Ello a pesar de que en ese período se adoptaron decisiones sobre cuestiones importantes, como el establecimiento de un programa europeo de financiación para responder a la crisis de la COVID-19.

La Defensora del Pueblo también constató que el Consejo debería haber hecho público inmediatamente un documento en el que se detallaran las medidas excepcionales que podría adoptar para permitir que se siguieran tomando decisiones durante la crisis de la COVID-19.

La publicación de dicho documento en marzo de 2020, cuando el Consejo comenzó a adoptar decisiones mediante procedimiento escrito, habría permitido al público examinar las diferentes opciones y habría contribuido a la confianza del público en el proceso de toma de decisiones del Consejo durante la crisis. En cambio, el documento se hizo público más de seis meses después de que una de las opciones en el documento ya se había implementado, y solo después de un acceso a la solicitud de documentos.  

A partir de julio de 2020, el Consejo adoptó medidas para aumentar la transparencia de las reuniones virtuales de ministros. Al mismo tiempo, mejoró la transparencia de las reuniones de los grupos de trabajo, en las que los funcionarios nacionales debaten proyectos legislativos y otros asuntos.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo consideró que se podía hacer más.

Como parte de sus propuestas de mejora, la Defensora del Pueblo pidió al Consejo que siguiera haciendo un uso más amplio de las observaciones escritas antes y después de las reuniones de los funcionarios nacionales. Esta práctica, establecida para las reuniones del Grupo que ya no se celebran en persona, parece haber aumentado la documentación sobre los debates del Grupo. Una investigación anterior del Defensor del Pueblo criticó la falta de información sobre estas reuniones.

El Defensor del Pueblo también pidió al Consejo que incluyera todos los documentos en su registro público tan pronto como se publicaran. En la actualidad, las consultas escritas de los miembros del Grupo se registran en los denominados «documentos de trabajo», que no se inscriben por separado en el registro y se ponen a disposición con posibles meses de retraso. Esto reduce sustancialmente la transparencia de los debates del Grupo.

Otras propuestas incluyen la elaboración de documentación pública relacionada con las reuniones ministeriales informales que tuvieron lugar entre marzo y junio de 2020, así como la publicación de orientaciones internas sobre cómo se organizaría el trabajo del Consejo y sus órganos preparatorios durante la crisis de la COVID-19.

La investigación formaba parte de un seguimiento más amplio por parte del Defensor del Pueblo de la forma en que las instituciones de la UE respondieron a la pandemia. También examinó a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones, a la Agencia Europea de Medicamentos y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.