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Irlanda desempeña una función especial en la ejecución del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) porque alberga la mayor parte de las grandes empresas tecnológicas de la Unión Europea. Las autoridades de control de otros Estados miembros a menudo dependen del trabajo de la Comisión de Protección de Datos irlandesa para resolver definitivamente cuestiones relacionadas con la protección de datos de los ciudadanos de su propio país.

Esto hace que sea especialmente importante que la Comisión Europea se informe adecuadamente de si el RGPD se aplica correctamente en Irlanda en relación con las grandes empresas tecnológicas.

Una gama de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, incluido el reclamante, informaron de que la aplicación del RGPD en Irlanda no era la adecuada.

La Defensora del Pueblo Europeo abrió una investigación para examinar si la Comisión Europea recoge información suficiente para supervisar la ejecución del RGPD por parte de Irlanda.

La investigación de la Defensora del Pueblo sacó a la luz una práctica establecida en la Comisión Europea de examinar periódicamente un resumen de la Comisión de Protección de Datos irlandesa sobre cómo gestiona los asuntos relativos a las grandes empresas tecnológicas. La Defensora del Pueblo Europeo legó a la conclusión de que esta práctica es adecuada y conforme a la buena administración. No obstante, consideró que podían implementarse diversas mejoras técnicas y realizó sugerencias al respecto.

El caso se refería principalmente a la decisión de Frontex de no seguirse comunicando por correo electrónico con las personas que solicitan acceso a documentos. Frontex obliga a los solicitantes a utilizar su portal de acceso en línea, lo que ocasiona problemas que podrían evitarse fácilmente, tanto para los solicitantes como para las plataformas de transparencia en línea que las organizaciones de la sociedad civil han creado para facilitar el objetivo de la UE de trabajar de la forma más abierta posible.

La Defensora del Pueblo Europeo no pudo encontrar ninguna justificación para la decisión de Frontex. Emitió una recomendación de que Frontex permitiera a los solicitantes comunicarse con la Agencia por correo electrónico, sin tener que recurrir al portal para acceder a los documentos. Además, pidió a Frontex que se informara de las mejores prácticas que la Comisión Europea ha identificado en este sentido para su nuevo portal de acceso público, y que implementara dichas buenas prácticas lo antes posible.

La Defensora del Pueblo Europeo sugirió también que Frontex dedicara los recursos necesarios a gestionar el gran número de solicitudes de acceso que es probable que reciba regularmente a partir de ahora. También sugirió que Frontex redactara un manual detallado sobre cómo gestiona las solicitudes de acceso público, y que lo publique.

Frontex rechazó la recomendación de la Defensora del Pueblo Europeo de permitir a los solicitantes comunicarse con la Agencia por correo electrónico. Además, Frontex no respondió de manera sustantiva a la sugerencia de que se informara de las mejores prácticas de la Comisión Europea, y las implementara.

En consecuencia, la Defensora del Pueblo Europeo da por terminada la investigación con la conclusión de mala administración.

En cuanto a las demás sugerencias de la Defensora del Pueblo Europeo, Frontex declaró que recientemente ha creado un puesto adicional de media jornada para gestionar las solicitudes de acceso público a documentos, y anunció que redactaría un manual conforme a su sugerencia. En una fase anterior de la investigación, Frontex implementó las propuestas de la Defensora del Pueblo Europeo de revisar su declaración sobre derechos de autor y permitir que los documentos de sus cuentas de acceso público fueran accesibles durante dos años. También aceptó introducir una dirección de correo electrónico específica para la presentación de reclamaciones.

Los reclamantes, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, estaban preocupados porque la Comisión Europea no había evaluado los riesgos para los derechos humanos antes de prestar apoyo a países africanos para desarrollar capacidades de vigilancia, principalmente en el contexto del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África. Los reclamantes alegaban que, antes de acordar el apoyo a proyectos con posibles implicaciones de vigilancia, como las bases de datos biométricos o las tecnologías de control de teléfonos móviles, la Comisión debería llevar a cabo evaluaciones previas de riesgos y de impacto para garantizar que los proyectos no supongan violaciones de los derechos humanos (como el derecho a la intimidad).

Basándose en la investigación, la Defensora del Pueblo Europeo concluyó que las medidas tomadas no eran suficientes para garantizar una evaluación adecuada de las repercusiones en los derechos humanos de los proyectos del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África. Para abordar las deficiencias identificadas, la Defensora del Pueblo Europeo presentó una sugerencia de mejora para garantizar que, en futuros proyectos del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para acciones exteriores, se evalúen previamente las repercusiones en los derechos humanos.