El denunciante es una empresa polaca que es objeto de una investigación por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre un posible fraude contra el presupuesto de la UE. El reclamante expresó su preocupación por la forma en que la OLAF llevó a cabo un «control sobre el terreno» en los locales del reclamante. En particular, el demandante alegó que: su consejo de administración no había sido informado de la inspección; uno de los «investigadores» de la OLAF que llevó a cabo el control no había aportado pruebas suficientes de su identidad en el contexto del Derecho polaco; la autenticidad de la autorización de la OLAF para llevar a cabo el control no podía verificarse; y los investigadores habían demostrado parcialidad contra el demandante.

El Defensor del Pueblo no constató mala administración en la forma en que la OLAF había llevado a cabo el control sobre el terreno.

El asunto se refería a la forma en que la Comisión Europea tramitó una denuncia de infracción relativa a la forma en que Francia deduce las cotizaciones a la seguridad social de las pensiones suizas de los pensionistas residentes en Francia. El denunciante alegó que la Comisión había malinterpretado la denuncia y no había abordado las cuestiones planteadas.

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión no había tramitado adecuadamente la reclamación por infracción. Al incluir la denuncia del denunciante en un procedimiento de infracción en curso, en el contexto de un procedimiento EU Pilot, la Comisión no había abordado las cuestiones específicas planteadas por el denunciante. No obstante, dado que la Comisión había abordado las cuestiones planteadas por el demandante en el contexto de otra reclamación, el Defensor del Pueblo constató que no estaban justificadas más investigaciones en este caso.

Para evitar que estas cuestiones surjan en el futuro, el Defensor del Pueblo sugirió que, si la Comisión decide añadir una reclamación a un procedimiento de infracción en curso, en particular en el contexto de un procedimiento EU Pilot, debe garantizar que aborda adecuadamente las cuestiones específicas planteadas en dicha reclamación.

El caso versaba sobre la información facilitada por la Comisión Europea sobre el estado de dos denuncias por infracción.

La Defensora del Pueblo consideró que la Comisión podría haber facilitado información más exhaustiva sobre el estado de una de las denuncias, especialmente en relación con el «procedimiento de denuncia múltiple» en curso relativo a algunas de las cuestiones planteadas en dicha denuncia. No obstante, la Comisión tramitó las denuncias de manera razonable.

La Defensora del Pueblo dio por concluida la investigación con la conclusión de que no hubo mala administración.

El asunto se refería a la decisión de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de no permitir que una candidata que se encontraba en cuarentena por la COVID-19 reprogramara su prueba en el contexto de un procedimiento de selección de agentes contractuales (procedimiento de selección permanente CAST).

La Defensora del Pueblo constató que la EPSO proporcionó explicaciones razonables de por qué no pudo proporcionar una fecha de prueba alternativa al reclamante. Sobre esta base, la Defensora del Pueblo archivó la investigación con la conclusión de que no había mala administración por parte de la EPSO.

A los denunciantes, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, les preocupaba que la Comisión Europea no evaluara los riesgos para los derechos humanos antes de prestar apoyo a los países africanos para desarrollar capacidades de vigilancia, en particular en el contexto del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (EUTFA). Los denunciantes sostuvieron que, antes de aceptar apoyar proyectos con posibles implicaciones de vigilancia, como bases de datos biométricas o tecnologías de seguimiento de teléfonos móviles, la Comisión debería haber llevado a cabo evaluaciones previas de riesgos e impacto para garantizar que los proyectos no den lugar a violaciones de los derechos humanos (como el derecho a la privacidad).

Sobre la base de la investigación, la Defensora del Pueblo llegó a la conclusión de que las medidas en vigor no eran suficientes para garantizar que se evaluara adecuadamente el impacto en los derechos humanos de los proyectos del EUFTA. Para subsanar las deficiencias detectadas, la Defensora del Pueblo hizo una sugerencia de mejora a fin de garantizar que, para futuros proyectos del Fondo Fiduciario de la UE, exista una evaluación previa del impacto en los derechos humanos.