La Defensora del Pueblo Europea ha pedido a la Comisión Europea que aporte más claridad en torno a las directrices destinadas a ayudar a la aplicación de la Ley de IA después de que un denunciante señalara posibles discrepancias entre los requisitos impuestos por la Ley y el Código de buenas prácticas para los modelos de IA de uso general.

El denunciante, diputado al Parlamento Europeo, se había puesto en contacto con la Comisión en relación con el hecho de que, si bien la Ley de IA exige a los proveedores que mantengan información actualizada sobre el consumo de energía utilizado en los modelos de IA de uso general, incluido su desarrollo, el Código de Buenas Prácticas parece eximirlos de esta obligación en determinadas circunstancias.

La demandante se dirigió a la Defensora del Pueblo después de que la Comisión dijera que su función se limita a decidir si el Código en su conjunto es adecuado o no, en lugar de, como había sugerido la demandante, modificar el Código para adaptarlo a la Ley de IA. El denunciante también sugirió que la Comisión aprobara el Código mediante un acto de ejecución que garantizara su aplicación uniforme en toda la UE.

Al iniciar la investigación, la Defensora del Pueblo pidió a la Comisión que abordara las preocupaciones específicas del reclamante sobre los requisitos de notificación del consumo de energía y aclarara su posición de que no está facultada para evaluar elementos individuales del código.

La Defensora del Pueblo también solicitó a la Comisión el razonamiento que aplicaría a la hora de decidir si aprueba el Código de buenas prácticas mediante la adopción de un acto de ejecución, lo que le daría «validez general» en la UE.

Solicitó que se celebrara una primera reunión para debatir estas cuestiones a más tardar el 20 de marzo de 2026.

Antecedentes

La Ley de Inteligencia Artificial de la UE entró en vigor en agosto de 2024 y tiene por objeto regular la forma en que se desarrollan y utilizan los sistemas de IA.

El Código de buenas prácticas es un conjunto de directrices elaboradas por las partes interesadas, incluidas la industria, la sociedad civil y el mundo académico, para ayudar a los proveedores de sistemas de IA a cumplir los requisitos de la Ley de IA.