El denunciante expresó su preocupación por la forma en que la Comisión Europea está tramitando un procedimiento de infracción contra Italia en relación con las normas para la concesión de autorizaciones de uso de dominios marítimos públicos para el turismo costero y los servicios de ocio (concesiones de playa). En particular, el denunciante alega que la Comisión ha sufrido retrasos significativos en la tramitación del procedimiento, no se ha comunicado de manera adecuada y transparente sobre el asunto y que su uso de la discrecionalidad en el procedimiento no ha ido acompañado de mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas.

La Defensora del Pueblo inició una investigación y pidió a la Comisión que respondiera por escrito a las preocupaciones del reclamante. También solicitó que se inspeccionaran los documentos en poder de la Comisión relativos al procedimiento de infracción.