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Decisión adoptada en el asunto 21/2016/JAP sobre la negativa del Consejo de la Unión Europea a conceder acceso a los dictámenes jurídicos sobre las propuestas de Reglamento por el que se crea la Fiscalía Europea y la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (EUROJUST)

Jueves | 07 marzo 2019

El asunto versaba sobre la negativa del Consejo de la Unión Europea a conceder acceso total a los dictámenes jurídicos sobre las propuestas legislativas de Reglamento por el que se crea la Fiscalía Europea y la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (EUROJUST).

Durante la investigación de la Defensora del Pueblo, el Consejo aceptó publicar dos de los cuatro documentos, pero mantuvo su negativa respecto a la publicación total de los dos documentos restantes, si bien se concedió el acceso parcial.

La Defensora del Pueblo admite que la negativa de publicar la totalidad de los dictámenes jurídicos quedaba justificada aduciendo que podría socavar la protección del asesoramiento jurídico y los procedimientos judiciales. Por consiguiente, archiva el asunto por considerar que no se había producido mala administración, pero invita al Consejo a revisar su negativa en vista de que el tiempo sigue corriendo.

Decision in case 136/2016/MDC on the European Commission's refusal to revise a final audit report concerning a project co-financed by the European Union

Martes | 13 diciembre 2016

The case was brought by an association of legal experts from all over the European Union which carried out a project co-financed by the European Commission. It concerned the alleged unfair recovery, following an audit, of sums wrongly considered ineligible under the Grant Agreement.

The Ombudsman inquired into the issue and concluded that, following her intervention, a solution had been found. She therefore closed the case.

Decision in case 1093/2016/JAP concerning the European Commission’s failure to reply to correspondence about problems with the submission of a grant proposal

Jueves | 01 diciembre 2016

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s messages concerning its difficulties with the submission of a grant proposal. Due to technical problems, the complainant was not able to apply through the Commission’s system PRIAMOS. Instead, it submitted its proposal by e-mail, which remained unanswered.

The Ombudsman inquired into the issue and asked the Commission to reply. In its reply, the Commission apologised for not having replied earlier. It said that it could not accept the complainant’s e-mail application because the system had functioned properly and the Commission had not been able to identify any attempts by the complainant to send the proposal via PRIAMOS before the deadline.

Access to documents

Jueves | 27 octubre 2016

Decision of the European Ombudsman on complaint 1922/2014/PL concerning the European Commission's refusal to grant public access to the evaluation reports of an EU-funded project

Martes | 30 agosto 2016

This case concerned the European Commission's refusal to grant full public access to the evaluation reports of the proposals for an EU-funded project on Roma in Albania.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission had correctly refused full access on the basis of the exception to public access which protects commercial interests. She therefore concluded that there was no maladministration by the Commission.

Decisión en el asunto 2004/2013/PMC - La tramitación de la Comisión Europea de una solicitud de acceso a documentos relacionados con la vigilancia de Internet por parte de los servicios de inteligencia británicos

Jueves | 05 noviembre 2015

El caso hacía referencia a la denegación de la Comisión de conceder acceso público a documentos relativos a la vigilancia de Internet por parte de los servicios de inteligencia del Reino Unido. La Defensora del Pueblo recomendó a la Comisión conceder acceso a un documento específico (una carta del Secretario de Exteriores británico al entonces vicepresidente de la Comisión) y, en caso de los otros documentos solicitados, divulgarlos o justificar debidamente por qué, en su opinión, debería denegarse su divulgación.

La Comisión decidió hacer pública la carta del Secretario de Exteriores británico, aceptando así la primera parte de la recomendación de la Defensora del Pueblo. Sin embargo, mantuvo su postura de no divulgar los otros documentos. Justificó esta decisión alegando que aún estaba investigando si los programas de vigilancia masiva del Reino Unido infringían la legislación de la UE, en concreto, en relación con el derecho de las personas a la protección de los datos. La Comisión argumentó que hasta que no se cerrase definitivamente la investigación, la prematura revelación de la documentación restante afectaría negativamente al diálogo entre las autoridades británicas y la Comisión. En términos más generales, sostuvo que su capacidad para realizar la investigación de manera eficaz y adoptar una decisión sobre la respuesta adecuada debería protegerse frente al riesgo de presiones externas. Por último, la Comisión no consideró que la divulgación supusiese un interés público superior.

La Defensora del Pueblo no está convencida de que la Comisión haya justificado adecuadamente su decisión de denegar acceso público a los documentos confidenciales restantes. Habida cuenta de que no ha revelado estos documentos ni ha proporcionado razones adecuadas para denegar el acceso público a los mismos, está claro que la Comisión ha rechazado la recomendación de la Defensora del Pueblo en relación con estos documentos. Es más, la Defensora del Pueblo observa que la Comisión parece no haber adoptado ninguna medida en relación con su investigación desde 2013. La Defensora del Pueblo constata, por lo tanto, que las acciones de la Comisión en este caso constituyen un caso de mala administración y, de hecho, de mala administración grave, dada la importancia de esta cuestión concreta para la ciudadanía de la UE.

Decision in case 1977/2013/MDC on the European Commission’s assessment of an infringement complaint concerning restrictions to freedom of movement within the EU internal market

Viernes | 25 septiembre 2015

The complainant in this case, a Luxembourgish citizen, was excluded from competing for a post in France on the grounds that she is not a French national. The post in question was that of a non-presiding judge who was to represent the United Nations High Commissioner for Refugees at the French asylum Court. The complainant put it to the European Commission that the limiting of the post to French nationals appeared to be a breach of the provisions of EU law on the free movement of workers. When the Commission took the view that there was no infringement of EU law, the complainant contacted the Ombudsman.

The Commission took the view that an exception to the right of free movement of workers applied. This exception applies in the case of employment in the public service and is provided for in Article 45(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Commission acknowledged that a decision in this issue required a concrete assessment of the nature of the tasks and responsibilities of the non-presiding judge and it argued that it had made such an assessment. The Ombudsman noted that, as part of this assessment, the Commission had not contacted the French authorities in order to obtain further information about the post in question. The Ombudsman's initial proposal, therefore, was that the Commission should review its assessment of the infringement complaint and she suggested that the Commission should consult the French authorities. In replying to this proposal, the Commission maintained that it had sufficient information available to it when deciding the issue and that it was therefore unnecessary to contact the French authorities. Having considered its detailed reply to the proposal, the Ombudsman accepted that in this case the Commission did have sufficient information on which to base its decision. She therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration on the part of the Commission.

Decisión en el asunto OI/9/2014/MHZ - Propuestas para mejorar la supervisión de las operaciones de retorno conjuntas de Frontex

Lunes | 04 mayo 2015

La política migratoria de la UE contempla el retorno voluntario o forzoso de migrantes irregulares de terceros países (solicitante de asilo desestimado y personas sin permiso de residencia en vigor) a sus países de origen. Debido a sus características, las operaciones de retorno forzoso pueden implicar graves violaciones de los derechos fundamentales. La investigación de oficio tenía por objeto aclarar cómo Frontex, en tanto que coordinadora de las operaciones de retorno conjuntas, garantiza el respeto de los derechos fundamentales y la dignidad humana de aquellas personas a quienes se obliga a retornar.

La Defensora del Pueblo Europeo /recabó los puntos de vista de Frontex y de su responsable de derechos fundamentales, examinó los expedientes de Frontex y recibió aportaciones de los miembros de la Red Europea de Defensores del Pueblo, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la agencia de la ONU para los refugiados y varias ONG. La Defensora concluyó que, pese al trabajo realizado, Frontex necesita mejorar la transparencia de su labor en el marco de las operaciones de retorno conjuntas, modificar su Código de conducta en ámbitos tales como los exámenes médicos y el uso de la fuerza, y comprometerse en mayor medida con los Estados miembros. Frontex debe hacer todo lo que esté en su mano para fomentar la supervisión independiente y eficaz de las operaciones de retorno conjuntas.

La Defensora del Pueblo Europeo archiva la investigación con una serie de propuestas a Frontex sobre cómo seguir mejorando su labor en esta área.