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El Defensor del Pueblo constata mala administración en la forma en que la Comisión preparó propuestas legislativas urgentes

La Defensora del Pueblo Europea, Teresa Anjinho, ha encontrado una serie de deficiencias de procedimiento en la forma en que la Comisión Europea preparó varias propuestas legislativas que consideró urgentes. En conjunto, las deficiencias constituyeron una mala administración.

Las conclusiones se basan en tres investigaciones independientes basadas en denuncias que examinaron en qué medida la Comisión aplicó las normas y procedimientos normalizados de elaboración de políticas al preparar proyectos legislativos relativos a la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (Ómnibus I), la política agrícola común (PAC) y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.

Al preparar estas propuestas legislativas urgentes, la Comisión no llevó a cabo determinadas partes de sus propias normas de mejora de la legislación destinadas a garantizar que la legislación se base en datos contrastados, sea transparente e inclusiva.

«La Comisión debe poder responder urgentemente a diferentes situaciones, en particular en el contexto geopolítico actual. Sin embargo, debe garantizar que la rendición de cuentas y la transparencia sigan formando parte de sus procesos legislativos y que sus acciones se expliquen claramente a los ciudadanos», afirmó la Sra. Anjinho.

«En el futuro, debe lograrse un mejor equilibrio entre una administración ágil y la garantía de unas normas mínimas de procedimiento para la elaboración de leyes. Algunos principios de buena legislación no pueden verse comprometidos ni siquiera en aras de la urgencia».  

«La Comisión debe mejorar sus normas de mejora de la legislación para que la preparación de la legislación urgente siga siendo transparente y se base en pruebas», afirmó la Defensora del Pueblo.

Las deficiencias de procedimiento detectadas por las investigaciones de la Defensora del Pueblo incluyeron no justificar plenamente la urgencia de las propuestas legislativas para el público y no documentar su razonamiento para desviarse de sus normas internas sobre la elaboración de leyes, conocidas como normas para legislar mejor.

También hubo problemas específicos para cada uno de los tres procesos legislativos, entre ellos: 

- reducir el tiempo de consulta entre los servicios de la Comisión a menos de 24 horas durante un fin de semana (Ómnibus I)

- publicar un documento con pruebas que respalden la propuesta legislativa con retraso (legislación sobre el tráfico ilícito de migrantes) y después de que la legislación ya haya sido aprobada (PAC)

- No se están llevando a cabo registros internos claros de una evaluación de la coherencia climática (CAP y Ómnibus I)

Recomendaciones y otras sugerencias

En sus dos recomendaciones prospectivas a la Comisión, la Defensora del Pueblo le pidió que garantizara una aplicación previsible, coherente y no arbitraria de las normas de mejora de la legislación y que la futura preparación urgente de propuestas legislativas sea siempre transparente, basada en pruebas e inclusiva.

La Defensora del Pueblo también formuló una serie de sugerencias a la luz de la próxima revisión de las normas para la mejora de la legislación. Estos incluyen aclarar que las evaluaciones climáticas deben llevarse a cabo para todas las propuestas legislativas y aclarar las normas mínimas para las consultas con las partes interesadas en los procedimientos urgentes.

Antecedentes

Las Directrices para la mejora de la legislación establecen las normas que sigue la Comisión Europea a la hora de preparar nuevas iniciativas y propuestas y de gestionar y evaluar la legislación vigente.

Si bien la Comisión ha dicho que las normas para legislar mejor no son jurídicamente vinculantes, el Defensor del Pueblo ha constatado sistemáticamente que las instituciones de la UE deben aplicar las normas que han establecido para sí mismas.

Las tres investigaciones, relacionadas con la sostenibilidad Ómnibus, la PAC y las propuestas legislativas para luchar contra el tráfico ilícito de migrantes, se abrieron a raíz de denuncias de organizaciones de la sociedad civil.

La recomendación de la Defensora del Pueblo puede consultarse aquí.

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