Muy señor mío:

Recientemente ha presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). Impugna usted la decisión de la AEVM de declarar inadmisible su denuncia contra una entidad privada. En su denuncia a la AEVM, usted alegó que una entidad privada podía infringir el Derecho de la UE, en particular los requisitos de gobernanza de productos en virtud de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros II (MiFID II).[1] Sostiene que la decisión de la AEVM de considerar inadmisible su denuncia constituye un fallo sistémico en materia de rendición de cuentas.

Después de un análisis detallado de toda la información que nos ha enviado, se concluyó que:

No hubo mala administración por parte de la AEVM.

La decisión de la AEVM de considerar inadmisible su denuncia parece estar en consonancia con el marco jurídico aplicable. En particular, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 [2] y con arreglo a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento de Procedimiento relativo a las investigaciones sobre infracciones del Derecho de la Unión [3], «una solicitud es inadmisible si [...] se refiere a actos u omisiones de una persona u organismo privado, a menos que la solicitud revele la participación de autoridades competentes o alegue su omisión en respuesta a dichos actos u omisiones»; (el subrayado es nuestro). Dado que su denuncia se refiere a una entidad privada, no entra en el ámbito de competencias de la AEVM. Si bien entendemos su decepción por la decisión de la AEVM, esta solo puede actuar dentro de los límites de su mandato. A este respecto, observamos que, en su respuesta de 21 de agosto de 2025, la AEVM le facilitó información útil sobre otros organismos competentes que podrían ayudarle con sus preocupaciones.

Su argumento de que existe un fallo sistémico en la rendición de cuentas parece más bien referirse a la forma en que se regulan los mecanismos de supervisión en este ámbito. A este respecto, tenga en cuenta que los méritos del Derecho de la UE quedan fuera del mandato del Defensor del Pueblo.

Apreciamos que este no sea el resultado deseado, pero esperamos que estas explicaciones te sean útiles.[4]

Sinceramente,

Tina Nilsson
Jefa de la Unidad de Gestión de Casos

Estrasburgo, 6.10.2025

[1] Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj/eng.

[2] Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj/eng.

[3] Decisión de la Junta de Supervisores, de 25 de enero de 2022, Reglamento interno relativo a las investigaciones sobre infracciones del Derecho de la Unión, ESMA43-318-11471: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma43-318-11471_rules_of_procedure_on_breach_of_union_law_investigations.pdf.

[4] Puede encontrarse información completa sobre el procedimiento y los derechos relativos a las reclamaciones en la siguiente dirección: 

  https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707