El asunto se refería a la adecuación de la revisión anual por parte de la Comisión Europea de las agencias de crédito a la exportación —organismos nacionales que prestan apoyo financiero a las empresas que operan en mercados de riesgo—, en particular con respecto a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.

El Defensor del Pueblo investigó el asunto y constató que la metodología y los procedimientos de la Comisión podían mejorarse. En particular, el Defensor del Pueblo recomendó que la Comisión entablara un diálogo con los Estados miembros y otras partes interesadas con vistas a mejorar el modelo utilizado por los Estados miembros para elaborar los informes sobre las agencias de crédito a la exportación que deben presentar a la Comisión cada año. El Defensor del Pueblo también recomendó que la Comisión, por su parte, mejorara el contenido de análisis y evaluación de las revisiones anuales de las agencias de crédito a la exportación que presenta al Parlamento Europeo.

La Comisión informó al Defensor del Pueblo de que consultaría al Consejo, al Parlamento y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y colaboraría con la sociedad civil, a fin de aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo. En particular, la Comisión propondrá al Grupo de Trabajo del Consejo sobre Créditos a la Exportación un modelo revisado de lista de comprobación que deberán utilizar los Estados miembros para sus informes anuales. La Comisión también estudiará la posibilidad de elaborar orientaciones pertinentes para la presentación de informes por parte de los Estados miembros.

Dado que las medidas anunciadas por la Comisión abordan adecuadamente las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, esta archivó su investigación, pero pidió a la Comisión que le presentara un informe en el plazo de un año.

El asunto se refería a la adecuación de la revisión anual por parte de la Comisión Europea de las agencias de crédito a la exportación (organismos nacionales que prestan apoyo financiero a las empresas que operan en mercados «riesgosos»), en particular con respecto a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.

El Defensor del Pueblo investigó el asunto y constató que la metodología y los procedimientos de la Comisión podían mejorarse. En particular, sugiere que la Comisión entable un diálogo con los Estados miembros y otras partes interesadas con vistas a mejorar el modelo utilizado por los Estados miembros para elaborar los informes sobre las agencias de crédito a la exportación que deben presentar a la Comisión cada año. El Defensor del Pueblo también propuso que la Comisión, por su parte, mejorara el contenido de análisis y evaluación de las revisiones anuales de las agencias de crédito a la exportación que presenta al Parlamento Europeo.

La Comisión rechazó las propuestas del Defensor del Pueblo principalmente porque considera que su aplicación requeriría una modificación de la legislación vigente. La Defensora del Pueblo no estuvo de acuerdo con la posición de la Comisión y ahora ha formulado recomendaciones a la Comisión en los mismos términos que las de sus propuestas anteriores.  El Defensor del Pueblo considera que la revisión anual de la Comisión, que envía al Parlamento, debe ser algo más que una recopilación del contenido de los informes anuales recibidos de los Estados miembros y que debe contener una evaluación informada y detallada del rendimiento de las agencias de crédito a la exportación, en particular, en lo que respecta al respeto de los derechos humanos y el medio ambiente.

El caso se refería al proyecto de investigación financiado por la UE sobre la evaluación del riesgo de los OMG (conocido como GRACE). El denunciante, un instituto de investigación con sede en Alemania, alegó que varios científicos implicados en el proyecto GRACE se encontraban en una situación de conflicto de intereses debido a sus supuestas relaciones con la industria biotecnológica. Afirmó que la Comisión Europea no había abordado las preocupaciones del denunciante ´ sobre la solidez científica de los resultados del proyecto y la independencia de la publicación científica correspondiente. El denunciante también alegó que la Comisión no había garantizado la objetividad y la independencia del proyecto, en particular la plena transparencia con respecto a los expertos que participaron en su selección.

El Defensor del Pueblo investigó el caso. Coincide con la Comisión en que no debe interferir en la interpretación científica ni en el proceso de publicación de los estudios científicos que financia. El Defensor del Pueblo también llegó a la conclusión de que el mero hecho de que existan vínculos entre los científicos que participan en el proyecto y la industria no demuestra un conflicto de intereses. El Defensor del Pueblo señaló que la Comisión financia a menudo proyectos llevados a cabo por la industria o por grupos con estrechos vínculos con la industria. No obstante, el Defensor del Pueblo sugirió que la Comisión considerara la posibilidad de enviar al reclamante una explicación más completa y exhaustiva de por qué considera que los vínculos entre la industria y los científicos de GRACE no crean una situación de conflicto de intereses.

El Defensor del Pueblo también constató que la Comisión había cumplido todas las disposiciones legales relativas a la publicación de los nombres de los expertos evaluadores que participaron en la selección de los proyectos financiados en el marco del Séptimo Programa Marco. Con vistas a seguir mejorando la transparencia y facilitar el control público, el Defensor del Pueblo sugirió que, en el futuro, la Comisión publicara los nombres de los expertos evaluadores por desgloses que correspondieran a las categorías de temas o ámbitos del Séptimo Programa Marco. El Defensor del Pueblo también sugirió que también se publicaran las declaraciones de intereses de los evaluadores.

El asunto se refería a la gestión por parte de IMI de un supuesto conflicto de intereses en el procedimiento de licitación de un proyecto de investigación sobre los riesgos y beneficios de un programa de vacunación en Europa.

El demandante, miembro de un consorcio que participó en el procedimiento, alegó que IMI no había abordado si todos los miembros de un comité de evaluación eran imparciales. El denunciante alegó que dos miembros tenían vínculos con el consorcio ganador, lo que dio lugar a un conflicto de intereses.

La Defensora del Pueblo constató que el IMI aplicaba correctamente las normas pertinentes y no encontró pruebas de un trato injusto de la propuesta por parte del consorcio del reclamante. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo constató que no había mala administración en relación con este aspecto de la reclamación. El Defensor del Pueblo examinó además si debía permitirse que los expertos en una situación de conflicto de intereses con una propuesta evaluaran una propuesta competidora. La Defensora del Pueblo constató que, dado que las normas seguidas por el IMI fueron elaboradas por la Comisión Europea, no se justifican nuevas investigaciones sobre esta cuestión en el contexto de esta reclamación específica.

El problema en esta queja es el supuesto incumplimiento por parte de la Comisión Europea, al nombrar a un Asesor Especial, de sus propias normas sobre prevención de conflictos de intereses.

En septiembre de 2015, dos ONG denunciaron ante el Defensor del Pueblo que la Comisión no había cumplido su Reglamento cuando nombró a un asesor especial para que asistiera al presidente de la Comisión. El 18 de diciembre de 2014, la Comisión publicó un comunicado de prensa en el que anunciaba el nombramiento de D. Edmund Stoiber como asesor especial del Presidente de la Comisión. Este anuncio se hizo tres meses antes de que el Sr. Stoiber fuera nombrado oficialmente el 4 de marzo de 2015, sin ninguna cláusula de exención de responsabilidad sobre los requisitos administrativos pendientes que aún deben cumplirse. Los denunciantes alegaron que este anuncio prematuro ponía en peligro la capacidad de la Comisión para llevar a cabo una evaluación imparcial y crítica de si la persona en cuestión tenía conflictos de intereses. También se quejaron de que la "declaración de fiabilidad" de la Comisión, una parte esencial del proceso de nombramiento, no mencionaba los puestos que el Asesor Especial ocupaba en Nürnberger, un gran grupo de seguros.  

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y consideró que el comunicado de prensa de la Comisión era incorrecto y engañoso. El Defensor del Pueblo también constató que el anuncio prematuro del nombramiento, sin ninguna cláusula de exención de responsabilidad, planteaba dudas legítimas al público interesado sobre si se había llevado a cabo un examen imparcial y crítico de la cuestión del conflicto de intereses tras el anuncio. El Defensor del Pueblo constató mala administración por parte de la Comisión en ambos casos. El Ombudsman también consideró que la Comisión no había explicado por qué se habían omitido en la "declaración de fiabilidad" los puestos del Asesor Especial nombrado en el grupo de seguros. Encontró que esto también equivalía a mala administración.

Tras haber llamado la atención del Defensor del Pueblo sobre determinadas presuntas irregularidades graves que afectan a la Misión de la UE por el Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo por parte de un fiscal de la EULEX, así como por parte de los medios de comunicación, el Defensor del Pueblo decidió iniciar una investigación por iniciativa propia con el fin de evaluar si el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la EULEX habían investigado adecuadamente o están investigando adecuadamente estas acusaciones.

Con el fin de determinar qué medidas debía adoptar, la Defensora del Pueblo inspeccionó el expediente del SEAE/EULEX relativo al asunto. La inspección puso de manifiesto que la EULEX había llevado a cabo una investigación interna preliminar y había contratado a un fiscal externo para investigar las irregularidades. Además, el SEAE ha nombrado a un experto experimentado para que revise el mandato de EULEX desde un punto de vista sistémico, prestando especial atención a las alegaciones formuladas.

La Defensora del Pueblo observó que la EULEX no seguía el procedimiento habitual para investigar esas denuncias. También consideró que debía examinarse la forma en que se contrataba al fiscal externo. Sin embargo, dado que el experto recientemente nombrado por la Alta Representante de la UE ha dejado claro que estas cuestiones formarán parte de la revisión que llevará a cabo, la Defensora del Pueblo consideró que no era necesario adoptar nuevas medidas por su parte en la actualidad.

El caso se refería a supuestos conflictos de intereses en el grupo de trabajo científico de la Comisión encargado de elaborar un dictamen sobre la seguridad y el rendimiento de las amalgamas dentales y sus alternativas. El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y constató, en el caso que nos ocupa, que no había habido mala administración en lo que respecta a la evaluación por la Comisión de la independencia y la idoneidad de los miembros del grupo de trabajo.

El Defensor del Pueblo aprovechó la oportunidad para comentar algunos aspectos más generales del caso. La Defensora del Pueblo subrayó la importancia de garantizar que el asesoramiento científico, proporcionado por expertos que trabajan con los comités científicos de la Comisión, sea independiente y objetivo. Incluso la percepción de que tal asesoramiento científico puede no ser independiente y objetivo puede ser muy perjudicial. Por consiguiente, la Comisión debe velar no sólo por que dichos dictámenes científicos sean plenamente independientes y objetivos, sino también por que se despejen las dudas razonables en cuanto a la independencia y objetividad de dichos dictámenes.

Por lo tanto, la Defensora del Pueblo considera que es importante que la Comisión establezca procedimientos muy sólidos que garanticen que los expertos declaren todos sus intereses. La Comisión debe evaluar cuidadosamente todos estos intereses. Debe llevar a cabo estos procedimientos de la manera más transparente posible. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo acoge con gran satisfacción el hecho de que la Comisión esté elaborando «Directrices relativas a la tramitación de las declaraciones de intereses de los miembros, expertos externos y expertos ad hoc que participan en las actividades de los Comités científicos», con el objetivo de explicar de manera transparente cómo se realiza la evaluación de los intereses de los expertos. La Defensora del Pueblo ha pedido a la Comisión que la mantenga actualizada sobre el progreso de la redacción y las directrices finales.

El asunto se refería a un supuesto conflicto de intereses de un antiguo Comisario en una decisión de la Comisión de no investigar una denuncia de defensa de la competencia presentada a la Comisión. La denuncia antimonopolio presentada a la Comisión alegaba una infracción de las normas de competencia de la UE por parte de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol («UEFA»). El demandante consideró que el Reglamento de la UEFA sobre licencias de clubes y juego limpio financiero («el FFP») es ilegal en la medida en que exige que, durante un período de tres años, los ingresos pertinentes de un club de fútbol tengan que igualar al menos sus gastos pertinentes. La Comisión decidió no investigar la denuncia alegando que la cuestión no constituía una prioridad para ella. En opinión del demandante, esta decisión fue influida por el Comisario encargado, que tenía un conflicto de intereses, ya que era un "asociado" y un firme partidario de un club en particular para el que la FFP es ventajosa.

La Comisión alegó que el antiguo Comisario no tenía vínculos jurídicos, financieros, organizativos o de otro tipo con el club de fútbol en cuestión. Añadió que la declaración conjunta hecha por el Comisionado y el presidente de la UEFA no tenía ninguna relación con la queja del demandante, ya que no expresó ningún punto de vista sobre la FFP desde el punto de vista antimonopolio.

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y no constató mala administración por parte de la Comisión. Por lo tanto, cerró el caso.