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Decisión en el caso OI/4/2021/MHZ relativo a la forma en que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) cumple con sus obligaciones en materia de derechos fundamentales y garantiza la rendición de cuentas en relación con sus responsabilidades reforzadas

Lunes | 18 julio 2022

Esta investigación de oficio evaluó la forma en que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) cumple en la actualidad con sus obligaciones en materia de derechos fundamentales y de transparencia en virtud del Reglamento (UE) 2019/1896 («el Reglamento Frontex»), por el que se amplió el mandato de la Agencia.

La investigación examinó la forma en que Frontex garantiza la transparencia de sus «planes operativos», que definen los parámetros de sus operaciones, y cómo la Agencia decide la suspensión, conclusión o no inicio de las actividades por razones asociadas a los derechos fundamentales. La investigación también evaluó el control del respeto de los derechos fundamentales en las operaciones de retorno forzoso y las indicaciones de Frontex en el proceso de cribado de las personas indocumentadas que cruzan o intentan cruzar una frontera exterior de la UE de forma irregular.

Sobre la base de la investigación, la Defensora del Pueblo presentó una serie de sugerencias a Frontex, con el fin de mejorar su rendición de cuentas. La Defensora del Pueblo alienta a Frontex a adoptar una postura proactivamente transparente en relación con los planes operativos y el análisis de los derechos fundamentales en los que su director ejecutivo fundamenta las decisiones sobre el inicio, la suspensión o la conclusión de las operaciones. Asimismo, sugiere que Frontex dé instrucciones específicas a los «equipos de cribado» que entrevistan a los refugiados. La Defensora del Pueblo también alienta a Frontex a mejorar la supervisión de las operaciones de retorno forzoso en las que los escoltas de retorno sean miembros del personal de Frontex y a garantizar una mejor comunicación de las operaciones de supervisión.

Decisión en el asunto OI/5/2020/MHZ relativo al funcionamiento del mecanismo de reclamaciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) por presuntas violaciones de los derechos fundamentales y el papel del agente de derechos fundamentales

Miércoles | 08 junio 2022

La Defensora del Pueblo inició una investigación de oficio para examinar cómo la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) aborda las presuntas violaciones de los derechos fundamentales a través de su «mecanismo de reclamaciones», y para analizar el papel y la independencia del agente de derechos fundamentales de Frontex a este respecto.

En el contexto de una investigación anterior, la Defensora del Pueblo recomendó la creación de un mecanismo independiente para tramitar reclamaciones referidas a las operaciones de Frontex. El mecanismo de reclamaciones fue aprobado por los legisladores de la UE y entró en funcionamiento en 2016.

A través del mecanismo de reclamaciones, Frontex tramita las reclamaciones de personas que consideran que sus derechos fundamentales han sido violados en el contexto de las operaciones de Frontex. La función del agente de derechos fundamentales es tramitar directamente las reclamaciones relativas a las acciones de los miembros del personal de Frontex, así como garantizar que las reclamaciones relativas al personal de las autoridades nacionales que participan en las operaciones de Frontex sean tratadas adecuadamente por las autoridades competentes.

Esta investigación tenía por objeto evaluar cómo Frontex ha aplicado las normas nuevas relativas al mecanismo de reclamaciones y al agente de derechos fundamentales, que entraron en vigor en noviembre de 2019. También pretendía evaluar la eficacia general del mecanismo de reclamaciones, en un contexto de preocupación pública por las violaciones de los derechos fundamentales en relación con las operaciones de Frontex.

Desde su creación, el mecanismo de reclamaciones ha gestionado un número muy reducido de reclamaciones, sin que hasta la fecha se hayan presentado reclamaciones relativas a las acciones de los miembros del personal de Frontex. Entre 2016 y enero de 2021, el agente de derechos fundamentales había recibido 69 denuncias, de las cuales 22 resultaron admisibles. Con operaciones en las que participan miembros de las plantillas de personal de diferentes organismos, que son responsables ante distintas autoridades, puede resultar difícil para los posibles reclamantes determinar quiénes son los presuntos autores y entender cómo y ante quién pueden denunciar presuntas infracciones y buscar reparación a través de los canales adecuados.

En esta investigación, la Defensora del Pueblo también revisó las reclamaciones tramitadas a través del mecanismo de reclamaciones y encontró varias posibles deficiencias que podrían dificultar que las personas denunciasen presuntas violaciones de los derechos fundamentales y buscasen reparación. La investigación de la Defensora del Pueblo detectó asimismo retrasos por parte de Frontex en el cumplimiento de sus nuevas obligaciones relativas al mecanismo de reclamaciones y al agente de derechos fundamentales.

Sobre la base de la investigación, la Defensora del Pueblo formula una serie de sugerencias de mejora para Frontex, con vistas a mejorar la accesibilidad del mecanismo de reclamaciones para las posibles víctimas de violaciones de los derechos fundamentales y a reforzar la rendición de cuentas de las operaciones de Frontex y de todas las partes implicadas en ellas. Entre ellas figuran sugerencias sobre cómo facilitar a las posibles víctimas de violaciones de los derechos fundamentales el conocimiento de las posibilidades de reparación y la notificación de incidentes, así como sugerencias para mejorar la tramitación y el seguimiento de las reclamaciones.