El asunto se refería a la forma en que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) trataba a un subcontratista que proporcionaba conocimientos especializados y servicios en el sector de las tecnologías de la información. Según el denunciante, no se le pagó en su totalidad por el trabajo que había realizado. Después de que las negociaciones del reclamante con el contratista principal permanecieran infructuosas, el reclamante se dirigió al Defensor del Pueblo, cuestionando la forma en que el SEAE manejó el litigio en cuestión.

El Defensor del Pueblo recordó que la ausencia de una relación contractual directa entre una institución de la UE y un subcontratista no exime al primero, en su calidad de autoridad pública, de su obligación de respetar el derecho fundamental del subcontratista a una buena administración. Esta obligación incluye, entre otras cosas, el deber de la institución de la UE de supervisar el comportamiento de su contratista y, en caso necesario, de insistir en que el contratista cumpla sus obligaciones con respecto al subcontratista. En el caso que nos ocupa, la Defensora del Pueblo señaló que el SEAE se había asegurado de que el contratista principal comunicara diligentemente al subcontratista sus requisitos en materia de prestaciones y documentación y de que el SEAE hubiera efectuado pagos por el trabajo validado realizado. En general, el SEAE había realizado múltiples esfuerzos para encontrar una solución a las diferentes cuestiones de subcontratación.

La Defensora del Pueblo concluyó así la investigación con la conclusión de que no hubo mala administración por parte del SEAE.

El asunto se refería a la forma en que la Comisión Europea tramitó una reclamación administrativa sobre la decisión de la Oficina Pagadora de la Comisión (PMO) de no pagar al denunciante determinados subsidios familiares con carácter retroactivo.

El Defensor del Pueblo consideró que la Comisión debería haber sido más clara en su comunicación con el reclamante y que la forma en que tramitó la reclamación administrativa no se ajustaba a los principios de buena administración.

Teniendo en cuenta que la Comisión ha insistido en que, en ningún caso, abonaría las indemnizaciones al reclamante con carácter retroactivo, el Defensor del Pueblo decide que no están justificadas nuevas investigaciones sobre esta reclamación.

El asunto se refería a la negativa de la Delegación de la UE en Argelia a pagar los costes adicionales en que incurrió un contratista durante la pandemia de COVID-19. Como resultado de un «procedimiento de solución amistosa» sobre el asunto, la Delegación de la UE confirmó que algunos costes podían reembolsarse al reclamante, pero sostuvo que otros costes incurridos no podían.  

El Defensor del Pueblo constató que el demandante y la Comisión Europea discrepaban esencialmente sobre la interpretación de las disposiciones contractuales aplicables. En tales casos, no corresponde al Defensor del Pueblo determinar cómo debe interpretarse el contrato, sino más bien a un tribunal. El Defensor del Pueblo consideró que la posición de la Comisión no era irrazonable. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archivó el asunto con la conclusión de que no había mala administración.

El asunto se refería a la forma en que una delegación de la UE tramitó una reclamación de una empresa de apartahoteles por el pago de una compensación por una reserva realizada para uno de sus miembros del personal para un viaje de negocios después de que el miembro del personal no se presentara a la reserva.

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión e invitó al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que tiene determinadas responsabilidades en relación con las delegaciones de la UE, a que considerara la posibilidad de efectuar un pago compensatorio. En respuesta, el SEAE aceptó pagar un importe equivalente a una estancia de dos noches, lo que el reclamante aceptó.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archivó el asunto basándose en que había sido resuelto.  

El reclamante es un intérprete independiente que expresó su preocupación por la forma en que el Parlamento Europeo cumplió sus obligaciones contractuales en relación con la prestación de servicios de interpretación a distancia al Parlamento Europeo durante la pandemia de COVID-19.

El Defensor del Pueblo consideró que el Parlamento había proporcionado explicaciones razonables sobre su posición y dio por concluida la investigación con la conclusión de que no había habido mala administración.