El denunciante expresó su preocupación por la selección de proyectos de gas como parte de los «proyectos de importancia regional» de la Comunidad de la Energía, una organización internacional para la cooperación en materia de energía entre la UE y los países de los Balcanes Occidentales y de la región del Mar Negro. Estos proyectos de infraestructura pueden beneficiarse de la racionalización de los procedimientos de concesión de autorizaciones y de la asignación transfronteriza de costes, y se espera que cumplan los criterios establecidos en el Reglamento sobre las redes transeuropeas de energía (RTE-E) de la UE.

Dado que la Comisión Europea representa a la UE en la Comunidad de la Energía, la investigación de la Defensora del Pueblo buscó establecer cómo garantiza la Comisión que la sostenibilidad de los proyectos de gas se evalúe adecuadamente antes de que se incluyan en la lista de proyectos prioritarios.

La Defensora del Pueblo consideró satisfactorias las explicaciones de la Comisión sobre cómo verifica que se evalúa la sostenibilidad de los proyectos, y archivó el caso con la conclusión de que no había mala administración. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que la evaluación de la sostenibilidad puso de relieve el riesgo de que los proyectos de gas «excluyan» las fuentes de energía renovables. En este contexto, el Defensor del Pueblo instó a la Comisión a que siguiera atentamente esta preocupación.

En el contexto de esta investigación, la Comisión también presentó información actualizada sobre sus esfuerzos por mejorar la forma en que se evalúa la sostenibilidad de los «proyectos de interés común» (PIC) del gas, que fue objeto de una investigación previa del Defensor del Pueblo. La Comisión señaló que la sostenibilidad de todos los proyectos se había evaluado y tenido en cuenta en la quinta lista de PIC.