El asunto se refería a la forma en que la Fiscalía Europea tramitó las reclamaciones de un asistente nacional de los fiscales europeos delegados en Italia. El denunciante alegó que los fiscales europeos delegados de la Fiscalía Europea en Roma interfirieron en dos procedimientos administrativos que inició a nivel nacional. La reclamación también se refería a la forma en que la Fiscalía Europea tramitó una solicitud de acceso público a documentos presentada por el reclamante.

La Defensora del Pueblo constató deficiencias en la tramitación de las reclamaciones por parte de la Fiscalía Europea en cuanto a la forma en que esta comunicó su posición al reclamante y las razones de su conclusión de no adoptar nuevas medidas. La Fiscalía Europea abordó esta cuestión durante la investigación proporcionando explicaciones claras y razonables sobre su posición. La Defensora del Pueblo también constató que la Fiscalía Europea no vulneró los derechos del reclamante al tramitar las reclamaciones.

En cuanto a la solicitud de acceso a los documentos, la Defensora del Pueblo constató que las razones invocadas por la Fiscalía Europea para no divulgar los documentos solicitados no parecen estar en consonancia con la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos. No obstante, el Defensor del Pueblo consideró que la decisión de no divulgar los documentos solicitados por el reclamante era razonable, aunque por una razón diferente a la invocada por la Fiscalía Europea.

La Defensora del Pueblo concluyó la investigación con la conclusión de que no estaba justificada ninguna otra investigación.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a cinco documentos en poder de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA). Los documentos se referían a evaluaciones de riesgos relativas a unos pocos pilotos cuyas licencias de fuera de la UE habían sido convertidas en licencias de la UE por una autoridad nacional competente con determinadas irregularidades en el proceso de conversión. La AESA denegó el acceso a los documentos solicitados, invocando la excepción al acceso público relativa a la protección de la intimidad y la integridad de las personas.

En la reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante especificó que solo estaba interesado en aquellas partes de los documentos que mostraban la metodología de evaluación de riesgos, no en los datos personales. Tras examinar las versiones no expurgadas de los documentos controvertidos, el Defensor del Pueblo señaló que la AESA solo podía divulgar las partes que mostraban dicha metodología.

Dado que la AESA aceptó la posición del Defensor del Pueblo y comunicó las partes pertinentes de los documentos solicitados, el Defensor del Pueblo archivó el asunto tal como se había resuelto.

El asunto se refería a la negativa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a dar acceso público a dos informes finales relacionados con dos investigaciones relativas a la Comunidad de Conocimiento e Innovación sobre Fabricación (CCI) del EIT. Al denegar el acceso a los informes, la OLAF se basó en una presunción general de que la divulgación menoscabaría la protección del objetivo de sus investigaciones.

El equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó los documentos en cuestión. Sobre la base de la inspección y de la información confidencial adicional recibida de la OLAF, el Defensor del Pueblo consideró que era razonable que la OLAF aplicara la presunción general de no divulgación en este caso, ya que las actividades de seguimiento pertinentes siguen en curso y aún no ha transcurrido un plazo razonable para que estas actividades de seguimiento se completen.

Por consiguiente, la Defensora del Pueblo cerró la investigación sin constatar mala administración.

El asunto se refería a la negativa de la REA a dar acceso parcial a una carta que la REA había enviado a un beneficiario en relación con la recuperación de la financiación. Para denegar el acceso, la REA se basó en la protección de los intereses comerciales de un tercero.

Sobre la base de la inspección del documento controvertido, el Defensor del Pueblo no estaba convencido de la alegación de la REA de que el acceso parcial perjudicaría gravemente la protección de los intereses comerciales. La Defensora del Pueblo presentó una propuesta de solución en la que pedía a la AEI que reconsiderara su posición sobre la solicitud, con vistas a conceder un amplio acceso parcial al documento en cuestión.

La REA aceptó la propuesta de solución del Defensor del Pueblo y proporcionó al reclamante un amplio acceso parcial al documento. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta positiva de la REA a su propuesta de solución, que resolvió la reclamación.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos en poder de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) relacionados con operaciones conjuntas de retorno y operaciones nacionales de retorno coordinadas por Frontex para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024. Frontex identificó 247 informes finales de operaciones de retorno, 46 documentos que constituyen el plan operativo de retorno para 2024 y varios acuerdos de subvención conexos. Frontex también extrajo de su base de datos parte de la información detallada solicitada sobre las operaciones de retorno, pero eliminó el resto. Frontex denegó el acceso a los 46 documentos que constituyen el Plan Operativo de Retorno para 2024 en su totalidad, al tiempo que concedió un amplio acceso parcial a los acuerdos de subvención. Frontex alegó que una mayor divulgación socavaría la protección del interés público en lo que respecta a la seguridad pública y las relaciones internacionales, así como a los intereses comerciales.

El equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó una muestra de los documentos en cuestión y celebró una reunión con representantes de Frontex. Sobre la base de la inspección y de las aclaraciones obtenidas durante la reunión, la Defensora del Pueblo constató que la posición de Frontex estaba justificada en general.

Si bien la Defensora del Pueblo llegó a la conclusión de que la forma en que Frontex tramitó la solicitud era razonable y cerró la investigación con la conclusión de que no había habido mala administración, señaló que, a falta de una lista exhaustiva de documentos incluidos en el ámbito de la solicitud, era difícil para la Defensora del Pueblo determinar con certeza cuántos documentos Frontex identificó como incluidos en el ámbito de la solicitud. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo reiteró una recomendación anterior en el sentido de que, como cuestión de buena administración, Frontex debería facilitar a los solicitantes una lista de los documentos que considere que entran en el ámbito de sus solicitudes de acceso público a los documentos.

El asunto se refería a la negativa de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) a dar acceso público a siete documentos relativos a la extracción de información de los dispositivos de comunicación de los migrantes. Al denegar el acceso público a partes de los documentos, Eurojust se basó en dos excepciones establecidas en la legislación de la Unión en materia de acceso público a los documentos, a saber, la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a la seguridad pública y la necesidad de proteger los datos personales.

Sobre la base de la inspección de los documentos controvertidos, los argumentos de Eurojust no convencieron al Defensor del Pueblo de que una divulgación más amplia de los documentos perjudicaría la protección del interés público en lo que respecta a la seguridad pública. La Defensora del Pueblo presentó una propuesta de solución, en la que pedía a Eurojust que reconsiderara su posición sobre la solicitud, con vistas a dar a un público más amplio acceso a los documentos en cuestión. Invitó a Eurojust a que, al hacerlo, se centrara en tres de los documentos en cuestión, con ajustes de seguimiento de dos documentos adicionales.

Eurojust aceptó la propuesta de solución del Defensor del Pueblo y dio al reclamante un acceso más amplio a casi todos los documentos. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta positiva de Eurojust a su propuesta de solución y dio por concluida la investigación.