El reclamante, diputado al Parlamento Europeo, expresó su preocupación ante la Comisión Europea en relación con las disposiciones del Código de Buenas Prácticas para la aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial en relación con la IA de uso general, específicamente en lo que respecta al consumo de energía. En particular, señaló supuestas discrepancias entre los requisitos impuestos por la Ley a los proveedores de sistemas de IA de uso general y las disposiciones correspondientes del Código de buenas prácticas, que tiene por objeto ayudar a estos proveedores en la aplicación de la Ley.

Tras una investigación, la Defensora del Pueblo constató que la Comisión había explicado razonablemente cómo su Oficina de IA tiene la intención de evaluar el consumo de energía de los sistemas de IA de uso general en situaciones en las que su proveedor carece de la información necesaria para realizar una estimación. Encontró que, por lo tanto, la Comisión había proporcionado las garantías necesarias de que cumpliría el objetivo subyacente del Reglamento de Inteligencia Artificial a este respecto. La Defensora del Pueblo también señaló que el Código de buenas prácticas pretende ser una solución temporal, que puede mejorarse aún más y es probable que se sustituya por instrumentos específicos, como normas armonizadas. Como consecuencia de ello, el Defensor del Pueblo dio por concluida la investigación.