El asunto se refería al tiempo que tardó la Comisión Europea en tramitar una denuncia de infracción contra Italia relativa a las disposiciones sobre el tiempo de trabajo y las vacaciones del personal de la policía financiera (Guardia di Finanza) en Italia. El denunciante había presentado una denuncia de infracción a la Comisión sobre el asunto en 2022. En su reclamación al Defensor del Pueblo, consideró que la Comisión no había tomado una decisión sobre su reclamación por infracción en un plazo razonable.

Sobre la base de su investigación, la Defensora del Pueblo constató que la Comisión había justificado adecuadamente el tiempo empleado hasta la fecha. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que no había mala administración. No obstante, habida cuenta del tiempo transcurrido hasta la fecha, la oradora alienta a la Comisión a que se ocupe del caso con carácter prioritario.

El asunto se refería a un miembro del personal del Banco Central Europeo (BCE) que consideraba haber sido acosado por su superior jerárquico. Se quejó de ello a principios de 2021. El BCE inició una investigación administrativa y, al mismo tiempo, asignó al demandante a otro lugar de trabajo en el BCE para su propia protección.

La investigación administrativa duró dos años y medio y se cerró tres años después de que el denunciante pidiera ayuda por primera vez. La investigación administrativa determinó que el autor había sido acosado e inició oficialmente un procedimiento disciplinario contra el superior jerárquico.

Durante el seguimiento del BCE del resultado de la investigación administrativa, el demandante se dirigió al Defensor del Pueblo. Alegó que había demoras irrazonables en el proceso.

En el curso de la investigación del Defensor del Pueblo, el BCE finalizó el procedimiento disciplinario y el demandante regresó finalmente a su lugar de trabajo principal.

El Defensor del Pueblo constató que se habían producido retrasos irrazonables en todas las fases de la tramitación del asunto por parte del BCE, y que el BCE no había abordado cuestiones importantes en su seguimiento. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo propuso una solución al BCE, a saber, que se disculpe, pague una indemnización y garantice una comunicación interna significativa al personal sobre el caso de acoso.

En su respuesta a la propuesta de solución del Defensor del Pueblo, el BCE lamentó lo sucedido. Organizó una comunicación interna adicional sobre el caso de acoso. Sin embargo, no consideró que tuviera los elementos necesarios para considerar la compensación financiera. La Defensora del Pueblo constató que, lamentablemente, el perjuicio causado por la tramitación por el BCE del caso de acoso del demandante no había sido reparado por la respuesta del BCE a la propuesta de solución. Sin embargo, dado que una recomendación en la que se reiteraban los mismos puntos no parece ser útil, la Defensora del Pueblo cerró la investigación con sugerencias de mejoras sistémicas y volvió a pedir al BCE que se pusiera en contacto con el reclamante para identificar las consecuencias financieras pertinentes de su mala administración.

El asunto se refería al tiempo que tardó el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) en pronunciarse sobre dos reclamaciones presentadas por el mismo reclamante en 2023 en relación con el tratamiento de los datos personales del reclamante.

En el curso de la investigación de la Defensora del Pueblo, el SEPD proporcionó explicaciones razonables sobre la tramitación de los casos y el retraso. El SEPD también ha finalizado su evaluación preliminar de las cuestiones planteadas.

El Defensor del Pueblo también señaló que el SEPD adoptó medidas destinadas a abordar su retraso para evitar situaciones similares en el futuro y, por lo tanto, cerró el caso con la conclusión de que no estaban justificadas más investigaciones.