El reclamante solicitó a la Comisión Europea acceso público a mensajes de texto y otros documentos relativos a los debates entre el presidente de la Comisión y el director ejecutivo de una empresa farmacéutica sobre la compra de vacunas contra la COVID-19. En respuesta, la Comisión dijo que no identificaba ningún mensaje de texto incluido en la solicitud.

En el contexto de la investigación de la Defensora del Pueblo, se puso de manifiesto que la Comisión no considera que los mensajes de texto estén generalmente sujetos a sus criterios internos de inscripción en su registro de documentos, debido al carácter «corto» de su contenido. Al tramitar la solicitud, la Comisión había pedido al gabinete del presidente de la Comisión que identificara únicamente los documentos que cumplieran sus criterios de registro. Como tal, el despacho personal del presidente de la Comisión no estaba obligado a identificar ningún mensaje de texto, por lo que la Comisión no evaluó si tales mensajes debían divulgarse.

El Defensor del Pueblo consideró que se trataba de mala administración. Para abordar esta cuestión, recomendó que la Comisión pidiera al gabinete personal de la presidenta de la Comisión que volviera a buscar mensajes de texto pertinentes, dejando claro que la búsqueda no debe limitarse a documentos registrados o documentos que cumplan sus criterios de registro. En caso de que posteriormente se identifique algún mensaje de texto, insta a la Comisión a que evalúe si se puede conceder acceso público.

En respuesta, la Comisión no informó al Defensor del Pueblo de si había vuelto a buscar mensajes de texto que no habían sido registrados en su registro y no dio ninguna razón por la que no hubiera buscado tales mensajes. En este contexto, la Defensora del Pueblo confirmó su constatación de mala administración.