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Esta investigación basada en una denuncia se refería al Foro de Alto Nivel sobre la propuesta de Unión de los Mercados de Capitales de la UE, un grupo de expertos de la Comisión. El Foro reunió a altos ejecutivos de la industria y a los mejores expertos y académicos internacionales para desarrollar nuevas ideas sobre políticas relacionadas con la Comisión y, en 2020, elaboró un informe con recomendaciones.

Tras una amplia revisión de los documentos de la Comisión y una reunión con la Comisión como parte de la investigación, la Defensora del Pueblo Europeo identificó dos casos de mala administración:

1. La Comisión consideró que algunos miembros del Foro que tenían vínculos con entidades financieras eran independientes y representaban el interés público. Con el fin de mitigar los riesgos de conflictos de intereses que la Comisión había identificado, aplicó medidas generales. La Defensora del Pueblo Europeo evaluó cuidadosamente estas medidas y las consideró insuficientes.

2. Basándose en la errónea categorización de los miembros del Foro, la Comisión hizo pública una división entre los miembros del Foro que se suponía que eran independientes y los que representaban un interés común de diferentes organizaciones interesadas que se desviaba considerablemente de lo que era en realidad.

La Defensora del Pueblo Europeo emitió una recomendación.

La respuesta de la Comisión a la recomendación de la Defensora del Pueblo Europeo no presentó ninguna información nueva y no modifica las conclusiones de la investigación.

La Defensora del Pueblo Europeo dio por cerrado el expediente confirmando sus conclusiones y recomendaciones.

El asunto se refería a la negativa de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) a conceder acceso público a los resultados de las votaciones y a los motivos conexos de la decisión de su Junta de Supervisores relativa a un proyecto de norma técnica de regulación sobre productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros.

La Defensora del Pueblo investigó el asunto y llegó a la valoración preliminar de que los proyectos de normas técnicas de regulación adoptados por la Junta de Supervisores de la AESPJ y cualquier documento relacionado con su adopción constituyen elementos importantes del proceso de adopción del subsiguiente acto delegado por parte de la Comisión Europea. En este contexto, los argumentos presentados por la AESPJ para denegar el acceso público no convencieron a la Defensora del Pueblo, que adoptó la opinión preliminar de que la AESPJ debía divulgar la información solicitada.

La AESPJ respondió positivamente a la valoración preliminar de la Defensora del Pueblo. La AESPJ se comprometió a divulgar la información solicitada y a garantizar que las futuras actas de su Junta de Supervisores contengan información adecuada sobre las votaciones de los miembros de la Junta relativas a decisiones sobre documentos legislativos. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta de la AESPJ y las medidas adoptadas, y cerró la investigación.

 

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.