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Decision on how the European Food Safety Authority (EFSA) dealt with a request for public access to documents related to a proposal to restrict lead in ammunition (case 2124/2021/MIG)

Lunes | 14 noviembre 2022

The case concerned a request for public access to documents held by the European Food Safety Authority (EFSA) concerning lead in ammunition. EFSA took more than seven months to deal with the request, extending the deadline on various occasions, which prevented the complainant from using the documents in preparing a contribution to a public consultation organised by another EU agency.

The Ombudsman opened an inquiry and found maladministration in how EFSA had dealt with the complainant’s access request and, specifically, its failure to comply with the time limits set out in the EU legislation on public access to documents. She recommended that EFSA should cease its practice of extending the prescribed time limits beyond 30 working days when proposing a ‘fair solution’. She also recommended that EFSA should provide applicants at an early stage with a list of the documents it identifies where an access request is formulated in broad terms. 

EFSA replied positively to the Ombudsman’s recommendations, committing itself to changing its rules and practices to ensure that requests for public access to documents are processed swiftly. The Ombudsman closed the inquiry, welcoming EFSA’s positive response and the steps it has already taken and intends to take to implement her recommendations.

Decisión sobre cómo la Comisión Europea tramitó una solicitud de acceso público a documentos relacionados con negociaciones para la contratación pública de vacunas contra la COVID-19 (caso 2206/2021/MIG)

Lunes | 18 julio 2022

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos relacionados con las negociaciones de la Comisión Europea con empresas farmacéuticas en relación con la contratación pública de vacunas contra la COVID-19. A raíz de una investigación anterior de la Defensora del Pueblo, la Comisión comenzó a revisar un mayor número de los documentos cubiertos por la solicitud y concedió al reclamante acceso a partes de los documentos que había revisado. Prometió seguir el tratamiento de la solicitud a su debido tiempo.

El reclamante consideró que la Comisión había incumplido su promesa. La Defensora del Pueblo inició una investigación y solicitó a la Comisión que explicase cómo estaba tramitando la solicitud del reclamante, teniendo en cuenta su investigación anterior. En el curso de la investigación, la Comisión formuló una decisión sobre los documentos restantes a los que el reclamante solicitaba acceso. También volvió a evaluar los documentos (acuerdos de adquisición anticipada) que anteriormente había divulgado en parte y concedió un mayor acceso a los mismos, incluido su sitio web.

En este contexto, la Defensora del Pueblo consideró que no estaban justificadas ulteriores investigaciones en esta fase y archivó el asunto, instando a la Comisión a proseguir sus esfuerzos con vistas a una mayor transparencia en las negociaciones relacionadas con la vacuna.

 

Decisiónión sobre la negativa de la Comisión Europea a facilitar el acceso público a mensajes de texto intercambiados entre la presidenta de la Comisión y el director ejecutivo de una empresa farmacéutica sobre la adquisición de una vacuna contra la COVID-19 (asunto 1316/2021/MIG)

Martes | 12 julio 2022

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a mensajes de texto intercambiados entre la presidenta de la Comisión y el director ejecutivo de una empresa farmacéutica sobre la adquisición de una vacuna contra la COVID-19 El reclamante aludía a un artículo en el New York Times que hacía referencia a dichos mensajes de texto. La Comisión declaró que no estaba en poder de los mensajes de texto.

La investigación de la Defensora del Pueblo puso de manifiesto que la Comisión había solicitado a la oficina privada de la presidenta (su gabinete) que buscase solo aquellos documentos que cumplían los criterios para el registro establecidos por la Comisión. La Comisión no registra mensajes de texto, por lo que la búsqueda no arrojó ningún resultado. Así pues, la Comisión no había intentado identificar ningún mensaje de texto más allá de lo que se hubiera registrado en su sistema de gestión de registros, y por ello ni siquiera había evaluado si alguno de tales mensajes de texto debía ser divulgado.

La Defensora del Pueblo consideró que esto era constitutivo de mala administración. Para abordar esta cuestión, recomendó a la Comisión que pidiera al gabinete de la presidenta de la Comisión volver a buscar los mensajes de texto pertinentes, especificando claramente que la búsqueda no debe limitarse a los documentos registrados o a los documentos que cumplan sus criterios de registro. En caso de que se detectaran mensajes de texto, la Comisión debería evaluar si se puede conceder al denunciante acceso público a los mismos, de conformidad con el Derecho de la UE.

En respuesta, la Comisión no informó a la Defensora del Pueblo de si había llevado a cabo esa búsqueda de mensajes de texto no registrados. La Comisión no proporcionó ninguna explicación para no haber llevado a cabo una investigación.

En este contexto, la Defensora del Pueblo confirmó su apreciación de existencia de mala administración.