Esta investigación por iniciativa propia se basa en una denuncia presentada por una asociación de ONG armenias denominada Citizens' Protection League (CPL). Se refiere a la decisión de la Delegación de la Unión Europea en Armenia de no celebrar un contrato de subvención con CPL tras descubrir la Delegación un error en su evaluación inicial de la solicitud de CPL. CPL alegó que la decisión de la Delegación no se basaba en motivos fundados.

En el curso de la investigación del Defensor del Pueblo, la Comisión Europea reconoció que las medidas adoptadas inicialmente por la Delegación, una vez que se dio cuenta de que se había producido un error en el proceso de evaluación, no eran adecuadas. Sin embargo, la Comisión también demostró que el error detectado exigía que se volviera a realizar la evaluación de la solicitud de CPL y, por lo tanto, que la Delegación no estaba en condiciones de celebrar el contrato de subvención con CPL.

Por consiguiente, la Defensora del Pueblo archivó la investigación con la conclusión de que no había habido mala administración.

El asunto se refería a la supuesta omisión por parte de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de notificar con suficiente antelación a los candidatos el período de examen para las pruebas informáticas en una oposición. El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y constató que no había mala administración por parte de la EPSO. En el caso concreto, se informó al candidato del período de examen tres semanas antes de su inicio. La EPSO, tras una decisión anterior del Defensor del Pueblo, siempre se pone en contacto con los candidatos al menos dos semanas antes del inicio del período de examen.

En el curso de esta investigación, la EPSO informó al Defensor del Pueblo de que tiene una nueva práctica por la que publica un calendario indicativo anticipado para las oposiciones que organiza. Se trata de un acontecimiento que el Defensor del Pueblo acoge con satisfacción.

El denunciante, un instituto de investigación con sede en el país Z, participó en un proyecto financiado por la UE en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Una auditoría reveló irregularidades en el proyecto, lo que llevó a la Comisión a solicitar al denunciante la recuperación de más de 300 000 euros, a pesar de las aclaraciones sobre las irregularidades que había facilitado. El demandante no estaba satisfecho con el resultado y presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo.

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y constató que algunas de las conclusiones de los auditores eran erróneas. Dado que la cuestión más importante era determinar la fecha real de inicio del proyecto, el Defensor del Pueblo propuso como solución que la Comisión consultara a un experto para verificar la conclusión de los auditores a este respecto u ordenara una «auditoría técnica», tal como se establece en el «Acuerdo de subvención». La Comisión aceptó la solución, siempre que los costes de contratación del experto fueran sufragados conjuntamente por ambas partes. El Defensor del Pueblo pidió a la Comisión y al demandante que acordaran entre sí la selección del experto que debía nombrarse y archivar el asunto.

El caso fue presentado por una asociación de expertos jurídicos de toda la Unión Europea que llevó a cabo un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea. Se refería a la supuesta recuperación injusta, tras una auditoría, de cantidades consideradas erróneamente no subvencionables en virtud del acuerdo de subvención.

La Defensora del Pueblo investigó la cuestión y llegó a la conclusión de que, tras su intervención, se había encontrado una solución. Por consiguiente, archivó el asunto.

El asunto se refería a la política de Eurojust para el reembolso de los gastos de viaje de los candidatos invitados a una entrevista.

El demandante se dirigió al Defensor del Pueblo alegando que la política de reembolso de Eurojust era injusta y discriminatoria con respecto a los candidatos que residían fuera de la UE. En apoyo de su alegación, el denunciante señaló que había un límite máximo de 500 EUR para los candidatos que residían fuera de la UE, mientras que, en algunos casos, se aplicaba un límite máximo más alto para los viajes desde dentro de la UE.

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y constató que, al aumentar el reembolso para los candidatos que residen fuera de la UE hasta el límite máximo aplicable a los candidatos que viajan dentro de la UE, Eurojust ha tomado las medidas adecuadas para resolver el caso.

El asunto se refería a la forma en que la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) tramitó un procedimiento de contratación.

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y no encontró mala administración en relación con la alegación del demandante de que su solicitud había sido tratada injustamente.

Sin embargo, la Defensora del Pueblo detectó algunas deficiencias en la tramitación procesal del caso por parte de ENISA y ha formulado sugerencias a ENISA para mejorarlas en el futuro.

El caso se refería al presunto incumplimiento por parte de la Oficina del Representante Especial de la Unión Europea (Oficina del REUE) en Kosovo de la obligación de mantener informados a los solicitantes de pasantías de las medidas adoptadas en un procedimiento de contratación. La Defensora del Pueblo investigó la cuestión, expresando su opinión de que "es a la vez cortés y de servicio acusar recibo de las solicitudes e informar a los candidatos de las medidas importantes (como su exclusión de un procedimiento de contratación) que afectan a su progreso en un procedimiento de contratación".La oficina del REUE explicó que tenía recursos muy limitados y, por lo tanto, solo podía informar a las personas preseleccionadas del resultado del procedimiento. Sin embargo, señaló que estaba examinando la forma de mejorar su comunicación con las personas que deseaban ser pasantes, por ejemplo, informando a todas esas personas de las etapas pertinentes del procedimiento mediante la publicación de información pertinente en su sitio web. El Defensor del Pueblo invitó a la oficina del REUE a informar sobre la aplicación de esta solución.

En julio de 2014, la Comisión rechazó la solicitud de la demandante de trabajar como experta en un proyecto en Indonesia porque ya se había comprometido a trabajar en un proyecto financiado por la UE en Liberia que se llevaría a cabo al mismo tiempo. La demandante volvió a presentar su solicitud cuando el proyecto en Liberia se retrasó debido a la crisis del ébola, señalando que, de hecho, estaba disponible para trabajar en el proyecto en Indonesia.

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión tiene derecho a solicitar que los expertos estén disponibles para trabajar exclusivamente en proyectos durante períodos específicos. Señaló que la autora había declarado que estaría disponible para trabajar, con carácter exclusivo, en dos proyectos superpuestos. La autora no explicó esta contradicción cuando presentó su solicitud inicial. Sobre la base de la información facilitada, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión rechazó acertadamente la primera solicitud del demandante. Con respecto a la segunda solicitud, la autora afirmó, de hecho, que la actual crisis del ébola en Liberia significaba que, de hecho, era libre de trabajar en el proyecto en Indonesia. A continuación, la Comisión volvió a examinar su situación. En opinión del Defensor del Pueblo, emitió un juicio justo y razonable cuando llegó a la conclusión de que la demandante no podía garantizar su disponibilidad. Así pues, concluye la Defensora del Pueblo, la Comisión tampoco incurrió en error al rechazar su segunda solicitud para trabajar en el proyecto indonesio. Sin embargo, deja preguntas sobre cómo trata la Comisión los derechos de los expertos atrapados en crisis como el brote de ébola.

La Defensora del Pueblo archivó la investigación con la conclusión de que no había mala administración. Sugirió a la Comisión que, cuando un proyecto deba suspenderse, debería estar preparada para liberar a cualquier experto afectado de un compromiso de exclusividad.

El asunto se refería a la decisión de la Comisión de no aceptar determinados costes declarados por un socio para un proyecto financiado por la UE. La decisión de la Comisión supuso que su pago final al consorcio se redujera en la cantidad que este socio había recibido en concepto de prefinanciación. El coordinador alegó que la Comisión tenía el deber de recuperar los fondos pagados incorrectamente al socio en cuestión.

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión había tratado la cuestión correctamente, ya que solo podría haber iniciado una recuperación si hubiera habido una deuda con la Unión. La distribución de la financiación entre los socios del proyecto es una cuestión de naturaleza diferente, en la que la Comisión no tiene obligación de intervenir. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo no constató mala administración por parte de la Comisión.

El asunto se refería a la decisión de la Comisión de recuperar de una organización sin ánimo de lucro los fondos de la UE que había invertido en su reserva social entre 2005 y 2009, considerándolos costes no subvencionables. Dado que la reserva se había creado inicialmente con el apoyo y la cooperación de la Comisión, la organización presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo. Tras investigar la reclamación, el Defensor del Pueblo presentó una propuesta de solución a la Comisión invitándola a reconsiderar su decisión de recuperación. En respuesta, la Comisión presentó una serie de medidas que había adoptado para garantizar el futuro de la organización. El Defensor del Pueblo consideró satisfactorias estas medidas y, por lo tanto, decidió archivar el asunto.