El autor pidió a la Comisión Europea que concediera acceso público a los documentos relativos a los sistemas y equipos de vigilancia y seguridad en los centros de migrantes en Grecia. La Comisión identificó dieciocho documentos incluidos en la solicitud, pero denegó el acceso a ellos. Al hacerlo, invocó dos excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, alegando que la divulgación podría socavar la seguridad pública y los intereses comerciales.

El Defensor del Pueblo consideró que la Comisión debería conceder un amplio acceso a los documentos, y presentó a la Comisión una propuesta de solución a tal fin. La Comisión aceptó conceder un amplio acceso a los documentos controvertidos. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta positiva de la Comisión a su propuesta de solución y archivó el asunto. Sin embargo, criticó el importante retraso de la Comisión a la hora de tramitar la solicitud y volvió a pedir a la Comisión que abordara urgentemente los retrasos sistémicos en la forma en que tramita las solicitudes de acceso público a los documentos.