El asunto se refería a la forma en que la Fiscalía Europea tramitó las reclamaciones de un asistente nacional de los fiscales europeos delegados en Italia. El denunciante alegó que los fiscales europeos delegados de la Fiscalía Europea en Roma interfirieron en dos procedimientos administrativos que inició a nivel nacional. La reclamación también se refería a la forma en que la Fiscalía Europea tramitó una solicitud de acceso público a documentos presentada por el reclamante.

La Defensora del Pueblo constató deficiencias en la tramitación de las reclamaciones por parte de la Fiscalía Europea en cuanto a la forma en que esta comunicó su posición al reclamante y las razones de su conclusión de no adoptar nuevas medidas. La Fiscalía Europea abordó esta cuestión durante la investigación proporcionando explicaciones claras y razonables sobre su posición. La Defensora del Pueblo también constató que la Fiscalía Europea no vulneró los derechos del reclamante al tramitar las reclamaciones.

En cuanto a la solicitud de acceso a los documentos, la Defensora del Pueblo constató que las razones invocadas por la Fiscalía Europea para no divulgar los documentos solicitados no parecen estar en consonancia con la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos. No obstante, el Defensor del Pueblo consideró que la decisión de no divulgar los documentos solicitados por el reclamante era razonable, aunque por una razón diferente a la invocada por la Fiscalía Europea.

La Defensora del Pueblo concluyó la investigación con la conclusión de que no estaba justificada ninguna otra investigación.

El asunto se refería al tiempo que tardó la Comisión Europea en tramitar una denuncia de infracción contra Italia relativa a las disposiciones sobre el tiempo de trabajo y las vacaciones del personal de la policía financiera (Guardia di Finanza) en Italia. El denunciante había presentado una denuncia de infracción a la Comisión sobre el asunto en 2022. En su reclamación al Defensor del Pueblo, consideró que la Comisión no había tomado una decisión sobre su reclamación por infracción en un plazo razonable.

Sobre la base de su investigación, la Defensora del Pueblo constató que la Comisión había justificado adecuadamente el tiempo empleado hasta la fecha. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que no había mala administración. No obstante, habida cuenta del tiempo transcurrido hasta la fecha, la oradora alienta a la Comisión a que se ocupe del caso con carácter prioritario.

El asunto se refiere a la forma en que la Comisión Europea está tramitando una denuncia de infracción contra Irlanda relativa a las condiciones para el transporte de terneros jóvenes que siguen una dieta láctea. El denunciante consideró que el tiempo que tardó la Comisión en tramitar la denuncia de infracción no era razonable.

La Defensora del Pueblo constató que la Comisión está siguiendo de cerca la situación. La investigación está en curso y ha habido una comunicación y reuniones continuas y periódicas entre la Comisión y las autoridades nacionales sobre el asunto.

Por lo tanto, el Defensor del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que no había habido mala administración.

El asunto se refería inicialmente al hecho de que la Comisión Europea no mantuviera informado al reclamante sobre la situación de una denuncia de infracción relativa a la conformidad de determinada legislación española con las normas de protección de datos de la UE y la Directiva sobre el comercio electrónico.

La Defensora del Pueblo pidió a la Comisión que informara al reclamante sobre la situación de la reclamación, los motivos del retraso en su evaluación y el plan de acción de la Comisión en este caso. Dado que la Comisión no facilitó información suficientemente detallada al reclamante, el equipo de investigación de la Defensora del Pueblo también se reunió con los representantes de la Comisión e inspeccionó el expediente de la Comisión para comprender mejor cómo estaba tramitando la denuncia de infracción.

La Defensora del Pueblo constató que, si bien había un período de tiempo en el que la Comisión no estaba activa en el expediente, una vez que la legislación española pertinente se hizo plenamente aplicable, mantuvo contactos periódicos con las autoridades nacionales y evaluó el caso. La Defensora del Pueblo también constató que, aunque la Comisión no facilitó información oportuna al reclamante, lo que es lamentable, proporcionó explicaciones detalladas durante esta investigación sobre el tiempo necesario para tramitar la denuncia de infracción y su estado. Además, la Comisión envió una carta de emplazamiento a España durante la investigación relativa al primer aspecto de la denuncia de infracción.

Por lo tanto, la Defensora del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que no estaba justificada ninguna otra investigación.

El asunto se refería a un miembro del personal del Banco Central Europeo (BCE) que consideraba haber sido acosado por su superior jerárquico. Se quejó de ello a principios de 2021. El BCE inició una investigación administrativa y, al mismo tiempo, asignó al demandante a otro lugar de trabajo en el BCE para su propia protección.

La investigación administrativa duró dos años y medio y se cerró tres años después de que el denunciante pidiera ayuda por primera vez. La investigación administrativa determinó que el autor había sido acosado e inició oficialmente un procedimiento disciplinario contra el superior jerárquico.

Durante el seguimiento del BCE del resultado de la investigación administrativa, el demandante se dirigió al Defensor del Pueblo. Alegó que había demoras irrazonables en el proceso.

En el curso de la investigación del Defensor del Pueblo, el BCE finalizó el procedimiento disciplinario y el demandante regresó finalmente a su lugar de trabajo principal.

El Defensor del Pueblo constató que se habían producido retrasos irrazonables en todas las fases de la tramitación del asunto por parte del BCE, y que el BCE no había abordado cuestiones importantes en su seguimiento. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo propuso una solución al BCE, a saber, que se disculpe, pague una indemnización y garantice una comunicación interna significativa al personal sobre el caso de acoso.

En su respuesta a la propuesta de solución del Defensor del Pueblo, el BCE lamentó lo sucedido. Organizó una comunicación interna adicional sobre el caso de acoso. Sin embargo, no consideró que tuviera los elementos necesarios para considerar la compensación financiera. La Defensora del Pueblo constató que, lamentablemente, el perjuicio causado por la tramitación por el BCE del caso de acoso del demandante no había sido reparado por la respuesta del BCE a la propuesta de solución. Sin embargo, dado que una recomendación en la que se reiteraban los mismos puntos no parece ser útil, la Defensora del Pueblo cerró la investigación con sugerencias de mejoras sistémicas y volvió a pedir al BCE que se pusiera en contacto con el reclamante para identificar las consecuencias financieras pertinentes de su mala administración.