Antecedentes

1. El demandante, ciudadano luxemburgués, solicitó el puesto de «consultor» anunciado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados («ACNUR»). El candidato seleccionado debía ser un representante del ACNUR y desempeñar las funciones de juez no presidente en el Tribunal Nacional de Asilo francés. Participaría en una "formación" del tribunal y evaluaría las apelaciones presentadas por los solicitantes de asilo contra las decisiones de primera instancia. La solicitud de la autora fue rechazada por el ACNUR, ya que no era ciudadana francesa.

2. El 2 de noviembre de 2012, el denunciante se puso en contacto con la Comisión Europea para preguntar si el requisito de nacionalidad francesa para el puesto específico en cuestión se ajustaba al Derecho de la UE. En su respuesta de 12 de marzo de 2013, la Comisión declaró que el artículo 45, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») prevé una excepción al derecho de los ciudadanos de la UE a trabajar en otros Estados miembros de la UE en caso de empleo en la administración pública. Añadió que el Tribunal de Justicia de la UE («TJUE») ha declarado que el artículo 45, apartado 4, del TFUE abarca «los puestos que impliquen una participación directa o indirecta en el ejercicio de las competencias conferidas por el Derecho público y las obligaciones destinadas a salvaguardar los intereses generales del Estado o de otras autoridades públicas. Tales cargos presuponen, de hecho, por parte de quienes los ocupan, la existencia de una relación especial de lealtad al Estado y de reciprocidad de derechos y deberes que constituyen el fundamento del vínculo de nacionalidad"^[1]. La Comisión señaló que el cumplimiento de estos criterios debe evaluarse caso por caso. Consideró que esta excepción abarca la posición de magistrado, pero que solo una evaluación concreta de la naturaleza de las tareas y responsabilidades que debe llevar a cabo el juez del Tribunal de asilo francés podría determinar si se cumplían los requisitos del artículo 45, apartado 4, del TFUE. En este caso, la Comisión dijo que su evaluación era que se aplicaba la excepción del artículo 45, apartado 4.

3. En su respuesta de 15 de marzo de 2013, la denunciante se preguntaba por qué la Comisión no había solicitado a las autoridades francesas una descripción detallada de la naturaleza del puesto en cuestión. Sostuvo que la Comisión no había llevado a cabo una evaluación exhaustiva e individual del puesto.

4. Al no haber recibido respuesta, el 5 de abril de 2013 el demandante escribió a la Secretaría General de la Comisión. Sostiene que es difícilmente justificable que la tarea de garantizar el cumplimiento por parte de Francia de las obligaciones internacionales en materia de asilo se encomiende a una persona que debe ser leal a Francia y preservar sus intereses. Además, la situación en cuestión no afectaba al sector público de un Estado miembro, sino a una organización internacional.

5. El 4 de junio de 2013, la Comisión respondió al denunciante. Entre otras cosas, la Comisión observó que la jurisprudencia del TJUE reconoce que la salvaguardia de los intereses generales de un Estado miembro no se pone en peligro en situaciones en las que los derechos, en virtud de las competencias conferidas por el Derecho público, son ejercidos esporádica o excepcionalmente por nacionales de otros Estados miembros. Sin embargo, tras remitirse a la explicación del ACNUR según la cual el juez no presidente ejercería actividades judiciales en un tribunal francés, la Comisión consideró que dichas actividades implicaban una participación directa o indirecta en el ejercicio de las facultades conferidas por el Derecho público y de las obligaciones destinadas a salvaguardar los intereses generales del Estado. El ejercicio de las facultades conferidas por el Derecho público se produciría de forma regular y no representaría una parte muy pequeña de las actividades. Por consiguiente, la Comisión consideró que el requisito de nacionalidad francesa en este caso no infringía las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de libre circulación de trabajadores.

6. El demandante se puso en contacto con el Defensor del Pueblo, que inició una investigación sobre 1) la alegación de que la Comisión no había examinado a fondo la denuncia de infracción del demandante y 2) la alegación de que la Comisión debía revisar su evaluación sustantiva de la denuncia de infracción del demandante. La Defensora del Pueblo informó a la Comisión de que había detectado una serie de deficiencias de procedimiento en la tramitación de la correspondencia y la denuncia de infracción del demandante [2]. En su dictamen sobre la denuncia, la Comisión reconoció las deficiencias de procedimiento que se habían producido y se declaró dispuesta a disculparse por ellas. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo consideró que no estaba justificada ninguna otra investigación sobre este aspecto de la reclamación. Por lo tanto, esta decisión se refiere únicamente a la alegación y la alegación antes mencionadas.

7. Al llevar a cabo la investigación, el Defensor del Pueblo ha tenido en cuenta los argumentos y opiniones presentados por las partes.

Supuesta falta de examen exhaustivo de la denuncia de infracción del denunciante y de la reclamación correspondiente

Propuesta de solución del Defensor del Pueblo

8. Sobre la base de su evaluación inicial, la Defensora del Pueblo propuso una solución en este caso a la Comisión. La evaluación inicial del Defensor del Pueblo fue que la Comisión no había examinado a fondo la denuncia de infracción y no había basado sus conclusiones en motivos suficientes y convincentes.

9. La Defensora del Pueblo presentó la siguiente propuesta de solución:

«A la luz de sus conclusiones, la Defensora del Pueblo propone que la Comisión revise su evaluación de la reclamación por infracción. La Comisión podría tener en cuenta las consideraciones expuestas por el Defensor del Pueblo y, en particular, las características muy específicas del puesto en cuestión. El Defensor del Pueblo sugiere que, como primer paso, la Comisión se ponga en contacto con las autoridades francesas al respecto.

10. En su respuesta a la propuesta del Defensor del Pueblo, la Comisión mantuvo la posición de que, de hecho, había evaluado el caso de forma específica e individual y de que disponía de información suficiente para decidir que se aplicaba la excepción prevista en el artículo 45, apartado 4, del TFUE. En esta respuesta, la Comisión dio más detalles sobre las explicaciones que había dado en su primera respuesta a la denuncia.

11. La Comisión declaró que había considerado que dos factores eran importantes a la hora de formular su posición. En primer lugar, el tribunal francés de asilo se pronuncia sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de la OFPRA (Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas), por las que se concede o deniega el derecho de asilo (estatuto de refugiado), se pone fin al disfrute del asilo y se resuelve sobre las solicitudes de revisión de resoluciones anteriores. La Comisión afirmó que esas decisiones constituían claramente "el ejercicio de facultades conferidas por el derecho público y de obligaciones destinadas a salvaguardar los intereses generales del Estado o de las demás autoridades públicas". En segundo lugar, el tribunal de asilo francés toma decisiones en casos individuales por secciones compuestas por tres miembros, uno de los cuales es designado por el ACNUR. Se le llama "asesor ", es miembro de la sección en cada caso individual y es nombrado especialista cualificado por el ACNUR con el consentimiento del vicepresidente del Conseil d'Etat. Por consiguiente, la participación en la adopción de decisiones judiciales es una función fundamental del representante del ACNUR. Este representante del ACNUR/"asesor "tiene derecho a voto igual al de los otros dos miembros de la formación judicial.

12. La Comisión señaló que todas estas consideraciones se refieren a características específicas del puesto en cuestión. Por lo tanto, alegó que estaba fuera de toda duda que la Comisión había llevado a cabo su análisis «caso por caso». También indicó que había basado su decisión en información suficiente.

13. En respuesta a la alegación de que la Comisión no dio la debida importancia a la especificidad del puesto de que se trata, la Comisión indicó que, como miembro de pleno derecho del órgano jurisdiccional nacional, el titular del puesto participa directamente en el ejercicio de la soberanía de Francia y de su competencia sobre los refugiados y los solicitantes de asilo, determinando directamente los derechos y obligaciones de los particulares con arreglo al Derecho francés e internacional.

14. Por lo que se refiere a la alegación de que Francia no considera necesario reservar el puesto de otros miembros del Tribunal de Asilo francés a los nacionales franceses, la Comisión señaló que, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 45, apartado 4, los Estados miembros disponen de un margen de apreciación para determinar a qué puestos aplican la excepción. Puede haber diferentes razones prácticas detrás de una decisión sobre qué puestos reservar para los nacionales y cuáles no, pero no es tarea de la Comisión interpretar las opciones de los Estados miembros a este respecto.

15. En respuesta a la alegación de que el requisito de nacionalidad no se había impuesto durante unos cincuenta años antes de 2004, la Comisión mantuvo su posición de que no hay nada en la jurisprudencia pertinente que impida a un Estado miembro aplicar el requisito de nacionalidad en situaciones en las que tal requisito no existía en el pasado, siempre que el puesto concreto cumpla los requisitos del artículo 45 TFUE, apartado 4.

16. En general, la Comisión sostuvo que su análisis había abordado en detalle los argumentos del denunciante y que su decisión se basaba en pruebas suficientes. Por lo tanto, consideró innecesario dirigirse a las autoridades francesas y, por lo tanto, no estaba en condiciones de aceptar la propuesta del Defensor del Pueblo de revisar su evaluación de la reclamación por infracción.

17. En sus observaciones sobre la respuesta de la Comisión a la propuesta de solución de la Defensora del Pueblo, la demandante mantuvo su reclamación.

Evaluación del Defensor del Pueblo tras la propuesta de solución

18. En el curso normal, el Defensor del Pueblo revisa su evaluación inicial en un caso a la luz de cualquier respuesta que reciba de la institución en cuestión. Sobre la base de las observaciones formuladas por la Comisión en su respuesta a su propuesta, que desarrollaba las observaciones formuladas anteriormente, el Defensor del Pueblo acepta que ahora no se cumpliría ningún propósito útil si la Comisión se pusiera en contacto con las autoridades francesas.

19. Es evidente que la Comisión tiene razón al considerar que es lógico suponer que el ejercicio de las funciones de juez en un órgano jurisdiccional nacional implica una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y que, por lo tanto, un Estado miembro está facultado, sobre la base del artículo 45 TFUE, apartado 4, para decidir que las personas que ocupen tales cargos sean nacionales de dicho Estado miembro.

20. Si la Comisión se hubiera puesto en contacto con las autoridades francesas en el marco de su evaluación de la denuncia por infracción, habría tenido una base más completa para fundamentar su decisión de aplicar la excepción del artículo 45 TFUE, apartado 4. Sin embargo, el Defensor del Pueblo acepta que el material de que disponía la Comisión, y en el que basó su decisión, era suficiente para cumplir el criterio de haber llevado a cabo una evaluación específica de cada caso de la reclamación por infracción concreta.

Conclusión

Sobre la base de su investigación de esta reclamación, la Defensora del Pueblo la archiva con la siguiente conclusión:

El Defensor del Pueblo considera que no hubo mala administración por parte de la Comisión en su tramitación de la reclamación por infracción del demandante.

Se informará de esta decisión al denunciante y a la Comisión.

Emily O'Reilly
Estrasburgo, 25/09/15

[1] Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1980, Comisión/Bélgica, 149/79, ECLI:EU:C:1980:297, apartado 10.

[2] Para más información sobre los antecedentes de la reclamación, los argumentos de las partes y la investigación del Defensor del Pueblo, consúltese el texto completo de la propuesta de solución del Defensor del Pueblo disponible en: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/60983/html.bookmark