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Propuesta de solución sobre la negativa de la Comisión Europea a dar acceso público a las actas de las reuniones del Grupo Operativo Regional de la UE para Grecia (asunto 2237/2024/AML)

Elaborado de conformidad con el artículo 2, apartado 10, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo [1]

Antecedentes de la denuncia

1. En 2015, la Comisión Europea presentó su Agenda Europea de Migración [2]. La Agenda introdujo el «enfoque de puntos críticos», mediante el cual la UE y sus Estados miembros colaboran para gestionar la migración en las fronteras exteriores de la UE. Para apoyar la aplicación del enfoque de puntos críticos, la Comisión creó grupos de trabajo regionales de la UE para facilitar la cooperación operativa y el intercambio de información. En las reuniones del EURTF participaron representantes de la Comisión, agencias de la UE (como Frontex, Europol, la Agencia de Asilo de la Unión Europea o Eurojust) y, en algunos casos, autoridades nacionales. Los grupos de trabajo han desempeñado un papel importante en la aplicación del enfoque de la UE en materia de migración durante la última década.

2. En septiembre de 2021, el denunciante, un investigador, presentó una solicitud de acceso público a documentos [3] en poder de la Comisión. La solicitud se refería a «Actas de las reuniones del Grupo de Trabajo Regional de la UE en Grecia 1) Desde junio de 2015 hasta septiembre de 2016; 2) Desde mayo de 2018 hasta diciembre de 2018; y 3) de abril de 2020 a septiembre de 2021».

3. En diciembre de 2021, la Comisión adoptó su decisión inicial, en la que identificaba 34 documentos [4] que entraban en el ámbito de aplicación de la solicitud y denegaba el acceso a todos ellos.

4. El denunciante pidió a la Comisión que revisara su decisión en enero de 2022 (presentando una «solicitud confirmatoria»).

5. En febrero de 2023, la Comisión adoptó su decisión confirmatoria sobre la solicitud de acceso. En su Decisión, la Comisión concedió un acceso parcial a veintisiete documentos y denegó el acceso a los siete documentos restantes en su totalidad. Al hacerlo, se basó en la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a la seguridad pública y las relaciones internacionales [5] y la protección de los datos personales [6].

6. El 3 de diciembre de 2024, insatisfecho con la decisión de la Comisión, el reclamante se dirigió al Defensor del Pueblo.

La investigación

7. La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la negativa de la Comisión a dar acceso público (más amplio) a las actas de las reuniones del EURTF Grecia. Dado que el reclamante no impugnó la expurgación de información basada en la necesidad de proteger los datos personales, esto no formaba parte de la investigación de la Defensora del Pueblo.

8. Durante la investigación, el equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó los documentos en cuestión, así como los documentos, incluidas las consultas con terceros llevadas a cabo por la Comisión en relación con la solicitud de acceso.

9. El equipo de investigación del Defensor del Pueblo se reunió con representantes de la Comisión para aclarar una serie de preguntas tras la inspección de documentos y recibió las observaciones del reclamante sobre el informe de la reunión. 

10. La Comisión no proporcionó una respuesta escrita adicional sobre la denuncia, ya que consideró que su posición se había expuesto en la decisión confirmatoria.

Argumentos presentados al Defensor del Pueblo

11. En su decisión confirmatoria, la Comisión alegó que no era posible dar un acceso más amplio a los documentos solicitados por las siguientes razones: 

i. Protección del interés público en materia de seguridad pública: Los documentos contienen información operativa relacionada con la gestión de las fronteras, incluidas las posibles deficiencias y las soluciones propuestas, así como información relacionada con actividades delictivas. En este contexto, debe denegarse cualquier acceso a las actas de las reuniones más recientes de 2020 y 2021 (documentos 29 a 35), ya que contienen «información sobre actividades operativas recientes sobre el terreno, análisis de situación y riesgo, descripción de las acciones de los circuitos organizados de trata y tácticas operativas». Esta información, de divulgarse, pondría en peligro las operaciones en curso llevadas a cabo por la policía nacional griega, las autoridades de guardacostas y Frontex. Del mismo modo, la divulgación más amplia de las actas solicitadas de reuniones anteriores, contenidas en los documentos 1-28, revelaría detalles sobre actividades y métodos que podrían ser utilizados por agentes malintencionados, socavando así los esfuerzos de la UE en la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el cruce no autorizado de fronteras. 

ii. Protección del interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales: Los documentos solicitados se refieren a la cooperación con las autoridades de un tercer país identificado, incluidas posibles deficiencias y detalles no públicos sobre la cooperación en el ámbito del control fronterizo y la prevención de la delincuencia organizada. La divulgación de esta información socavaría los intereses nacionales legítimos de Grecia y las relaciones internacionales con el tercer país de que se trate. El hecho de que las reuniones estuvieran presididas por la Comisión, y no por Grecia, no afecta a esta conclusión, ya que las responsabilidades tanto de la Comisión (DG HOME) como de Europol también tienen una dimensión exterior.

12. Durante la reunión con el equipo de investigación del Defensor del Pueblo, los representantes de la Comisión explicaron además que la cooperación dentro del EURTF se basa en la confianza. La divulgación de estos intercambios podría tener un efecto disuasorio, poniendo a su vez en peligro la misión del EURTF. En consecuencia, la Comisión consultó a los participantes en las reuniones del EURTF, que se opusieron a la divulgación en diversos grados [7], y luego trató de encontrar un equilibrio entre la transparencia, por un lado, y sus objeciones, por el otro. La Comisión llevó a cabo plenamente la evaluación del daño. No se limitó a realizar una apreciación prima facie de los argumentos de las autoridades griegas.

13. Los representantes de la Comisión subrayaron además que, para lograr este equilibrio, se tuvo debidamente en cuenta el paso del tiempo. Si bien el mero hecho de que haya pasado el tiempo no hace que la información sea automáticamente menos sensible, es un factor relevante a considerar, ya que puede disminuir el riesgo de daño. Esta es la razón por la que podría concederse un acceso parcial a los documentos 1-28 (que datan de 2016-2018), pero no a los documentos 29-35 (que datan de 2020-2021). Esta última categoría contenía información relacionada con las operaciones en curso de Frontex e información que la Comisión consideró de naturaleza similar.  

14. Por último, la Comisión señaló que, si bien es cierto que en una solicitud anterior relativa a un documento similar [8] no se llevó a cabo ninguna consulta y el documento se divulgó casi en su totalidad (con la excepción de los datos personales), esto no significa que deba aplicarse lo mismo a los documentos en cuestión.

15. El denunciante consideró que la Comisión había hecho un uso excesivo de las excepciones pertinentes, sin demostrar, en particular, ningún riesgo grave y real derivado de la divulgación completa (o muy amplia) de la información en cuestión. Además de subrayar la incoherencia de la Comisión a la hora de conceder un acceso muy amplio a un documento similar en el pasado, el denunciante presentó los siguientes argumentos específicos.

16. El denunciante alegó que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al aplicar las dos excepciones. En apoyo de esta alegación, el denunciante subrayó que de los documentos parcialmente divulgados se desprende claramente que las reuniones del EURTF no se ocupan únicamente de cuestiones de seguridad pública, sino que también abarcan información de naturaleza «humanitaria» en lugar de «relacionada con la seguridad» (como indican las rúbricas sobre mantenimiento, servicios médicos, interpretación, etc.). Además, el denunciante subrayó que habían transcurrido varios años entre las reuniones en cuestión y la adopción de la decisión confirmatoria. Mientras tanto, las circunstancias materiales, legales y migratorias han cambiado. Por ejemplo, ya no existe ninguna de las facilidades a las que se refieren los documentos, y las relaciones con el tercer país en cuestión han evolucionado considerablemente desde 2016. Por lo tanto, el denunciante consideró que la información contenida en los documentos, lejos de referirse a detalles operativos sensibles, no solo era obsoleta, sino de carácter histórico; y que la Comisión no tuvo debidamente en cuenta el impacto del paso del tiempo en su sensibilidad.

17. El denunciante también discrepó de que la Comisión se basara en las objeciones y argumentos de los terceros consultados [9] en la tramitación de la solicitud de acceso. Haciendo hincapié en que muchos de estos argumentos de terceros parecían injustificados debido al paso del tiempo (por las mismas razones expuestas en el apartado 16), el denunciante recordó que la Comisión está obligada a anular las objeciones a la divulgación cuando violen el principio del acceso más amplio posible. En este caso concreto, el denunciante no estaba convencido de que la Comisión hubiera llevado a cabo la evaluación independiente requerida, y también observó con preocupación que la Comisión parecía no haber consultado de nuevo a (todos) los terceros en la fase confirmatoria, a pesar de que las objeciones de estos terceros en la fase inicial estaban relacionadas principalmente con el tiempo. 

18. Por último, y por lo que se refiere al argumento de la Comisión de que es esencial preservar la confianza —y, por tanto, el intercambio confidencial de información— en las reuniones del EURTF, el denunciante recordó que todos los agentes que participan en dichas reuniones, incluidas las autoridades griegas, son conscientes de sus obligaciones de transparencia. El reclamante señaló que, en el pasado, el Defensor del Pueblo había hecho hincapié en la importancia de la transparencia en relación con la participación de la UE en las actividades de gestión de la migración [10]. En opinión del reclamante, proporcionar pleno acceso a los documentos solicitados sería un paso importante en esa dirección.

Evaluación del Defensor del Pueblo

19. Los documentos controvertidos en la presente investigación pueden dividirse en tres categorías, en función de sus fechas y del alcance del acceso concedido:

i. documentos de la categoría I, que abarcan los documentos 1 a 20 - reuniones de 2016, y a los que se concedió un amplio acceso parcial;

ii. documentos de la categoría II, que abarcan los documentos 21 a 28 - reuniones de 2018, y a los que se concedió acceso parcial;

iii. Documentos de la categoría III, que abarcan los documentos 29-35 - reuniones de 2020 y 2021, y a los que no se concedió acceso.

20. Dado que la Comisión concedió un amplio acceso parcial a los documentos de la categoría I y que las restantes expurgas de estos documentos no sugieren un error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión, la propuesta de solución del Defensor del Pueblo no los abarca. 

21. Por lo que se refiere a los documentos de las categorías II y III, la evaluación del Defensor del Pueblo se expone a continuación.

22. Uno de los principios que sustentan el acceso del público a los documentos en virtud del Reglamento 1049/2001 es que la apertura permite a los ciudadanos participar más estrechamente en los procesos de toma de decisiones y garantiza una mayor rendición de cuentas de la administración de la UE en un sistema democrático [11]. La puntualidad desempeña un papel importante en la consecución de este objetivo, tanto porque puede afectar a la pertinencia de los documentos para los solicitantes [12] como porque puede afectar a la confidencialidad de los documentos. En parte por estas razones, es importante que las instituciones de la UE tramiten las solicitudes de acceso lo antes posible y, en cualquier caso, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 [13].

23. Tales consideraciones revisten especial importancia en el presente asunto.

24. En primer lugar, la naturaleza de los documentos de la categoría III en el momento de la solicitud de acceso, es decir, los documentos que la Comisión consideró elaborados recientemente, parecía desempeñar un papel importante en la negativa de la Comisión a concederles acceso. Del mismo modo, en la reunión con el equipo de investigación de la Defensora del Pueblo, los representantes de la Comisión justificaron las expurgas de documentos de la categoría II por el hecho de que contienen información relacionada con «debates en curso», que «han seguido siendo prácticamente los mismos».

25. En segundo lugar, la Comisión rebasó en gran medida los plazos legales para tramitar la solicitud de acceso tanto en la fase inicial como en la confirmatoria. Transcurrieron casi diecisiete meses entre el momento en que el denunciante presentó la solicitud de acceso y la decisión confirmatoria de la Comisión. Los representantes de la Comisión declararon, en su reunión con el equipo de investigación del Defensor del Pueblo, que habían evaluado la sensibilidad de los documentos en el momento de la decisión confirmatoria. Sin embargo, el Defensor del Pueblo no está convencido de que estos diecisiete meses se hayan tenido suficientemente en cuenta a la hora de decidir el alcance del acceso que debe concederse. En concreto:

i.Por lo que se refiere a los documentos de la categoría III, el hecho de que algunos de los documentos más recientes ya no tuvieran unos pocos meses (como cuando se recibió la solicitud inicial), sino entre dos y tres años, y cómo esto afectó a la evaluación de que se referían a «operaciones en curso», no se abordó plenamente en la decisión confirmatoria. En este contexto, el Defensor del Pueblo lamenta que el tercero que más se había opuesto a la divulgación de algunos de estos documentos sobre la base de su naturaleza reciente no haya sido consultado de nuevo en la fase de confirmación. No puede excluirse que, un año y medio después, este tercero hubiera aportado información diferente sobre la divulgación de los documentos. Tampoco está claro por qué la Comisión consideró que la totalidad de los documentos relacionados con las «operaciones en curso» eran sensibles, mientras que, de hecho, parecen contener una variedad de (tipos de) información, algunos de los cuales se divulgaron ampliamente en documentos de las categorías I y II, e incluso se divulgaron en su totalidad en el acta de otra reunión del EURTF del mismo año (a la que la Comisión concedió pleno acceso)[14].

ii.Por lo que se refiere a los documentos de la categoría II, muchas de las expurgaciones, especialmente las relacionadas con las contribuciones de las autoridades griegas, parecen cubrir información posiblemente obsoleta y no recurrible relacionada con instalaciones que ya no existían (ya que muchas de las instalaciones actualmente en funcionamiento en la región se han abierto desde 2021, sustituyendo progresivamente a las infraestructuras mencionadas en los documentos) y hechos que estaban obsoletos (nacionalidades de las personas en las instalaciones, condiciones de vida, reparaciones, presencia o ausencia de intérpretes, información general sobre devoluciones, etc.). Sin embargo, la decisión confirmatoria no abordó suficientemente esta cuestión.

26. En vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión no tuvo debidamente en cuenta el paso del tiempo y el cambio de circunstancias al tramitar esta solicitud de acceso público en lo que respecta a los documentos de las categorías II y III.

27. Además, han transcurrido tres años desde que la Comisión adoptó su decisión confirmatoria en el presente asunto. Como tal, la Defensora del Pueblo considera que la línea de actuación más adecuada es que la Comisión reevalúe ahora la solicitud de acceso a los documentos a la luz de las circunstancias actuales, con vistas a conceder un acceso más amplio (parcial) a los documentos de las categorías II y III (documentos 21-35). Al hacerlo, la Defensora del Pueblo invita a la Comisión a tener en cuenta sus observaciones expuestas anteriormente, y anima a la Comisión a consultar de nuevo a los participantes en las reuniones del Fondo.

La propuesta de solución

La Defensora del Pueblo propone que la Comisión reevalúe los documentos 21-35, teniendo en cuenta el paso del tiempo y los posibles cambios en las circunstancias, con vistas a conceder un acceso más amplio (parcial). Si la Comisión mantiene las expurgas, debería explicar por qué algunas partes de los documentos todavía deben ser retenidas en la actualidad.

Se invita a la Comisión a que informe al Defensor del Pueblo, a más tardar el 14 de julio de 2026, de cualquier medida que haya adoptado en relación con la propuesta de solución de referencia.

Teresa Anjinho Defensora
del Pueblo Europeo 

Estrasburgo, 13.4.2026 

 

[1] Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC

[2] COM(2015) 240 final, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52015DC0240

[3] De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión («Reglamento 1049/2001»), disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj/eng

[4] Los documentos fueron erróneamente numerados como 1-35 (en lugar de 1-34), debido a un error administrativo. En aras de la claridad, en esta propuesta de solución se utiliza la misma numeración.

[5] Artículo 4, apartado 1, letra a), guiones primero y tercero, respectivamente, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001.

[6] Artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento 1049/2001.

[7] En concreto, las autoridades griegas se opusieron a la divulgación sobre la base de las excepciones que protegen la seguridad pública y las relaciones internacionales, mientras que Europol solicitó la expurgación de sus contribuciones sobre la base de la excepción de seguridad pública. Frontex pidió que no se divulgaran partes de los documentos 1 a 31 y la totalidad de los documentos 32 a 35. Tanto las autoridades griegas como Europol fueron consultadas en las fases inicial y confirmatoria, mientras que Frontex fue consultada en la fase inicial.

[8] Acta de la 67.a reunión del EURTF, 5 de marzo de 2020.

[9] De conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001.

[10] Véanse, en particular, las decisiones del Defensor del Pueblo Europeo en la investigación estratégica OI/3/2022/MHZ sobre cómo garantiza la Comisión Europea el respeto de los derechos fundamentales en los servicios de gestión de la migración financiados por la UE en Grecia (disponible en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/170792) y en el asunto 1418/2023/VS sobre cómo supervisa la Comisión Europea el cumplimiento de los derechos fundamentales en el contexto de los fondos de la UE concedidos a Grecia para la gestión de fronteras (disponible en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/200015).

[11] Considerando 2 del Reglamento 1049/2001.

[12] El Defensor del Pueblo ha considerado regularmente, en los últimos años, que el acceso retrasado es un acceso denegado, y que los retrasos sistémicos en la tramitación de las solicitudes de acceso equivalen a mala administración. Por ejemplo, véase la decisión del Defensor del Pueblo sobre el tiempo que tarda la Comisión Europea en tramitar las solicitudes de acceso público a los documentos (investigación estratégica OI/2/2022/OAM), disponible en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/175321.

[13] Véase, por ejemplo, la decisión del Defensor del Pueblo en el asunto 344/2023/PVV, en la que el Defensor del Pueblo pidió a Frontex que tuviera en cuenta el paso del tiempo y el cambio de circunstancias al responder a su propuesta de solución (disponible en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/192720); así como la decisión del Defensor del Pueblo en el asunto 318/2024/TM, en la que la Comisión, a la luz del cambio de circunstancias, adoptó una nueva decisión inicial y concedió un acceso parcial más amplio a los documentos en cuestión (disponible en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/195112).

[14] En concreto, la Comisión parece haber concedido acceso completo (a excepción de los datos personales) al acta de la 67.a reunión del EURTF, que tuvo lugar en marzo de 2020. Paralelamente, denegó el acceso completo a las actas de las reuniones celebradas en septiembre, octubre y noviembre del mismo año (documentos 29, 30 y 31).

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