El denunciante pidió a la Comisión Europea que concediera acceso público a los documentos relativos a las solicitudes de un miembro específico del personal de la Comisión para ocupar puestos en el sector privado. La Comisión se negó a confirmar si disponía o no de documentos pertinentes, alegando que ello podría menoscabar la intimidad de la persona afectada. Al hacerlo, se remitió al Reglamento 2018/1725 sobre las obligaciones de las instituciones de la Unión en materia de protección de datos y a otra jurisprudencia pertinente.

Tras una reunión con representantes de la Comisión para aclarar algunas preguntas, el Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que reevaluara su posición. Señala que su enfoque estricto de negarse a identificar los documentos pertinentes corre el riesgo de dar la impresión de que no se siguen las normas establecidas en el Estatuto de los funcionarios de la UE. También señaló que los posibles conflictos de intereses a veces pueden ser un interés público que superaría los intereses de protección de datos.

La Comisión no aceptó la propuesta de solución del Defensor del Pueblo y mantuvo su posición. La Defensora del Pueblo expresó su pesar, argumentando que una mayor transparencia habría permitido al reclamante verificar si la Comisión y el antiguo miembro del personal habían seguido las normas aplicables. Sin embargo, como la Comisión ya había reevaluado el asunto tal como le había pedido, no veía ningún propósito útil para continuar la investigación.