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El caso versaba sobre la información facilitada por la Comisión Europea sobre el estado de dos denuncias por infracción.

La Defensora del Pueblo consideró que la Comisión podría haber facilitado información más exhaustiva sobre el estado de una de las denuncias, especialmente en relación con el «procedimiento de denuncia múltiple» en curso relativo a algunas de las cuestiones planteadas en dicha denuncia. No obstante, la Comisión tramitó las denuncias de manera razonable.

La Defensora del Pueblo dio por concluida la investigación con la conclusión de que no hubo mala administración.

The case concerned the decision of the European Personnel Selection Office (EPSO) not to allow a candidate, who was placed in COVID-19 quarantine, to reschedule her test in the context of a selection procedure for contract agent staff (CAST Permanent selection procedure).

The Ombudsman found that EPSO provided reasonable explanations as to why it was not able to provide an alternative testing date to the complainant. On that basis, the Ombudsman closed the inquiry with a finding that there was no maladministration by EPSO.

Los reclamantes, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, estaban preocupados porque la Comisión Europea no había evaluado los riesgos para los derechos humanos antes de prestar apoyo a países africanos para desarrollar capacidades de vigilancia, principalmente en el contexto del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África. Los reclamantes alegaban que, antes de acordar el apoyo a proyectos con posibles implicaciones de vigilancia, como las bases de datos biométricos o las tecnologías de control de teléfonos móviles, la Comisión debería llevar a cabo evaluaciones previas de riesgos y de impacto para garantizar que los proyectos no supongan violaciones de los derechos humanos (como el derecho a la intimidad).

Basándose en la investigación, la Defensora del Pueblo Europeo concluyó que las medidas tomadas no eran suficientes para garantizar una evaluación adecuada de las repercusiones en los derechos humanos de los proyectos del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África. Para abordar las deficiencias identificadas, la Defensora del Pueblo Europeo presentó una sugerencia de mejora para garantizar que, en futuros proyectos del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para acciones exteriores, se evalúen previamente las repercusiones en los derechos humanos.

The case concerned how the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) evaluated tenders in two procurement procedures for the provision of translation services. The complainant argued that the CdT was inconsistent in its evaluation, given that it had assessed its tenders differently in the past. It also argued that the CdT had wrongly assessed the complainant’s tenders against two criteria set out in the calls for tenders.

The Ombudsman found that the CdT correctly followed the methodology it put in place for assessing the tenders in the two procedures. She also took the view that there was no indication of a manifest error in how the CdT assessed the complainant’s tenders.

On that basis, the Ombudsman considered that there was no maladministration by the CdT and she closed the case. Nevertheless, the Ombudsman trusts that the CdT will provide more detailed information to tenderers about its assessment in future procedures, as clearer information at an early stage may reduce the risk of complaints such as the one that led to this inquiry.