El denunciante pidió a la Comisión Europea que concediera acceso público a los documentos relacionados con su propuesta de aplicación del «procedimiento del Estado de Derecho» en Hungría (propuesta de Decisión del Consejo basada en el Reglamento sobre condicionalidad). La Comisión identificó catorce documentos que entraban en el ámbito de aplicación de la solicitud y divulgó todos menos partes de tres de estos documentos. Al denegar el acceso a estas partes, invocó dos excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso público a los documentos, alegando que la divulgación podría socavar los procedimientos judiciales en curso y su proceso de toma de decisiones.

Tras una inspección de los documentos en cuestión y dos reuniones celebradas por su equipo con representantes de la Comisión, la Defensora del Pueblo no quedó convencida del razonamiento de la Comisión para invocar las excepciones. Propone que la Comisión conceda un acceso público más amplio a los documentos.

La Comisión aceptó la propuesta del Defensor del Pueblo y dio pleno acceso a los documentos solicitados.