El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha pedido al Parlamento Europeo (PE) que defienda el compromiso de la Unión Europea con la transparencia y el derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos de la UE. Esto es consecuencia de las recientes propuestas de la Comisión Europea para revisar la ley sobre el acceso del público a los documentos. En su contribución a la audiencia pública de hoy en la Comisión LIBE (Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) del PE, el Defensor del Pueblo ha declarado:

«Las propuestas de la Comisión implicarían el acceso a menos documentos, no a más. Esto plantea cuestiones fundamentales de principio sobre el compromiso de la UE con la apertura y la transparencia».

Pide al PE que utilice activamente su papel de colegislador para garantizar el éxito de la reforma de las normas actuales.

En 2007, más de una cuarta parte de las investigaciones del Defensor del Pueblo se referían a la falta de transparencia en la administración de la UE, incluida la negativa a divulgar documentos o información.

Las propuestas de la Comisión implican el acceso a menos documentos, no a más.

El Defensor del Pueblo advirtió de que «las propuestas de la Comisión no solo ignoran las lecciones del pasado, sino también las nuevas promesas hechas a los ciudadanos, la sociedad civil y las asociaciones representativas en el Tratado de Lisboa». Si bien hay algunos elementos positivos, como poner documentos a disposición de los no ciudadanos y no residentes de la UE, muchas de las propuestas de la Comisión limitarían el derecho de acceso a los documentos de la UE:

• La definición de documento propuesta por la Comisión significaría que, en muchos casos, los ciudadanos solo podrían solicitar el acceso a un documento si apareciera en un registro. El Defensor del Pueblo considera que se trata de un «paso atrás hacia la transparencia».
• El efecto global de las revisiones propuestas sería que la Comisión podría compartir documentos de manera informal con un número limitado de destinatarios externos favorecidos de su elección, sin tener que dar acceso público a ellos.

El Defensor del Pueblo también considera que la interpretación que hace la Comisión de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios es cuestionable tanto en lo que respecta al acceso del público a los documentos de los Estados miembros como a la relación entre las normas de acceso del público y la protección de datos.

A la luz de su experiencia en la tramitación de reclamaciones en este ámbito, el Defensor del Pueblo señaló su disponibilidad para ayudar en los esfuerzos destinados a mejorar el funcionamiento práctico de las normas de acceso a los documentos. Por ejemplo, podría desempeñar un papel que sería útil tanto para los solicitantes como para las instituciones al proporcionar asesoramiento independiente sobre si la divulgación de un documento podría causar daños y si existe un interés público superior en la divulgación.

Para leer la contribución completa del Defensor del Pueblo, diríjase a: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/en/3888/html.bookmark

Para más información sobre la contribución del Defensor del Pueblo: Sr. Harden, Secretario General, tel.: +33 3 88 17 23 84