El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión Europea por hacer más transparentes los datos sobre los beneficiarios de los fondos de la UE. Apoya las propuestas de la Comisión en su Libro Verde sobre la Iniciativa de Transparencia de introducir la obligación legal de que los Estados miembros divulguen información sobre quién recibe el dinero de la UE.

El Defensor del Pueblo ha recibido quejas sobre la falta de transparencia en el ámbito de los beneficiarios de los fondos de la UE. El señor Diamandouros dijo: «Es de interés público general facilitar información sobre cómo se gasta el dinero de los contribuyentes de la UE. Explicar abiertamente lo que hacen la UE y los Estados miembros en nombre del ciudadano hace que la Unión Europea sea más democrática y accesible».

El Libro Verde de la Comisión se adoptó en mayo de este año como parte de la Iniciativa Europea de Transparencia. Esta iniciativa tiene por objeto hacer que la Unión Europea y sus instituciones sean más abiertas y responsables. Las consultas sobre el Libro Verde concluirán en breve.

Grupos de presión

La Iniciativa para la Transparencia también propone una mayor transparencia en relación con la actividad de los grupos de presión a escala de la UE y prevé la revisión del Reglamento sobre el acceso a la información y los documentos de las instituciones de la UE.

Varias partes interesadas han sugerido que el Defensor del Pueblo desempeñe un papel en la supervisión de un régimen de registro de grupos de presión o un código de conducta.

El señor Diamandouros dijo: «Tengo el mandato de supervisar la administración pública de la UE y de actuar cuando detecto mala administración en las actividades de las instituciones, órganos o agencias de la UE. Por lo que respecta a los funcionarios de la UE, puedo, por supuesto, supervisar sus actividades y exigirles cuentas, también en el ámbito de los grupos de presión. Una de las formas más efectivas de aumentar la confianza en la administración es mejorar la transparencia. La revisión prevista del Reglamento sobre el acceso a los documentos representa una prueba clave para que la Comisión demuestre lo grave que es realmente a este respecto».

Sin embargo, el Sr. Diamandouros añade que el Tratado no otorga al Defensor del Pueblo el mandato de controlar las actividades de organismos privados como los grupos de interés. «Esto no forma parte de la función normal de un Defensor del Pueblo».