La Defensora del Pueblo Europea, Teresa Anjinho, ha pedido a la Comisión Europea que mejore el apoyo a los miembros del personal con discapacidad mediante el desarrollo de procedimientos más claros y exhaustivos para abordar las quejas sobre presunta discriminación relacionada con la discapacidad.

Estos procedimientos deben garantizar que los responsables de tramitar las reclamaciones relacionadas con la discapacidad y las denuncias de acoso consulten sistemáticamente al equipo central de discapacidad de la Comisión —u otro personal con experiencia en cuestiones de discapacidad— antes de finalizar las decisiones.

Con este fin, la Defensora del Pueblo sugirió que la Comisión reforzara el papel del equipo central de discapacidad, permitiéndole no solo prestar apoyo en el contexto de las solicitudes de ajustes razonables, sino también proporcionar conocimientos especializados y orientación sobre presunta discriminación relacionada con la discapacidad.

La Ombudsman sugirió además que la Comisión velara por que su orientación interna al personal explicara claramente la función del equipo central de personas con discapacidad en las situaciones en que un funcionario con discapacidad tuviera dificultades para realizar ajustes razonables o percibiera un trato discriminatorio.

Este enfoque holístico ayudaría a garantizar que las reclamaciones relacionadas con la discapacidad se consideren en su contexto más amplio y de manera coherente con las obligaciones de la Comisión en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Antecedentes

Las sugerencias de la Defensora del Pueblo se derivan de una investigación basada en denuncias que examinó la forma en que la Comisión tramitó una solicitud de asistencia que planteaba acusaciones de acoso psicológico relacionado con preocupaciones relacionadas con la discapacidad.

Si bien la Ombudsman no encontró problemas en la forma en que la Comisión examinó esas denuncias específicas de acoso, señaló que los procedimientos actuales no están diseñados para abordar patrones más amplios de presunta discriminación por discapacidad que no estén vinculados a una sola decisión identificable sobre ajustes razonables.

Como resultado, las denuncias de discriminación se examinan actualmente a través de desafíos a las decisiones individuales en lugar de a través de una evaluación más holística de la discriminación que ocurre a lo largo del tiempo.