El caso se refería a la forma en que la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) abordó las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales en sus actividades en la isla griega de Samos. A los denunciantes les preocupaba que la forma en que los trabajadores sociales desplegados en los equipos de apoyo al asilo de la EUAA realizaban entrevistas con solicitantes de asilo vulnerables fuera contraria al Derecho de la UE, y que la EUAA no hubiera abordado esta cuestión. Además, a los denunciantes les preocupaba la forma en que la EUAA tramitaba los informes de devoluciones forzosas de los solicitantes de asilo.

La Defensora del Pueblo constató que, en el momento de la reclamación, la EUAA no había garantizado que los trabajadores sociales desplegados en sus equipos de apoyo al asilo estuvieran preparados para llevar a cabo adecuadamente entrevistas con solicitantes de asilo vulnerables, en particular en lo que respecta a la forma de tener en cuenta los indicadores de vulnerabilidad cuando surgen por primera vez durante la entrevista de asilo. Además, el Defensor del Pueblo constató que la EUAA no había proporcionado a los solicitantes de asilo vulnerables un procedimiento adecuado para notificar los errores cometidos durante las entrevistas ni para que la EUAA revisara dichos informes. El Defensor del Pueblo constató que esto constituía mala administración y formuló cuatro recomendaciones a la AAUE para subsanar las deficiencias.

La Defensora del Pueblo también envió estas recomendaciones a sus homólogos de la Red Europea de Defensores del Pueblo (ENO), solicitando su opinión sobre cómo se garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales en la cooperación entre los trabajadores sociales de la EUAA y los funcionarios nacionales de asilo.

Además, el Defensor del Pueblo detectó importantes deficiencias en relación con la forma en que la AAUE trató la divulgación por parte de los solicitantes de asilo de las experiencias de devoluciones forzosas durante las entrevistas. Dado que la AAUE comenzó a aplicar medidas para subsanar estas deficiencias durante la investigación de la Defensora del Pueblo, no constató mala administración, sino que formuló dos sugerencias de mejora.

El asunto se refería a cómo la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) garantizó un proceso de revisión eficaz de una propuesta de proyecto rechazada para recibir financiación de la UE. La denunciante alegó que, a pesar de sus intentos de obtener asistencia del servicio de asistencia informática pertinente, el sistema para presentar una solicitud de revisión, aunque la cuenta en línea no funcionaba, privándola así de la posibilidad de solicitar una revisión.

El Defensor del Pueblo constató que la CINEA facilitó información clara al reclamante sobre cómo solicitar una revisión de la evaluación y qué hacer en caso de problemas. La demandante no aportó ninguna prueba de los problemas técnicos que había encontrado y no hubo indicios de ningún problema técnico con el sistema en línea durante el período pertinente. El denunciante no se puso en contacto con el servicio de asistencia informática para solicitar más ayuda, aunque todavía había tiempo para hacerlo.

La Defensora del Pueblo concluyó así la investigación con la conclusión de que no hubo mala administración por parte de la CINEA.

El caso se refería a una empresa consultora que estaba siendo investigada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por presuntas irregularidades en proyectos financiados por la UE. La OLAF informó a la empresa de que había cerrado la investigación y presentó recomendaciones financieras y administrativas a la Comisión. Aunque la OLAF informó a la empresa de que podía dirigirse al controlador de garantías procedimentales de la OLAF, la OLAF no proporcionó información clara sobre el plazo aplicable para presentar una reclamación. Esto significaba que la empresa presentó la queja después de la fecha límite, y el controlador rechazó la queja.

El Defensor del Pueblo constató que, al no facilitar al reclamante información clara, en particular sobre la fecha de cierre de la investigación, la OLAF actuó con mala administración. Sin embargo, el Defensor del Pueblo consideró que no se había formulado ninguna recomendación adecuada para abordar esta cuestión en relación con el demandante. No obstante, formuló una sugerencia encaminada a evitar que ese problema se produjera en futuros casos similares.

El denunciante no estaba satisfecho con la forma en que la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) había abordado sus preocupaciones sobre la falta de transparencia en sus procedimientos de selección de personal. Afirmó, entre otras cosas, que la AECP no informó a los candidatos no seleccionados sobre el resultado de sus solicitudes. 

La Defensora del Pueblo inició una investigación y solicitó a la AECP aclaraciones al respecto.

En el transcurso de la investigación, la AECP informó al Defensor del Pueblo de su intención de adoptar medidas para poder informar individualmente a todos los candidatos no seleccionados después de cada fase de un procedimiento de selección. La Defensora del Pueblo invitó a la AECP a que le informara en un plazo de seis meses de las medidas que había adoptado a tal efecto y consideró que no se justificaban nuevas investigaciones sobre este asunto en esta fase.

La investigación de la Defensora del Pueblo también puso de manifiesto problemas con la forma en que los candidatos pueden presentar reclamaciones sobre los procedimientos de selección. En el curso de la investigación, la AECP puso en marcha un buzón funcional para las reclamaciones administrativas de los candidatos no seleccionados. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción esta medida y dio por concluido este aspecto de la investigación tal como estaba resuelto.