El caso se refería a la forma en que la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) tramitó una denuncia presentada por un miembro del personal contratado a través de un contratista externo, alegando acoso psicológico por parte de su supervisor.

La Defensora del Pueblo constató que la EUSPA se tomó en serio las alegaciones, abrió una investigación administrativa, entrevistó a las personas y testigos pertinentes y llegó a una conclusión tras dicha investigación. De este modo, la EUSPA siguió el marco procedimental vigente. La Defensora del Pueblo no encontró indicios de error manifiesto de apreciación y, por tanto, de mala administración en la tramitación por parte de la EUSPA de la reclamación por acoso.

No obstante, el Defensor del Pueblo sugirió a la EUSPA que desarrollara mejores métodos de comunicación para este tipo de reclamaciones por acoso, a fin de garantizar que las personas no cubiertas por las garantías procesales del Estatuto de los funcionarios de la UE reciban información clara y coherente a lo largo de todo el procedimiento, incluida una motivación adecuada cuando se cierre el procedimiento.

The case concerned how the European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) handled a complaint by a staff member hired through an external contractor, alleging psychological harassment by their supervisor.

The Ombudsman found that EUSPA took the allegations seriously, opened an administrative inquiry, interviewed relevant persons and witnesses, and reached a conclusion following that inquiry. EUSPA thereby followed the procedural framework in place. The Ombudsman found no indication of a manifest error of assessment and thus no maladministration in EUSPA’s handling of the harassment complaint.

The Ombudsman nevertheless made a suggestion to EUSPA to develop better methods of communication for this type of harassment complaint, to ensure that persons not covered by the procedural safeguards in the EU Staff Regulations receive clear and consistent information throughout the procedure, including proper reasoning when the procedure is closed.

El asunto se refería a la forma en que la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) gestionó el restablecimiento del reclamante tras un período de permiso por motivos personales. La denunciante consideró que la AESM no la había reincorporado lo antes posible después de solicitar su reincorporación al trabajo en 2022 y alegó que, en consecuencia, su antigüedad y su escalón salarial deberían volver a calcularse como si hubiera sido reincorporada a partir de esa fecha.

La Defensora del Pueblo constató que la AESM había evaluado la idoneidad de la reclamante para todas las vacantes pertinentes que surgieron durante el período en cuestión y le había dado la consideración prioritaria requerida con arreglo a las normas aplicables. La Defensora del Pueblo no encontró pruebas de un error manifiesto en la evaluación de la AESM de que esas vacantes no fueran adecuadas para la reclamante y, por lo tanto, no encontró ninguna base para concluir que su reincorporación se hubiera retrasado indebidamente. No obstante, la investigación puso de relieve la importancia de contar con información clara, un seguimiento periódico y una documentación sólida en los casos en que se retrase la reincorporación tras una excedencia por motivos personales.

La Defensora del Pueblo archivó la investigación con la conclusión de que no había mala administración. Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo sugirió mejoras para que la AESM garantice que los miembros del personal que soliciten permisos por motivos personales superiores a seis meses estén claramente informados de los posibles riesgos de un retraso en la reincorporación y que los miembros del personal que esperan la reincorporación reciban actualizaciones periódicas sobre cómo se evalúan sus perfiles en relación con las vacantes disponibles.

El denunciante es una empresa polaca que es objeto de una investigación por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre un posible fraude contra el presupuesto de la UE. El reclamante expresó su preocupación por la forma en que la OLAF llevó a cabo un «control sobre el terreno» en los locales del reclamante. En particular, el demandante alegó que: su consejo de administración no había sido informado de la inspección; uno de los «investigadores» de la OLAF que llevó a cabo el control no había aportado pruebas suficientes de su identidad en el contexto del Derecho polaco; la autenticidad de la autorización de la OLAF para llevar a cabo el control no podía verificarse; y los investigadores habían demostrado parcialidad contra el demandante.

El Defensor del Pueblo no constató mala administración en la forma en que la OLAF había llevado a cabo el control sobre el terreno.

El asunto se refería a la forma en que la Comisión Europea tramitó una denuncia de infracción relativa a la forma en que Francia deduce las cotizaciones a la seguridad social de las pensiones suizas de los pensionistas residentes en Francia. El denunciante alegó que la Comisión había malinterpretado la denuncia y no había abordado las cuestiones planteadas.

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión no había tramitado adecuadamente la reclamación por infracción. Al incluir la denuncia del denunciante en un procedimiento de infracción en curso, en el contexto de un procedimiento EU Pilot, la Comisión no había abordado las cuestiones específicas planteadas por el denunciante. No obstante, dado que la Comisión había abordado las cuestiones planteadas por el demandante en el contexto de otra reclamación, el Defensor del Pueblo constató que no estaban justificadas más investigaciones en este caso.

Para evitar que estas cuestiones surjan en el futuro, el Defensor del Pueblo sugirió que, si la Comisión decide añadir una reclamación a un procedimiento de infracción en curso, en particular en el contexto de un procedimiento EU Pilot, debe garantizar que aborda adecuadamente las cuestiones específicas planteadas en dicha reclamación.

A los denunciantes, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, les preocupaba que la Comisión Europea no evaluara los riesgos para los derechos humanos antes de prestar apoyo a los países africanos para desarrollar capacidades de vigilancia, en particular en el contexto del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (EUTFA). Los denunciantes sostuvieron que, antes de aceptar apoyar proyectos con posibles implicaciones de vigilancia, como bases de datos biométricas o tecnologías de seguimiento de teléfonos móviles, la Comisión debería haber llevado a cabo evaluaciones previas de riesgos e impacto para garantizar que los proyectos no den lugar a violaciones de los derechos humanos (como el derecho a la privacidad).

Sobre la base de la investigación, la Defensora del Pueblo llegó a la conclusión de que las medidas en vigor no eran suficientes para garantizar que se evaluara adecuadamente el impacto en los derechos humanos de los proyectos del EUFTA. Para subsanar las deficiencias detectadas, la Defensora del Pueblo hizo una sugerencia de mejora a fin de garantizar que, para futuros proyectos del Fondo Fiduciario de la UE, exista una evaluación previa del impacto en los derechos humanos.

El caso versaba sobre la información facilitada por la Comisión Europea sobre el estado de dos denuncias por infracción.

La Defensora del Pueblo consideró que la Comisión podría haber facilitado información más exhaustiva sobre el estado de una de las denuncias, especialmente en relación con el «procedimiento de denuncia múltiple» en curso relativo a algunas de las cuestiones planteadas en dicha denuncia. No obstante, la Comisión tramitó las denuncias de manera razonable.

La Defensora del Pueblo dio por concluida la investigación con la conclusión de que no hubo mala administración.