La Comisión Europea es responsable de decidir cómo asignar los fondos en el marco del Fondo Europeo de Defensa (FED). Para ello, cuenta con la asistencia de expertos externos, que contribuyen a la evaluación, la revisión ética y la evaluación de las estimaciones presupuestarias de las propuestas. Dado el considerable interés público en este ámbito, el Defensor del Pueblo inició una investigación de oficio sobre la manera en que la Comisión garantiza que no haya conflictos de intereses con los expertos que le asisten.

La Defensora del Pueblo constató que la Comisión se basa en gran medida en la información presentada por los candidatos en su evaluación y la animó a buscar proactivamente información adicional que pudiera indicar conflictos de intereses.

La investigación también puso de manifiesto que no existe un examen sistemático de los intereses financieros de los expertos. Para ayudar a remediar esta situación, el Defensor del Pueblo sugirió que la Comisión pidiera a los candidatos que cumplimentaran una declaración de intereses detallada.

En los casos en que los expertos declararon posibles conflictos de intereses, el Defensor del Pueblo constató que estos expertos habían sido recusados de las propuestas del FED en cuestión. Sin embargo, identificó algunos problemas en relación con la forma en que la Comisión registró su evaluación de estos conflictos e hizo una sugerencia de mejora.