Antecedentes de la denuncia

1. El proyecto Mobi-Kids, financiado parcialmente por la UE, se desarrolló entre 2009 y 2016. El objetivo del proyecto era evaluar el riesgo de cáncer cerebral por la exposición a campos de radiofrecuencia en la infancia y la adolescencia.[1] El proyecto dio lugar a un estudio que está a disposición del público.[2]

2. El 20 de noviembre de 2020, el denunciante solicitó acceso público, en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos [Reglamento (CE) n.o 1049/2001][3], a todos los documentos relacionados con el proyecto Mobi-Kids.

3. El 26 de febrero de 2021, la Comisión determinó que veintinueve documentos entraban en el ámbito de aplicación de la solicitud y concedió un acceso parcial (amplio) a veintiséis documentos. Se negó a dar acceso a tres documentos, basándose en la necesidad de proteger los intereses comerciales [4].

4. El 19 de marzo de 2021, el denunciante pidió a la Comisión que revisara su decisión en lo que respecta a los tres documentos que la Comisión se negó a divulgar en su totalidad (presentando una «solicitud confirmatoria»).

5. El 10 de agosto de 2022, la Comisión adoptó su decisión confirmatoria:

• Concedió acceso parcial a un documento, el documento 7 («Quinto informe periódico»), expurgando algunas partes limitadas para proteger los datos personales [5] y los intereses comerciales;
• Se negó a divulgar los dos documentos restantes en su totalidad, el documento 21 («Informe de entrega 4.2 sobre mediciones de radiofrecuencias») y el documento 22 («Informe de entrega 4.3 sobre mediciones de frecuencias extremadamente bajas»), con el fin de proteger los intereses comerciales, incluida la propiedad intelectual.

6. Insatisfecho con el tiempo necesario para tramitar la solicitud y el acceso recibido, el reclamante se dirigió al Defensor del Pueblo el 23 de noviembre de 2022.

La investigación

7. El Defensor del Pueblo inició una investigación sobre los siguientes aspectos de la reclamación:

1) el retraso de la Comisión en la tramitación de la solicitud de acceso público; y

2) la decisión de la Comisión de denegar el pleno acceso a los documentos en cuestión (véase el apartado 5).

8. Al iniciar la investigación, la Defensora del Pueblo compartió su opinión preliminar con la Comisión de que el retraso significativo en la tramitación de la solicitud confirmatoria equivalía a mala administración. La Comisión respondió a las opiniones preliminares de la Defensora del Pueblo y el reclamante formuló observaciones sobre la respuesta de la Comisión.

9. El equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó los documentos en cuestión y las consultas del tercero del que procedían los documentos [6]. También se reunieron con los representantes de la Comisión. Sobre la base de la inspección y de la reunión, la Defensora del Pueblo compartió con la Comisión sus conclusiones preliminares sobre la negativa a divulgar (en su totalidad) los documentos en cuestión. La respuesta de la Comisión se transmitió al denunciante, que formuló nuevas observaciones.

Retraso de la Comisión en la tramitación de la solicitud de acceso público

Argumentos presentados

10. El denunciante estaba profundamente insatisfecho de que la Comisión tardara casi diecisiete meses en tramitar su solicitud confirmatoria. En opinión del denunciante, el retraso tenía por objeto «retrasar y obstaculizar efectivamente el acceso a la información que serviría para proteger los intereses de la salud pública frente a los intereses de las empresas, las personas y los beneficios del Estado».

11. En su respuesta al Defensor del Pueblo [7], la Comisión subrayó el contenido técnico de los documentos que hacían especialmente compleja la tramitación de la solicitud de acceso público. Dijo que tenía que consultar al tercero del que procedían los documentos en múltiples ocasiones. Además, durante la tramitación de la solicitud confirmatoria se produjo un cambio de circunstancias, a saber, la publicación de los resultados finales del proyecto. La Comisión tuvo que adaptarse a este cambio, lo que provocó nuevos retrasos.

12. Al formular observaciones sobre la respuesta de la Comisión, el denunciante dijo que era responsabilidad de la Comisión cumplir los plazos legales. A falta de respuestas oportunas del tercero consultado, la Comisión debería haber tomado una decisión por sí sola. Sostuvo además que el cambio de circunstancias mencionado por la Comisión no podía razonablemente haber dado lugar a un retraso tan significativo.

Evaluación del Defensor del Pueblo

13. La Comisión tardó casi diecisiete meses en responder a la solicitud confirmatoria del denunciante en este caso, superando con creces el plazo de treinta días hábiles establecido en el Reglamento (CE) n.o 1049/2001.

14. Por lo tanto, este caso es otro ejemplo de los retrasos significativos y sistémicos a los que se enfrenta la Comisión en la tramitación de las solicitudes confirmatorias, que la Defensora del Pueblo consideró que constituían mala administración en el contexto de su investigación de oficio sobre el asunto [8].

15. La inspección puso de manifiesto que la Comisión mantuvo múltiples intercambios con el tercero que originó los documentos, repartidos a lo largo de un año. La inspección también puso de manifiesto que la Comisión inició las consultas solo dos meses después de haber recibido la solicitud confirmatoria del denunciante.

16. El Defensor del Pueblo aprecia que la Comisión se esfuerce por obtener la posición del tercero antes de adoptar una decisión sobre la divulgación. Sin embargo, las consultas con terceros deben finalizarse dentro de los plazos aplicables. En cualquier caso, no deben iniciarse solo una vez que los plazos hayan expirado o tan tarde que no puedan respetarse. La Defensora del Pueblo ya ha pedido a la Comisión, en el contexto de la investigación de propia iniciativa antes mencionada, que inicie consultas externas a su debido tiempo.

17. La Defensora del Pueblo reconoce y acoge con satisfacción que la Comisión se haya disculpado por el retraso en este caso.

18. Dicho esto, el retraso significativo en la tramitación de la solicitud confirmatoria equivale a una mala administración. Dado que la Defensora del Pueblo ya ha formulado la recomendación correspondiente en el contexto de su investigación por iniciativa propia, no es necesario hacerlo en este caso.

Decisión de la Comisión de denegar el pleno acceso a los documentos en cuestión

Argumentos presentados

19. La Comisión indicó en su decisión confirmatoria que tenía en cuenta la posición del coordinador del proyecto Mobi-Kids, como tercero del que procedían los documentos en cuestión. El tercero se opuso a la divulgación de algunas partes del documento 7 (principalmente datos personales) y de los documentos 21 y 22 en su totalidad.

20. La Comisión denegó el acceso a los datos personales contenidos en el documento 7 (el informe periódico), alegando que el denunciante no había presentado razones suficientes para demostrar la necesidad de la transferencia de dichos datos para un fin específico de interés público. Consideró que el denunciante solo presentó consideraciones generales, que eran insuficientes para demostrar la necesidad de transmitir los datos personales [9]. Al mismo tiempo, la Comisión consideró que había razones para suponer que la divulgación perjudicaría los intereses legítimos de los interesados, ya que los expondría a contactos externos no solicitados.

21. Además, por lo que se refiere a partes limitadas del documento 7, la Comisión consideró que «los detalles sobre las tareas y los esfuerzos previstos y notificados para el proyecto de las partes implicadas» son información delicada desde el punto de vista comercial que, de divulgarse, podría revelar la organización interna y las estrategias de las entidades afectadas. Incluso si el estudio se realizó en el pasado, la información sigue siendo relevante para la organización interna y la estrategia comercial de las entidades.

22. En cuanto a los documentos 21 y 22 (los dos entregables), la Comisión señaló que contienen conclusiones preliminares del proyecto, que, según indicó el coordinador del proyecto, no han sido validadas científicamente y están obsoletas. Hacer públicos estos datos podría utilizarse para «una finalidad errónea» y podría dar lugar a conclusiones engañosas. Además, podría permitir la «explotación potencial» de los resultados finales, que se han vuelto a analizar a fondo y se han revisado por pares. La Comisión también alegó que la divulgación de las conclusiones preliminares podría plantear riesgos para la reputación y causar daños comerciales a las entidades implicadas en el proyecto, ya que los competidores científicos podrían utilizar resultados no validados. Todo esto podría afectar a la credibilidad de todo el proyecto, socavando así los intereses comerciales de las partes implicadas.

23. La Comisión añadió que los dos documentos contienen conocimientos técnicos específicos (detalles técnicos, información sobre la realización del estudio en todos los países, datos y metodologías), cuya divulgación socavaría los derechos de propiedad intelectual y revelaría la experiencia de las entidades que participan en el proyecto, perjudicando así sus intereses comerciales.

24. Por último, la Comisión no pudo identificar un interés público superior en la divulgación y consideró que los argumentos del denunciante a este respecto eran de carácter demasiado general [10]. Añadió que ha habido varias publicaciones de diferentes aspectos del proyecto y de los resultados finales.

25. En la reunión con el equipo de investigación del Defensor del Pueblo [11], los representantes de la Comisión reiteraron los argumentos presentados en la decisión confirmatoria. Aclararon que la Comisión no sabía si el contenido de los dos entregables, a saber, los documentos 21 y 22, se había publicado entretanto o no. Sin embargo, se publicaron los resultados finales del proyecto.

26. En la reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante hizo hincapié en que los documentos solicitados se refieren a un proyecto de investigación sobre problemas de salud infantil. Los resultados de la investigación pueden afectar tanto a los intereses financieros de las industrias de telecomunicaciones como a la salud pública.

27. Por lo que se refiere a la negativa a facilitar el acceso a los datos personales, el denunciante consideró que existe un interés público en saber qué personas trabajaron en el proyecto,«en particular en la recopilación, análisis y descripción de datos objetivos». El denunciante trató de verificar la independencia de los participantes, habida cuenta de los intereses contrapuestos en juego en la investigación («beneficios financieros en contra de la salud pública») y señaló que la Comisión debía ser consciente de tales posibles conflictos de intereses. Además, el denunciante consideró que la Comisión no aportó razones adecuadas para demostrar que la divulgación afectaría a los intereses legítimos de los interesados.

28. Por lo que se refiere a la protección de los intereses comerciales, el denunciante alegó que:

• la divulgación de los resultados preliminares no debe plantear riesgos para los intereses comerciales de terceros;
• no debe corresponder a la Comisión decidir cuál es una «finalidad incorrecta» para el uso de los datos;
• la Comisión no equilibró adecuadamente los intereses pertinentes en juego, es decir, los intereses económicos de las empresas de telecomunicaciones a la hora de presentar sus productos como seguros y el interés público en la salud pública, en particular la salud infantil;
• no solo los resultados finales son de interés para la comunidad científica y el público, sino también todos los datos obtenidos del proyecto, incluidos sus resultados preliminares;
• el argumento de la Comisión de que los resultados finales pueden publicarse, mientras que los preliminares no pueden ser utilizados por competidores científicos, es erróneo;
• los conocimientos técnicos de los métodos de los investigadores no deben ser sensibles desde el punto de vista comercial, ya que los métodos empleados se examinan normalmente como parte del proceso y la revisión científicos.

29. El denunciante consideró que el interés en la salud pública era superior a cualquier interés comercial que se propusiera en este caso.

Conclusiones preliminares del Defensor del Pueblo

30. La Defensora del Pueblo consideró [12] que la Comisión no explicaba adecuadamente cómo, en el caso que nos ocupa, la divulgación de los documentos perjudicaría los intereses que pretendía proteger.

31. Por lo que se refiere a la protección de los datos personales (es decir, los nombres y funciones de los investigadores que participan en el proyecto), el Defensor del Pueblo señaló que determinados datos personales relativos a los «beneficiarios»[13] del proyecto ya eran de dominio público.

32. Por lo que se refiere a la protección de los intereses comerciales, la Defensora del Pueblo señaló que los documentos datan de 2011 (documentos 21 y 22) y 2016 (documento 7). El proyecto Mobi-Kids finalizó en 2016. Según la jurisprudencia de la UE, se presume que la información de más de cinco años ya no es sensible desde el punto de vista comercial [14]. Además, la Comisión no demostró cómo la publicación de los resultados preliminares (documentos 21 y 22) perjudicaría concreta y efectivamente los intereses comerciales de las partes implicadas en el proyecto [15].

33. En vista de ello, el Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que reconsiderara su posición sobre la solicitud de acceso público, con vistas a divulgar los documentos en cuestión en la mayor medida posible.

34. En respuesta,[16] la Comisión reevaluó la aplicación de las excepciones, teniendo en cuenta las conclusiones preliminares del Defensor del Pueblo, el paso del tiempo y el riesgo para los intereses comerciales de terceros en el contexto actual. La Comisión también consultó de nuevo al tercero, que aceptó una mayor divulgación, con la excepción de determinados datos personales y las marcas y modelos de los teléfonos móviles utilizados para el estudio.

35. Así pues, la Comisión aceptó conceder un acceso más amplio a los tres documentos. Las únicas partes aún retenidas son:

• datos personales de personas que no eran los investigadores principales del proyecto Mobi-Kids y de miembros del personal de la Comisión que no ocupaban puestos directivos;
• las marcas y modelos de los teléfonos móviles utilizados para el estudio, ya que «no puede excluirse que la reputación de los fabricantes se vea socavada por la divulgación de esta información, teniendo en cuenta el objeto del estudio en cuestión».

36. El autor expresó su insatisfacción con las redacciones restantes. En su opinión, debería haberse revelado la identidad de todos los contribuyentes al proyecto, ya que esto es pertinente en relación con «cuestiones relativas a la independencia, fiabilidad y veracidad de un estudio». Por lo que se refiere a la redacción de marcas y modelos de teléfonos móviles, alegó que la Comisión no demostró adecuadamente cómo la divulgación podría socavar los intereses comerciales de los fabricantes. El argumento de que la reputación de los fabricantes de teléfonos móviles, que estaban en uso hace más de trece años, necesita ser protegida no parece convincente en su opinión.

Evaluación del Defensor del Pueblo

37. La Defensora del Pueblo acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de conceder un amplio acceso parcial a los documentos en cuestión tras su intervención.

38. La Comisión mantuvo una redacción limitada de la información, cuya divulgación, en su opinión, socavaría la protección de los datos personales y de los intereses comerciales.

Redacciones relacionadas con la protección de datos personales

39. La Defensora del Pueblo observa que hay dos categorías de participantes en el proyecto: los participantes en el acuerdo de subvención Mobi-Kids («beneficiarios») y «otros investigadores», que también contribuyeron al proyecto pero no son beneficiarios.

40. Tras la intervención del Defensor del Pueblo, la Comisión comunicó todos los datos relativos a los beneficiarios, incluidos los nombres de los investigadores principales. Por lo que se refiere a los demás investigadores participantes, sus nombres siguen estando redactados. Sin embargo, sus respectivas funciones y empleadores ya han sido revelados.

41. La Defensora del Pueblo acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de divulgar todos los datos relativos a los beneficiarios, ya que están a disposición del público en otros lugares ^[17], así como la función y el empleador de los demás investigadores.

42. Los nombres redactados de los otros investigadores constituyen claramente datos personales.

43. El Reglamento 1049/2001 y la legislación de la UE en materia de protección de datos [18] establecen un umbral jurídico muy elevado para conceder acceso a los datos personales. Los datos personales solo pueden divulgarse si la persona que solicita acceso a ellos puede demostrar una necesidad para un fin específico de interés público que se atiende mediante la divulgación de los datos personales en cuestión [19]. Aun así, los datos personales deben retenerse si su divulgación es desproporcionada, teniendo en cuenta los intereses legítimos de la persona afectada.

44. La necesidad aducida por el denunciante es la necesidad de verificar si los contribuidores eran independientes, sin presentar, no obstante, ningún argumento específico que suscite dudas en cuanto a su independencia. Por lo tanto, no está claro sobre qué base sospecha el denunciante que podría haber habido una falta de independencia o un posible conflicto de intereses.

45. Por lo que se refiere a los nombres de los miembros del personal de la UE que han sido expurgados de los documentos, el Defensor del Pueblo observa que se trata de los responsables de proyectos encargados de supervisar el proyecto. El denunciante no aporta ningún argumento que demuestre una necesidad específica de interés público de que se divulguen los nombres.

46. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo considera razonable la decisión de la Comisión de no divulgar los nombres de otros investigadores y de los miembros del personal de la UE.

Redacciones relacionadas con la protección de intereses comerciales

47. La Comisión reveló los dos entregables casi en su totalidad, redactando solo las marcas y modelos de los teléfonos utilizados en el estudio. Al hacerlo, se refirió a la objeción del tercero, que volvió a consultar, y a la posibilidad de que la divulgación de esta información pudiera perjudicar los intereses comerciales de los fabricantes, habida cuenta del objeto del proyecto Mobi-Kids.

48. La Comisión no dio más explicaciones sobre la manera en que la divulgación podría seguir socavando los intereses comerciales de los fabricantes, sobre todo teniendo en cuenta que los modelos en cuestión tienen más de diez años de antigüedad [20].

49. Si bien la Defensora del Pueblo entiende que están en juego los intereses comerciales de los fabricantes, considera que la Comisión no ha fundamentado adecuadamente el riesgo de perjuicio para estos intereses si se divulgara la información retenida.

50. Dicho esto, la Comisión ha facilitado ahora un amplio acceso parcial a los dos entregables, que no se habían divulgado anteriormente. Si bien la Comisión podría haber razonado mejor la redacción de las marcas y modelos de los teléfonos utilizados en el estudio, la Defensora del Pueblo considera que no están justificadas nuevas investigaciones sobre este elemento pendiente.

Conclusiones

Sobre la base de la investigación, el Defensor del Pueblo archiva este caso con las siguientes conclusiones:

El retraso significativo en la tramitación de la solicitud confirmatoria del denunciante constituía mala administración.

La Defensora del Pueblo acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de conceder un amplio acceso parcial a los documentos en cuestión tras su intervención. Si bien la Comisión podría haber explicado mejor las limitadas expurgas restantes realizadas para proteger los intereses comerciales, el Defensor del Pueblo considera que no están justificadas nuevas investigaciones sobre este elemento pendiente.

Se informará de esta decisión al denunciante y a la Comisión Europea.

 

Emily O'Reilly Defensora del Pueblo
Europeo

Estrasburgo, 27.6.2024

 

[1] Puede obtenerse más información sobre el proyecto Mobi-Kids en: https://cordis.europa.eu/project/id/226873/reporting.

[2] Uso del teléfono móvil en la infancia y la adolescencia y tumores cerebrales neuroepiteliales: Resultados del estudio internacional Mobi-Kids, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021006942?via%3Dihub.

[3] Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049.

[4] De conformidad con el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento 1049/2001.

[5] De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento 1049/2001.

[6] Realizado de conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento 1049/2001.

[7] La carta del Defensor del Pueblo está disponible en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/163574; la respuesta de la Comisión está disponible en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/188323.

[8] Asunto OI/2/2022/OAM sobre el tiempo que tarda la Comisión Europea en tramitar las solicitudes de acceso público a los documentos, disponible en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/60766.

[9] La Comisión se remitió a la sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2018, Psara et al./Parlamento Europeo, T-639/15 a T-666/15 y T-94/16, ,, apartados 73 a 76: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-639/15&language=en.

[10] La Comisión se refirió a varias sentencias, incluida la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2015, ClientEarth/Comisión, C-612/13 P, apartado 93: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-612/13&language=EN.

[11] El informe de la reunión puede consultarse en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/176841.

[12] Las conclusiones preliminares del Defensor del Pueblo están disponibles en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/preliminary-finding/en/176840.

[13] Los beneficiarios son los participantes en el proyecto Mobi-Kids, financiado por la UE.

[14] Sentencia del Tribunal General de 23 de septiembre de 2020, Basaglia/Comisión Europea, asunto T-727/19: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-727/19&language=EN.  

[15] Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2014, MasterCard y otros/Comisión, T-516/11, apartados 85-90: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-516/11&language=EN.

[16] La respuesta de la Comisión puede consultarse en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/188322.

[17] Disponible en: https://cordis.europa.eu/docs/results/226/226873/final1-list-of-the-participants.pdf.

[18] Reglamento 2018/1725 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de estos datos: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725.

[19] Véase la sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2018 en los asuntos T-639/15 a T-666/15 y T-94/16, Psara et al/Parlamento, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-639/15&language=en, y la sentencia del Tribunal General de 8 de mayo de 2024 en el asunto T-375/22, Izuzquiza y otros/Parlamento, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-375/22.

[20] Véase, a este respecto, la sentencia del Tribunal General de 22 de mayo de 2012, EnBW Energie Baden-Württemberg/Comisión, T-344/08, apartados 139 a 142: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-344/08&language=EN.