El asunto se refería a una negativa implícita de la Comisión Europea a dar acceso público a documentos relacionados con una Comunicación sobre la instrumentalización de la migración por parte de terceros países con fines políticos y sobre cómo abordar tales «ataques híbridos».

Tras la intervención del Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión adoptó una decisión confirmatoria explícita. Concedía un amplio acceso parcial a varias notas y a una versión preliminar de la Comunicación, reteniendo únicamente datos personales. Sin embargo, la Comisión se negó a divulgar el resumen de una consulta interservicios por vía rápida durante la cual se había debatido la publicación de la Comunicación. Al denegar el acceso al «resumen por vía rápida», la Comisión se basó en la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales y en la necesidad de proteger su futura toma de decisiones en situaciones similares.

Sobre la base de la inspección del resumen por vía rápida y teniendo en cuenta el amplio margen de apreciación de que disponen las instituciones de la Unión a la hora de determinar si el interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales está en peligro, el Defensor del Pueblo consideró que la decisión de la Comisión de denegar el acceso no era manifiestamente errónea. El interés público en juego no puede ser reemplazado por otro interés público que se considere más importante. Dado que la excepción relativa a las relaciones internacionales se había invocado válidamente, no era necesario que el Defensor del Pueblo evaluara la validez de los argumentos de la Comisión en lo que respecta a la protección de su futura toma de decisiones. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo archivó la investigación y constató que no había mala administración.

El denunciante pidió a la Comisión Europea que diera acceso público a los documentos relativos al apoyo de la UE a la gestión de la migración en Chipre. La Comisión identificó cuatro documentos que entran en el ámbito de aplicación de la solicitud: dos informes de reunión, un briefing y un Flash Report, pero solo concedieron acceso a partes del Flash Report. Al denegar el acceso a los demás documentos, la Comisión invocó excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, alegando que la divulgación podría socavar el interés público en lo que respecta a la seguridad pública y las relaciones internacionales, así como sus procesos de toma de decisiones. Cuando la Comisión no respondió a la solicitud de revisión del reclamante («solicitud confirmatoria») dentro del plazo aplicable, el reclamante recurrió al Defensor del Pueblo.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la negativa implícita de la Comisión a divulgar (totalmente) los documentos solicitados y el equipo de investigación de la Defensora del Pueblo inspeccionó los documentos en cuestión. Sobre la base de la inspección, la Defensora del Pueblo compartió con la Comisión su opinión preliminar de que podría concederse un acceso más amplio a los documentos. Poco después de que la Defensora del Pueblo enviara su opinión preliminar, la Comisión adoptó su decisión confirmatoria sobre la solicitud de acceso de la reclamante, en la que confirmó su posición original y denegó cualquier otro acceso. La Defensora del Pueblo solicitó una reunión entre su equipo de investigación y los representantes de la Comisión para obtener aclaraciones adicionales sobre la posición de la Comisión.

La Defensora del Pueblo lamentó que la Comisión no concediera un acceso más amplio a los informes de las reuniones y a la información durante su investigación. Dado que la Comisión confirmó su posición en la decisión confirmatoria y durante la reunión con el equipo de investigación del Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo consideró que la continuación del asunto en el contexto del presente asunto no serviría de nada. Sin embargo, la Defensora del Pueblo espera que la Comisión tenga en cuenta su evaluación detallada cuando aborde futuras solicitudes de acceso público a sesiones informativas e informes de reuniones como las controvertidas.

El asunto se refería a la manera en que la Comisión Europea garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales en el contexto de los fondos de la UE concedidos a Grecia para la gestión de fronteras. Los denunciantes, varias organizaciones no gubernamentales, expresaron su preocupación por el hecho de que la Comisión no hubiera supervisado y evaluado eficazmente las actividades de gestión de fronteras financiadas por la UE, en un contexto de acusaciones persistentes de violaciones graves de los derechos humanos por parte de las autoridades griegas.

La investigación identificó ámbitos que la Comisión debería abordar para mejorar la forma en que supervisa y garantiza el respeto de los derechos fundamentales en este ámbito. Sin embargo, dado que la Comisión está a la espera de un informe final de las autoridades griegas en uno de los casos individuales de presuntas violaciones de los derechos fundamentales planteados en esta investigación, y ahora también evaluará el gasto de Grecia en el marco del programa pertinente, el Defensor del Pueblo archivó el caso y concluyó que no estaban justificadas más investigaciones. No obstante, formuló algunas sugerencias a la Comisión para abordar las cuestiones identificadas en el curso de la investigación.

En particular, el Defensor del Pueblo instó a la Comisión a que estableciera directrices para evaluar el cumplimiento de los derechos fundamentales a lo largo de la ejecución del programa, en particular en lo que respecta a la «condición favorable» conexa para acceder a los fondos. Como parte de estas directrices, la Comisión debe establecer criterios para determinar en qué circunstancias retendrá o suspenderá los fondos de la UE por incumplimiento de los derechos fundamentales y la condición de financiación correspondiente, y publicar estos criterios. En su evaluación de las denuncias creíbles sobre violaciones de los derechos fundamentales y del programa general griego, la Comisión debe considerar si Grecia sigue cumpliendo la condición de derechos fundamentales relacionada con los fondos en cuestión. El Defensor del Pueblo también formuló sugerencias sobre la transparencia del proceso de supervisión y las medidas para reforzar la participación de la sociedad civil.

 

El asunto se refería a la negativa de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) a dar acceso público a 74 documentos relacionados con las condiciones de acogida en varias instalaciones chipriotas de gestión de la migración. Al denegar el acceso público, la AAUE se basó en tres excepciones establecidas en la legislación de la Unión en materia de acceso a los documentos, a saber, la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a la seguridad pública, los datos personales y su proceso de toma de decisiones.

Sobre la base de la inspección de los documentos controvertidos, los argumentos de la EUAA no convencieron al Defensor del Pueblo de que una divulgación amplia socavaría (gravemente) la protección de los intereses invocados. La Defensora del Pueblo presentó una propuesta de solución, en la que pedía a la AAUE que reconsiderara su posición sobre la solicitud, con vistas a dar un acceso público significativamente mayor a los documentos en cuestión.

La AAUE aceptó la propuesta de solución del Defensor del Pueblo y dio al reclamante un amplio acceso a 64 de los 74 documentos. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta positiva de la AAUE a su propuesta de solución y dio por concluida la investigación.