías, no consideró necesario examinar el otro motivo de denegación presentado por el Parlamento, a saber, la excepción relativa a la protección de un proceso de toma de decisiones en curso.
Interés público superior
30. La excepción invocada por el Parlamento no se aplica cuando existe un interés público superior en la divulgación [16].
31. La Defensora del Pueblo reconoce que existe un interés público significativo en la transparencia en relación con el gasto de fondos públicos por parte de los grupos políticos, en particular cuando se han denunciado acusaciones de uso indebido grave de fondos y cuando se presta una atención activa a los medios de comunicación. A este respecto, los argumentos del denunciante subrayan un interés público real y legítimo en este tema. Sin embargo, la cuestión que debe evaluarse es si ese interés público es, en este contexto específico y en esta fase, suficiente para anular el riesgo concreto de que la divulgación socave el objetivo de las investigaciones y auditorías en curso.
32. La Defensora del Pueblo considera que existe un gran interés público en permitir que tanto la Fiscalía Europea como las respectivas investigaciones y procedimientos del Parlamento sobre las finanzas del Grupo ID se lleven a cabo con toda serenidad. Dado que siguen en curso, el Defensor del Pueblo considera que era razonable que el Parlamento considerara que el equilibrio es favorable a la necesidad de proteger su finalidad y, por tanto, la confidencialidad del documento solicitado.
33. Habida cuenta de lo anterior, el Defensor del Pueblo no encuentra mala administración en la decisión del Parlamento de denegar el acceso público al documento en cuestión.
Conclusión
Sobre la base de la investigación, el Defensor del Pueblo archiva este caso con la siguiente conclusión:
No hubo mala administración por parte del Parlamento Europeo en este caso.
Se informará de esta decisión al reclamante y al Parlamento Europeo.
Teresa Anjinho Defensora
del Pueblo Europeo
Estrasburgo, 25.3.2026
[1] Para más información, véase https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation/political-groups
[2] En virtud del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.
[3] El denunciante mencionó un artículo en Die Zeit (https://www.zeit.de/politik/2025-07/id-fraktion-europaparlament-finanzskandal-rechtsextremismus-afd) y Le Monde (https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2025/07/03/le-rn-et-ses-allies-menaces-par-une-nouvelle-affaire-de-detournements-financiers-au-parlement-europeen_6617477_4355770.html).
[4] De conformidad con el artículo 4, apartado 2, tercer guion, y apartado 3, párrafo primero, del Reglamento 1049/2001.
[5] Artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento 1049/2001.
[6] Artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento 1049/2001.
[7] El Parlamento se remitió a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2006, Franchet y Byk/Comisión, asuntos acumulados T-391/03 y T-70/04, apartado 113, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62003TJ0391.
[8] El procedimiento se establece en los artículos 1.3.2 y 2.7 de la Reglamentación relativa a la utilización de los créditos de la partida presupuestaria 400, de conformidad con el artículo 33, apartado 7, y el artículo 34, apartado 4, del Reglamento interno del Parlamento.
[9] El Parlamento se refirió a la jurisprudencia de la Unión, en particular a las sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2010, Suecia y otros/API y Comisión, asuntos acumulados C-514/07 P, C-528/07 P y C-532/07 P, apartados 156-159, disponibles en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62007CA0514; y de 5 de septiembre de 2024, ClientEarth/Comisión, C-249/23 P, apartado 54, disponible en: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=289814&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7183520
[10] Véase la sentencia de 21 de abril de 2021, Pech/Consejo, T-252/19, apartado 91, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62019TJ0252
[11] Artículo 108, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1939 («el Reglamento sobre la Fiscalía Europea»), disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj/eng
[12] El Parlamento ha facilitado el siguiente enlace: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2024_2029/plmrep/COMMITTEES/CONT/DV/2025/09-04/20250902_ID_Opinion_EN.pdf
[13] Véase https://www.belganewsagency.eu/european-public-prosecutor-opens-investigation-into-former-far-right-id-group-in-eu-parlament
[14] Véase, en particular, el artículo 108 del Reglamento de la Fiscalía Europea relativo a la confidencialidad y el secreto profesional, que contiene una obligación de confidencialidad para toda la información recibida por la Fiscalía Europea. Además, el artículo 109, apartado 1, del Reglamento de la Fiscalía Europea establece que «el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará a los documentos distintos de los expedientes, incluidas las imágenes electrónicas de dichos expedientes». Véase https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj/eng.
[15] Véase la sentencia del Tribunal General de 19 de noviembre de 2014, Ntouvas/ECDC, T-223/12, apartado 28, disponible en: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F67869B2BCD58C0A18CBB8FBB384B99B?text=&docid=159783&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1109549.
[16] El sistema de excepciones establecido en el artículo 4 del Reglamento 1049/2001, en particular en su apartado 2, se basa en una ponderación de los intereses contrapuestos en una situación determinada, es decir, en primer lugar, los intereses que se verían favorecidos por la divulgación de los documentos en cuestión y, en segundo lugar, los que se verían comprometidos por dicha divulgación. La decisión adoptada sobre una solicitud de acceso a documentos depende del interés que deba prevalecer en el caso concreto (véase la sentencia de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C‐514/11 P y C‐605/11 P, apartado 42, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011CJ0514).