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La Defensora del Pueblo Europeo identificó hace tiempo las «puertas giratorias», con las que funcionarios públicos pasan al sector privado, como un fenómeno que puede dañar la confianza de la población si no se gestiona de forma adecuada.

Con esta investigación de iniciativa propia se pretendía ver cómo aborda el Banco Central Europeo (BCE) el paso por las «puertas giratorias» de los miembros de su personal.

Dado que la función del BCE es garantizar la estabilidad de los precios y supervisar a las entidades financieras y de crédito, el paso de (ex) miembros del personal del BCE a entidades financieras o de crédito privadas, en particular las que son supervisadas por el BCE, puede plantear un conflicto de intereses y un riesgo para la reputación, además de causar inquietud en la población.

En su investigación, la Defensora del Pueblo Europeo evaluó un caso concreto, que había causado una gran inquietud pública, y revisó además 26 casos de solicitudes de miembros del personal de asumir otra actividad profesional, ya fuera durante una excedencia o una vez finalizada su relación laboral con el BCE. En todos los expedientes revisados excepto uno, miembros del personal del BCE pasaron al sector privado, a entidades y bancos que están bajo la supervisión del BCE.

La Defensora del Pueblo Europeo concluyó que el BCE debería aplicar un enfoque más sólido en relación con el paso por las puertas giratorias de sus (ex) miembros del personal intermedio y directivo para ocupar cargos en el sector privado, principalmente en el sector financiero.

Para abordar las deficiencias encontradas en el caso individual, y más en general respecto a cómo aborda el BCE este problema, la Defensora del Pueblo Europeo expresó varias sugerencias sobre cómo puede el BCE fortalecer sus normas, por ejemplo, en el contexto de la revisión continua del Marco Ético del BCE.

En concreto, el BCE debería ampliar el tipo de personal que está sujeto a requisitos más estrictos de notificación y período de reflexión o bien optar por un requisito mínimo general para todo el personal similar a las disposiciones del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea en cuanto a las actividades profesionales tras el servicio.

El BCE también debería alargar, de seis meses a un año, la prohibición de que los ex miembros del personal directivo del BCE ejerzan presión sobre sus antiguos colegas.

El BCE debería mejorar su seguimiento del cumplimiento por parte de los (ex) miembros de su personal de las obligaciones éticas y condiciones que impone el BCE, por ejemplo, haciendo púbicas las condiciones para autorizar actividades posteriores a la separación del servicio de los antiguos miembros del personal directivo, para que se puedan señalar esos presuntos incumplimientos.

Asimismo, la Defensora del Pueblo Europeo sugirió que, cuando el BCE considere que una solicitud de un miembro del personal para asumir una actividad profesional mientras está en excedencia plantea riesgos que no se pueden mitigar adecuadamente con restricciones, o cuando las restricciones no se puedan supervisar o aplicar de manera efectiva, no debe autorizarse dicha solicitud.

 

La reclamación se refería a la denegación de acceso púbico, por parte de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), a las actas de las votaciones de su Junta de Supervisores (Junta) sobre dos proyectos de recomendaciones en relación con el incumplimiento de la normativa europea. Las recomendaciones en relación con el incumplimiento de la normativa europea pueden hacerse a raíz de investigaciones de la ABE sobre posibles infracciones del Derecho de la Unión por parte de las autoridades nacionales de control. Los proyectos de recomendaciones en cuestión, dirigidos a las autoridades de control de Malta, Dinamarca y Estonia, se referían al presunto blanqueo de capitales por parte del Pilatus Bank maltés y la sucursal estonia del Danske Bank danés.

El reclamante también alegó que existían conflictos de intereses, ya que sospechaba que miembros de la Junta que representaban a las autoridades nacionales de control de Malta, Dinamarca y Estonia habían participado en las votaciones correspondientes.

En respuesta a la evaluación preliminar del asunto por parte de la Defensora del Pueblo, la ABE hizo públicas las dos actas de votación en cuestión. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción este paso y consideró que, al hacer públicos los documentos, la ABE había resuelto este aspecto de la reclamación. La Defensora del Pueblo considera que la divulgación de estas actas de votación contribuye a garantizar que los miembros de la Junta de la ABE actúen con independencia y en interés de la UE. Anima a la ABE a hacerlo en el futuro.

En cuanto a la cuestión relativa al conflicto de intereses, la inspección de los documentos por parte del equipo de investigación de la Defensora del Pueblo reveló que los miembros de la Junta en cuestión sí habían votado sobre si la ABE debería emitir una recomendación concerniente al incumplimiento de la normativa europea relativa a sus propias autoridades de control. Aunque la ABE indicó que las normas vigentes en ese momento no preveían que ningún miembro de la Junta fuera excluido de la votación, la Defensora del Pueblo consideró que el requisito de actuar de forma independiente y en interés de la UE significaba que los miembros de la Junta no deberían haber votado.

Dado que la ABE adoptó, en enero de 2020, un nuevo reglamento interno para su Junta y una nueva política sobre conflictos de intereses para quienes no forman parte del personal, que parecen evitar que se vuelva a dar la situación de conflicto de intereses, la Defensora del Pueblo considera que no se justifican más investigaciones en esta fase. Por lo tanto, dio por concluida la investigación y celebró una vez más los importantes avances logrados gracias a la disposición de los órganos de gobierno de la ABE a adoptar una mayor transparencia.