El demandante expresó su preocupación por el traslado de un antiguo miembro del personal de la Comisión Europea a un puesto de trabajo en una empresa transnacional. En particular, al denunciante le preocupaba que la medida diera lugar a problemas de conflicto de intereses y que la Comisión no los hubiera evaluado adecuadamente antes de aprobar la «actividad posterior al servicio». Antes de pasar a la función de la empresa, el ex funcionario había abandonado la Comisión para incorporarse a un bufete de abogados mundial.

El Defensor del Pueblo constató que, en el contexto de la autorización del traslado inicial al bufete de abogados, la Comisión había adoptado medidas para mitigar el riesgo planteado por el antiguo miembro del personal que trabajaba en expedientes o casos que serían pertinentes para ese puesto. La decisión de la Comisión de autorizar la mudanza también incluía varias restricciones, como la prohibición de trabajar en casos que eran de su responsabilidad mientras estaban en servicio, así como en casos directamente relacionados. Para ayudar al ex funcionario a identificar estos casos, la Comisión facilitó una lista, que también actualizó una vez que el funcionario se había ido.

En cuanto al traslado posterior del antiguo miembro del personal a la empresa transnacional, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión había adoptado un enfoque sólido para evaluar si los casos de competencia no incluidos en la lista podían dar lugar a un conflicto de intereses.

En consecuencia, el Defensor del Pueblo dio por concluida la investigación y concluyó que no había habido mala administración.