Consultar investigaciones

La reclamación se refería a la denegación de acceso púbico, por parte de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), a las actas de las votaciones de su Junta de Supervisores (Junta) sobre dos proyectos de recomendaciones en relación con el incumplimiento de la normativa europea. Las recomendaciones en relación con el incumplimiento de la normativa europea pueden hacerse a raíz de investigaciones de la ABE sobre posibles infracciones del Derecho de la Unión por parte de las autoridades nacionales de control. Los proyectos de recomendaciones en cuestión, dirigidos a las autoridades de control de Malta, Dinamarca y Estonia, se referían al presunto blanqueo de capitales por parte del Pilatus Bank maltés y la sucursal estonia del Danske Bank danés.

El reclamante también alegó que existían conflictos de intereses, ya que sospechaba que miembros de la Junta que representaban a las autoridades nacionales de control de Malta, Dinamarca y Estonia habían participado en las votaciones correspondientes.

En respuesta a la evaluación preliminar del asunto por parte de la Defensora del Pueblo, la ABE hizo públicas las dos actas de votación en cuestión. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción este paso y consideró que, al hacer públicos los documentos, la ABE había resuelto este aspecto de la reclamación. La Defensora del Pueblo considera que la divulgación de estas actas de votación contribuye a garantizar que los miembros de la Junta de la ABE actúen con independencia y en interés de la UE. Anima a la ABE a hacerlo en el futuro.

En cuanto a la cuestión relativa al conflicto de intereses, la inspección de los documentos por parte del equipo de investigación de la Defensora del Pueblo reveló que los miembros de la Junta en cuestión sí habían votado sobre si la ABE debería emitir una recomendación concerniente al incumplimiento de la normativa europea relativa a sus propias autoridades de control. Aunque la ABE indicó que las normas vigentes en ese momento no preveían que ningún miembro de la Junta fuera excluido de la votación, la Defensora del Pueblo consideró que el requisito de actuar de forma independiente y en interés de la UE significaba que los miembros de la Junta no deberían haber votado.

Dado que la ABE adoptó, en enero de 2020, un nuevo reglamento interno para su Junta y una nueva política sobre conflictos de intereses para quienes no forman parte del personal, que parecen evitar que se vuelva a dar la situación de conflicto de intereses, la Defensora del Pueblo considera que no se justifican más investigaciones en esta fase. Por lo tanto, dio por concluida la investigación y celebró una vez más los importantes avances logrados gracias a la disposición de los órganos de gobierno de la ABE a adoptar una mayor transparencia.

 

Esta investigación basada en una denuncia se refería al Foro de Alto Nivel sobre la propuesta de Unión de los Mercados de Capitales de la UE, un grupo de expertos de la Comisión. El Foro reunió a altos ejecutivos de la industria y a los mejores expertos y académicos internacionales para desarrollar nuevas ideas sobre políticas relacionadas con la Comisión y, en 2020, elaboró un informe con recomendaciones.

Tras una amplia revisión de los documentos de la Comisión y una reunión con la Comisión como parte de la investigación, la Defensora del Pueblo Europeo identificó dos casos de mala administración:

1. La Comisión consideró que algunos miembros del Foro que tenían vínculos con entidades financieras eran independientes y representaban el interés público. Con el fin de mitigar los riesgos de conflictos de intereses que la Comisión había identificado, aplicó medidas generales. La Defensora del Pueblo Europeo evaluó cuidadosamente estas medidas y las consideró insuficientes.

2. Basándose en la errónea categorización de los miembros del Foro, la Comisión hizo pública una división entre los miembros del Foro que se suponía que eran independientes y los que representaban un interés común de diferentes organizaciones interesadas que se desviaba considerablemente de lo que era en realidad.

La Defensora del Pueblo Europeo emitió una recomendación.

La respuesta de la Comisión a la recomendación de la Defensora del Pueblo Europeo no presentó ninguna información nueva y no modifica las conclusiones de la investigación.

La Defensora del Pueblo Europeo dio por cerrado el expediente confirmando sus conclusiones y recomendaciones.