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La investigación hacía referencia a la forma en que la Comisión Europea supervisa que los Estados miembros utilicen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) para promover el derecho de las personas con discapacidad y las personas mayores a una vida independiente y a la inclusión en la comunidad (desinstitucionalización) y si la Comisión aplica sanciones en caso de que no lo hagan.

En el transcurso de la investigación, la Defensora del Pueblo Europea recibió aportaciones de los Defensores del Pueblo nacionales y de organizaciones de la sociedad civil.

La Defensora del Pueblo Europea constató que la Comisión podría facilitar unas orientaciones más claras sobre la necesidad de promover la desinstitucionalización en el contexto del uso de los Fondos EIE. También consideró que la Comisión podría tomar medidas para mejorar la vigilancia de las actividades financiadas por los Fondos EIE y que debería adoptar un enfoque más proactivo respecto a la ejecución, particularmente cuando se planteen reservas sobre el cumplimiento de las actividades financiadas por los Fondos EIE de la obligación de fomentar la desinstitucionalización. La Defensora del Pueblo Europea también señaló la necesidad de permanecer particularmente alerta en relación con los fondos desplegados con arreglo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La Defensora del Pueblo Europea cerró la investigación con diez sugerencias destinadas a mejorar las orientaciones facilitadas por la Comisión y el proceso de supervisión. Subrayó la necesidad de la Comisión de actuar rápidamente, dados los programas de financiación adicionales creados en respuesta a la pandemia de COVID-19, así como los cambios recientes en las normas aplicadas.

La Defensora del Pueblo Europea considerará la posibilidad de retomar esta cuestión en el futuro con tal de evaluar su evolución.

 

The case concerned a new insurance policy that the European Commission concluded with a private insurance company to provide accident and sickness insurance for Conference Interpreting Agents (ACIs).

The complainant is a former ACI who considered that the conditions of the new insurance policy were very disadvantageous compared to the previous policy, and that it discriminated against certain ACIs.

During the inquiry, it became clear that the complainant would be less disadvantaged than he had feared. The Ombudsman found that the Commission’s explanations for the changes in the policy are convincing and reasonable. The inquiry also uncovered no evidence that would call into question the procedure leading to the new insurance contract, which included consultation with the international interpreters’ association.

The Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration by the Commission.