El asunto se refería a la forma en que la Fiscalía Europea tramitó las reclamaciones de un asistente nacional de los fiscales europeos delegados en Italia. El denunciante alegó que los fiscales europeos delegados de la Fiscalía Europea en Roma interfirieron en dos procedimientos administrativos que inició a nivel nacional. La reclamación también se refería a la forma en que la Fiscalía Europea tramitó una solicitud de acceso público a documentos presentada por el reclamante.

La Defensora del Pueblo constató deficiencias en la tramitación de las reclamaciones por parte de la Fiscalía Europea en cuanto a la forma en que esta comunicó su posición al reclamante y las razones de su conclusión de no adoptar nuevas medidas. La Fiscalía Europea abordó esta cuestión durante la investigación proporcionando explicaciones claras y razonables sobre su posición. La Defensora del Pueblo también constató que la Fiscalía Europea no vulneró los derechos del reclamante al tramitar las reclamaciones.

En cuanto a la solicitud de acceso a los documentos, la Defensora del Pueblo constató que las razones invocadas por la Fiscalía Europea para no divulgar los documentos solicitados no parecen estar en consonancia con la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos. No obstante, el Defensor del Pueblo consideró que la decisión de no divulgar los documentos solicitados por el reclamante era razonable, aunque por una razón diferente a la invocada por la Fiscalía Europea.

La Defensora del Pueblo concluyó la investigación con la conclusión de que no estaba justificada ninguna otra investigación.

El asunto se refería a la forma en que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) tramitó una denuncia relacionada con los resultados de las pruebas en un procedimiento de contratación de agentes del cuerpo permanente. El denunciante no había obtenido la puntuación global mínima en una prueba de opciones múltiples para poder pasar a la siguiente fase del procedimiento. El autor cuestionó sus resultados y le preocupaba que hubiera sido objeto de discriminación racial y étnica. El demandante pidió las preguntas y sus respuestas, que Frontex no le dio.

Insatisfecho con la forma en que Frontex tramitó el asunto, el demandante se dirigió al Defensor del Pueblo.

La Defensora del Pueblo inició una investigación y pidió a Frontex que considerara la posibilidad de facilitar al reclamante una lista que mostrara, en forma de cartas, las respuestas facilitadas por el reclamante y las respuestas correctas en la prueba de opciones múltiples. Frontex facilitó al reclamante información en este sentido.

La Defensora del Pueblo constató que no había mala administración en la forma en que Frontex calculó las puntuaciones de las pruebas del reclamante, ni había indicios de discriminación.

Dado que Frontex facilitó al reclamante información pertinente sobre la prueba de opciones múltiples en el transcurso de la investigación, no hubo más investigaciones justificadas sobre este aspecto del caso. La Defensora del Pueblo cerró la investigación con una sugerencia de mejora a Frontex para que informara a los candidatos en sus procedimientos de contratación de los resultados obtenidos en cualquier prueba eliminatoria, mediante una tabla que indicaba, en relación con el número correspondiente a cada pregunta, la respuesta dada (en forma de carta), así como la respuesta correcta (también en forma de carta).

El asunto se refería a la decisión de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de volver a someter a prueba a todos los candidatos a raíz de un fallo técnico durante una sesión de prueba para ocho procedimientos de selección de traductores en 2025. El problema fue un error de configuración que permitió a los candidatos seleccionar múltiples respuestas en pruebas donde solo se aceptó una respuesta. Alrededor de un tercio de los candidatos habían seleccionado múltiples respuestas. La sesión de reexamen se programó en un solo día, con la posibilidad de reprogramar solo en caso de fuerza mayor. Los denunciantes se dirigieron al Defensor del Pueblo, alegando que la decisión de volver a examinar a todos los candidatos era desproporcionada y que la negativa a permitir la reprogramación de la prueba era injusta.

La Defensora del Pueblo constató que la EPSO y los tribunales de oposición habían evaluado cuidadosamente el asunto y que no había nada que sugiriera que el enfoque elegido no representara un equilibrio razonable entre las dos consideraciones clave presentadas por la EPSO y los tribunales de oposición, a saber, la viabilidad técnica y administrativa y la igualdad de trato de los candidatos. Así pues, la decisión de volver a examinar a todos los candidatos era proporcionada al objetivo de preservar la igualdad de trato de los candidatos. La Defensora del Pueblo también llegó a la conclusión de que, en el contexto técnico dado, era razonable que la EPSO aplicara su política estándar de reprogramación.

La Defensora del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que la EPSO no había incurrido en mala administración.

El asunto se refería a la forma en que una misión de la UE tramitó el permiso médico prolongado de un experto nacional en comisión de servicios. El autor cuestionó el fundamento de su licencia médica, el procedimiento seguido, la protección de sus datos médicos y la decisión de dejar de pagar su asignación diaria durante parte de su ausencia.

El Defensor del Pueblo consideró que la Misión tenía motivos razonables para actuar. Se basó en las evaluaciones de varios profesionales médicos, involucró a la autoridad de envío del demandante y le permitió volver a trabajar una vez que se cumplieran las condiciones pertinentes. La Misión también aplicó las normas pertinentes cuando dejó de pagar la dieta diaria del reclamante.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo no constató mala administración.

El asunto se refería a la forma en que la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) tramitó una reclamación sobre cuestiones poco claras en una prueba en el contexto de un procedimiento de selección de personal para la función pública de la UE. El reclamante alegó que el problema se debía a una mala traducción y también le preocupaba la forma en que la EPSO tramitaba estas reclamaciones de manera más general.

El Defensor del Pueblo investigó el asunto y constató que la EPSO había tramitado razonablemente la reclamación en cuestión y que había proporcionado una descripción satisfactoria de su práctica y procedimiento para tramitar las reclamaciones relacionadas con la traducción en general.

Si bien reconoce que las circunstancias para que los candidatos presenten una reclamación válida pueden ser difíciles, dada la situación estresante de las pruebas y el hecho de que los candidatos no pueden tomar notas, la Defensora del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que no estaba justificada ninguna otra investigación. No obstante, el Defensor del Pueblo sugirió que la EPSO considerara la posibilidad de publicar instrucciones adicionales para los candidatos sobre el tipo de información y descripciones requeridas al presentar reclamaciones relacionadas con la traducción.

El asunto se refería a un miembro del personal del Banco Central Europeo (BCE) que consideraba haber sido acosado por su superior jerárquico. Se quejó de ello a principios de 2021. El BCE inició una investigación administrativa y, al mismo tiempo, asignó al demandante a otro lugar de trabajo en el BCE para su propia protección.

La investigación administrativa duró dos años y medio y se cerró tres años después de que el denunciante pidiera ayuda por primera vez. La investigación administrativa determinó que el autor había sido acosado e inició oficialmente un procedimiento disciplinario contra el superior jerárquico.

Durante el seguimiento del BCE del resultado de la investigación administrativa, el demandante se dirigió al Defensor del Pueblo. Alegó que había demoras irrazonables en el proceso.

En el curso de la investigación del Defensor del Pueblo, el BCE finalizó el procedimiento disciplinario y el demandante regresó finalmente a su lugar de trabajo principal.

El Defensor del Pueblo constató que se habían producido retrasos irrazonables en todas las fases de la tramitación del asunto por parte del BCE, y que el BCE no había abordado cuestiones importantes en su seguimiento. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo propuso una solución al BCE, a saber, que se disculpe, pague una indemnización y garantice una comunicación interna significativa al personal sobre el caso de acoso.

En su respuesta a la propuesta de solución del Defensor del Pueblo, el BCE lamentó lo sucedido. Organizó una comunicación interna adicional sobre el caso de acoso. Sin embargo, no consideró que tuviera los elementos necesarios para considerar la compensación financiera. La Defensora del Pueblo constató que, lamentablemente, el perjuicio causado por la tramitación por el BCE del caso de acoso del demandante no había sido reparado por la respuesta del BCE a la propuesta de solución. Sin embargo, dado que una recomendación en la que se reiteraban los mismos puntos no parece ser útil, la Defensora del Pueblo cerró la investigación con sugerencias de mejoras sistémicas y volvió a pedir al BCE que se pusiera en contacto con el reclamante para identificar las consecuencias financieras pertinentes de su mala administración.