A los denunciantes, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, les preocupaba que la Comisión Europea no garantizara que se evaluaran los riesgos para los derechos humanos antes de prestar apoyo a los países africanos para desarrollar capacidades de vigilancia, en particular en el contexto del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (EUTFA). Los denunciantes sostuvieron que, antes de aceptar apoyar proyectos con posibles implicaciones de vigilancia, como la introducción de bases de datos biométricas o tecnologías de seguimiento de teléfonos móviles, la Comisión debería haber llevado a cabo evaluaciones previas de riesgos e impacto para garantizar que los proyectos no se traduzcan en violaciones de los derechos humanos (como el derecho a la privacidad).

Sobre la base de la investigación, la Defensora del Pueblo llegó a la conclusión de que las medidas en vigor no eran suficientes para garantizar que se evaluara adecuadamente el impacto en los derechos humanos de los proyectos del EUFTA. Para subsanar las deficiencias detectadas, la Defensora del Pueblo hizo una sugerencia de mejora a fin de garantizar que, para futuros proyectos del Fondo Fiduciario de la UE, exista una evaluación previa del impacto en los derechos humanos.