realizada de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo ^[1]

Antecedentes de la denuncia

1. En mayo de 2024 entró en vigor la «Ley de Materias Primas Fundamentales» [2]. El presente Reglamento de la UE tiene por objeto garantizar el acceso a un suministro seguro y sostenible de minerales y materiales esenciales de gran importancia económica y con un riesgo significativo para el suministro que son cruciales para las tecnologías digital, ecológica y de defensa.

2. En el marco del Reglamento sobre materias primas fundamentales, determinados proyectos de minería, transformación y reciclado pueden reconocerse como «proyecto estratégico»[3], lo que significa que estos proyectos obtienen un estatuto prioritario que exige a las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales llevar a cabo lo antes posible cualquier procedimiento administrativo o judicial relacionado con la concesión de autorizaciones para dichos proyectos. 

3. Para ser designados como proyecto estratégico, los proyectos de materias primas fundamentales deben cumplir determinados criterios [4]. Por ejemplo, deben i) contribuir significativamente a la seguridad del suministro de materias primas estratégicas de la UE, ii) ser viables en un plazo razonable y iii) ejecutarse de manera sostenible, lo que significa que los promotores de proyectos deben supervisar, prevenir y minimizar cualquier impacto medioambiental o socialmente adverso de sus respectivos proyectos.

4. Las decisiones sobre la designación del estatuto de proyecto estratégico son adoptadas por la Comisión Europea, previa consulta al «Consejo de Materias Primas Fundamentales», compuesto por expertos de los Estados miembros.

5. En mayo de 2024, la Comisión publicó la primera convocatoria de solicitudes para el reconocimiento de proyectos de materias primas fundamentales como proyectos estratégicos en el marco del Reglamento sobre materias primas fundamentales [5]. En marzo de 2025, la Comisión designó 47 proyectos dentro de la UE como proyectos estratégicos [6]. En junio de 2025, la Comisión designó 13 proyectos situados en países no pertenecientes a la UE como proyectos estratégicos, incluido un proyecto de extracción de litio situado en el valle de Jadar, en Serbia [7].

6. En julio y septiembre de 2025, respectivamente, los denunciantes presentaron a la Comisión dos solicitudes [8] de acceso público a documentos, independientemente una de la otra, en las que pedían que se concediera a la solicitud del «proyecto Jadar» el estatuto estratégico en virtud del Reglamento CRMA.

7. La Comisión identificó siete documentos, a saber, el formulario de solicitud y seis documentos justificativos [9] que le había presentado la empresa en cuestión («promotor del proyecto»). La Comisión se negó a dar acceso público a los documentos en su totalidad, basándose en la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a la defensa y los asuntos militares y las políticas financieras y económicas de la UE [10], así como en la necesidad de proteger los intereses comerciales [11], refiriéndose a una presunción general de no divulgación.

8. En septiembre y noviembre de 2025, respectivamente, los denunciantes solicitaron a la Comisión que revisara sus decisiones (presentando «solicitudes confirmatorias»), cuestionando la sensibilidad de la información contenida en los documentos y alegando que la divulgación reviste un interés público superior.

9. En concreto, el denunciante en el asunto 3164/2025/PVV(MIG) consideró que, dado que los proyectos estratégicos se financian con fondos públicos, se aceleran y se les conceden privilegios reglamentarios, existe un interés público en saber cómo se evalúan y seleccionan.

10. Además, el denunciante consideró que es probable que los documentos contengan información medioambiental, incluida información sobre emisiones, para la que debe darse prioridad al interés público sobre la confidencialidad comercial. A este respecto, el denunciante también alegó que, dado que el proyecto se había dividido en varias «unidades independientes», su impacto global era difícil de entender y podría haber estado infrarrepresentado en la solicitud del proyecto. Además, el denunciante alegó que se habían realizado ejercicios de exploración y ensayo para el proyecto que no se ajustaban a la legislación nacional aplicable. Por último, el denunciante declaró que existía un «clima de intimidación» para las personas que querían protestar contra la minería de litio en Serbia, refiriéndose a un informe de la Comisión de 2024 en el que se había constatado que los manifestantes se habían enfrentado a detenciones, registros domiciliarios, campañas de difamación y demandas estratégicas contra la participación pública («demandas de demandas estratégicas contra la participación pública»)[12].

11. El denunciante también alegó que la Comisión no había explicado suficientemente las razones de su decisión de designar el proyecto en cuestión como proyecto estratégico en el marco del Reglamento CRMA. Esto, sostuvo, socava el acceso a la justicia, incluido el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a impugnar las decisiones administrativas en asuntos ambientales en el marco de Aarhus.

12. Del mismo modo, el denunciante en el asunto 243/2026/NH señaló que el promotor del proyecto en cuestión ha sido objeto de examen en relación con el impacto medioambiental de varios proyectos en todo el mundo. Expresa su preocupación por el hecho de que, en caso de accidente en el valle de Jadar, la posible contaminación del agua pueda afectar a los países vecinos, a saber, Croacia, Rumania y Bulgaria. También se refirió a la oposición de la comunidad local al «proyecto Jadar» y destacó la importancia de garantizar que los objetivos del proyecto sean coherentes con los del Memorando de Entendimiento sobre una asociación estratégica entre la UE y Serbia en materia de materias primas sostenibles, cadenas de valor de las baterías y vehículos eléctricos.[14] Según el denunciante, el promotor del proyecto también es exportador de bienes militares de Serbia, y el uso del litio para fines militares de la UE socavaría, en su opinión, la neutralidad de Serbia.

13. Cuando no recibieron una respuesta confirmatoria de la Comisión en el plazo prescrito (lo que se considera una respuesta negativa implícita [15]), los reclamantes se dirigieron al Defensor del Pueblo, expresando su preocupación por el retraso en que incurrió la Comisión al tramitar sus solicitudes de acceso y por su negativa a divulgar los documentos en cuestión.

La investigación

14. La Defensora del Pueblo inició dos investigaciones sobre la negativa implícita de la Comisión a conceder acceso público en virtud del Reglamento (CE) n.o 1049/2001.

15. En el contexto de una investigación estratégica ^[16], la Defensora del Pueblo ya había constatado que los retrasos sistémicos de la Comisión en la tramitación de las solicitudes de acceso público constituyen mala administración ^[17]. Por lo tanto, aunque la Defensora del Pueblo lamentó el retraso en las respuestas de la Comisión a las solicitudes confirmatorias de los reclamantes, no inició una investigación sobre las razones del retraso en estos casos específicos. Sin embargo, la Defensora del Pueblo es consciente de que la Comisión sigue incurriendo en retrasos en la tramitación de las solicitudes de acceso público y está siguiendo de cerca el asunto sobre la base de las reclamaciones que se le presentan.

16. Como primer paso en las investigaciones, la Defensora del Pueblo pidió a la Comisión que emitiera una decisión confirmatoria explícita en cada caso.

17. Cuando el retraso persistió, el equipo de investigación del Defensor del Pueblo procedió a inspeccionar los documentos en cuestión.

18. En marzo y abril de 2026, respectivamente, la Comisión emitió una decisión confirmatoria en cada caso. Mantuvo su posición de que debía denegarse el acceso a los documentos pertinentes en su totalidad, invocando la necesidad de proteger los intereses comerciales del promotor del proyecto de que se trata, alegando que se aplicaba una presunción general de no divulgación.

19. La Comisión ya no se basó en las excepciones para la protección del interés público en materia militar y de defensa, ni en las políticas económicas y financieras de la UE.

20. Los denunciantes seguían insatisfechos con el acceso concedido. Por consiguiente, el equipo de investigación del Defensor del Pueblo prosiguió la inspección de los documentos.

Argumentos presentados al Defensor del Pueblo

21. En sus decisiones confirmatorias, la Comisión declaró que los documentos forman parte de una solicitud satisfactoria de reconocimiento de un proyecto de materias primas fundamentales como proyecto estratégico en el marco del Reglamento sobre materias primas fundamentales. Explicó que, para determinar si se concede este estatuto, debe evaluar si el proyecto en cuestión cumple los criterios de reconocimiento pertinentes, que son de carácter técnico y afectan, por ejemplo, a la capacidad del proyecto para realizar una contribución significativa al suministro de materias primas estratégicas en la UE, su viabilidad técnica, su volumen de producción previsto y su sostenibilidad e impacto medioambiental. Esto significa que las solicitudes de proyectos deben contener una amplia información técnica, incluidas pruebas relacionadas con el cumplimiento de cada criterio de reconocimiento, un calendario para la ejecución del proyecto y un plan empresarial que evalúe la viabilidad financiera del proyecto.

22. A la luz de lo anterior, la Comisión consideró que la presunción general de no divulgación que los órganos jurisdiccionales de la UE han reconocido en relación con los documentos que forman parte de las ofertas (que suelen incluir una oferta técnica, económica y financiera) presentadas en el marco de la contratación pública de la UE se aplica por analogía.

23. En concreto, la Comisión declaró que la justificación de esta presunción general es la necesidad de preservar la competencia no falseada y los intereses legítimos de los operadores económicos que participan en los procedimientos de contratación pública y que pueden aplicarse consideraciones similares a las solicitudes de estatuto de proyecto estratégico. Sostuvo que este estatus implica una posición privilegiada en el mercado y que los solicitantes deben «demostrar su experiencia específica y su atractivo individual, que, en un contexto comercial, es de naturaleza competitiva, independientemente de que el estatus pueda otorgarse a un número no especificado de solicitantes en el marco de una única convocatoria». La Comisión también dijo que tales solicitudes contienen información sobre la experiencia sectorial específica del promotor del proyecto respectivo, las relaciones comerciales y el enfoque innovador utilizado en el desarrollo de su proyecto, y que la divulgación revelaría la metodología utilizada por el promotor del proyecto para estructurar su aplicación y cualquier posible factor diferenciador / singularidad que pudiera ser una ventaja competitiva.

24. La Comisión alegó que dicha información es de naturaleza sensible y de un valor comercial significativo, ya que podría ser utilizada por los competidores en su propio beneficio, tanto en lo que respecta a sus actividades comerciales en general como en el contexto de una solicitud de estatuto de proyecto estratégico en el marco del Reglamento CRMA. La Comisión añadió que el mercado de materias primas fundamentales se caracteriza por una elevada concentración y una elevada volatilidad, de modo que la divulgación de cualquier información sobre los conocimientos técnicos y la estrategia empresarial de un promotor de proyectos puede causar un perjuicio importante a sus intereses comerciales.

25. Por lo que se refiere a la existencia de un interés público superior, la Comisión rechazó el argumento de que la divulgación garantizaría la transparencia y la supervisión democrática en cuanto a la forma en que se evalúan y seleccionan los proyectos estratégicos por su carácter demasiado general.

26. En cuanto a la información medioambiental, la Comisión consideró que los documentos no contienen ninguna información que pueda considerarse razonablemente «información relacionada con las emisiones al medio ambiente», dado que la información pertinente no era «determinada —y, por tanto, no hipotética— en cuanto al tipo, la duración o el volumen de dichas emisiones potenciales». En particular, mientras que, al evaluar una solicitud en el marco del Reglamento sobre materias primas fundamentales, lleva a cabo una evaluación global de si un proyecto se ejecutaría de manera sostenible, la ejecución sostenible concreta de un proyecto depende de la evaluación de sus impactos medioambientales por parte de las autoridades nacionales competentes, ya que solo el proceso nacional de concesión de autorizaciones puede garantizar que los proyectos de materias primas fundamentales sean seguros y cumplan los requisitos medioambientales. En consecuencia, el reconocimiento de un proyecto como proyecto estratégico en el marco del CRMA no afectará a los requisitos aplicables en virtud del Derecho de la UE, nacional o internacional [18].

27. Por lo que respecta al proyecto controvertido, la Comisión indicó que, en el momento de su solicitud de estatuto estratégico, seguían pendientes varios permisos medioambientales. Por lo tanto, ninguna de las referencias a las emisiones potenciales que pueden figurar en los documentos puede considerarse «real o previsible». La Comisión también consideró que se aplican consideraciones similares a la información medioambiental distinta de la información sobre emisiones que podrían contener los documentos. Concluyó que el acceso público a dicha información no serviría para apoyar las alegaciones planteadas por los denunciantes en sus solicitudes confirmatorias. Este objetivo tampoco prevalecería sobre la necesidad de proteger los intereses comerciales del promotor del proyecto.

28. Por último, en relación con el interés público en el acceso a la justicia, la Comisión alegó que el interés de una organización de la sociedad civil en la divulgación de un documento con el fin de presentar una solicitud de revisión interna en el marco de Aarhus es un interés privado y no público. La Comisión añadió que el plazo para presentar tal solicitud (en relación con la designación del proyecto en cuestión como proyecto estratégico) ya había expirado.

29. En sus observaciones sobre la decisión confirmatoria de la Comisión sobre su solicitud de acceso, el denunciante en el asunto 3164/2025/PVV(MIG) alegó que el uso de una presunción general de no divulgación no está justificado debido al diferente contexto procedimental del procedimiento de contratación pública y al procedimiento para reconocer los proyectos de materias primas fundamentales como proyectos estratégicos en el marco del Reglamento sobre materias primas fundamentales. En concreto, el denunciante alegó que el primero implica un entorno comercialmente contradictorio, mientras que el segundo sirve para certificar que los proyectos cumplen los requisitos reglamentarios, de modo que el riesgo de divulgación es fundamentalmente diferente.

30. Además, el denunciante alegó que es evidente que determinada información de los documentos no es sensible desde el punto de vista comercial, como el calendario de ejecución del proyecto, los compromisos generales de sostenibilidad y las descripciones fácticas de la ubicación, el alcance y el contexto normativo del proyecto. Este tipo de información, dijo, se divulga rutinariamente, por ejemplo, en procesos de permisos y evaluaciones de impacto ambiental.

31. El denunciante también sostuvo que la divulgación reviste un interés público superior. Tras señalar que los proyectos designados como Proyecto Estratégico en el marco del CRMA se benefician de una ventaja económica significativa, incluido el acceso a la financiación pública, reiteró que el público tiene derecho a saber sobre qué base se asignan los beneficios, privilegios y recursos. Agregó que el proyecto en cuestión tiene un impacto directo en las comunidades locales que tienen un derecho legítimo y legalmente protegido a conocer el cronograma de actividades que pueden afectar su medio ambiente, propiedad y medios de vida. Además, el denunciante alegó que el proyecto es objeto de una controversia pública excepcional, ya que ha generado litigios, protestas, escrutinio parlamentario y compromiso diplomático al más alto nivel, y que no existe riesgo de perjuicio, dado que actualmente se encuentra en suspenso.

32. Por lo que se refiere al acceso a la información medioambiental, el denunciante consideró que el razonamiento de la Comisión era contradictorio. Específicamente, señalando que los criterios de reconocimiento en virtud del CRMA incluyen explícitamente la sostenibilidad y abordan los impactos ambientales, argumentó que, si la información relevante no era suficientemente concluyente para ser revelada, debe ser igualmente insuficientemente concluyente para ser invocada para conferir la condición de proyecto estratégico. En ese caso, la Comisión tendría que explicar sobre qué base probatoria concedió esa condición. De hecho, si la Comisión tiene dudas sobre la exactitud o exhaustividad de la información medioambiental contenida en los documentos, esto sería motivo de preocupación en lo que respecta a la solidez de su evaluación con arreglo al Reglamento sobre las materias primas fundamentales y, por tanto, a un gran interés público en la divulgación.

33. En cuanto al acceso a la justicia en materia de medio ambiente, el denunciante declaró que los documentos podrían ser pertinentes en relación con vías de recurso distintas de una solicitud de revisión interna en el marco de Aarhus, incluidas las acciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales, los procedimientos en virtud del Derecho medioambiental de la UE y los recursos contra las decisiones por las que se concede un permiso. El denunciante también rechazó la opinión de la Comisión de que este argumento ilustraba un interés privado, alegando que el acceso a la justicia medioambiental se reconoce como un interés público.

34. El denunciante en el asunto 243/2026/NH declaró que un proyecto minero complejo como el controvertido puede afectar al medio ambiente, la gestión del agua, la biodiversidad, el patrimonio y la comunidad local. Consideró que la Comisión no había tenido suficientemente en cuenta estas preocupaciones al designar el proyecto como proyecto estratégico en el marco del CRMA y reiteró que el promotor del proyecto en cuestión ya se enfrenta a un escrutinio por su impacto ambiental en diferentes proyectos en todo el mundo. Además, el denunciante alegó que la divulgación de la solicitud del proyecto en el marco del CRMA permitiría al público evaluar la naturaleza del proyecto y disipar cualquier posible sospecha de corrupción.

35. En ambos casos, los denunciantes rechazaron la posición de la Comisión de que la excepción se aplica a la totalidad de los documentos y de que no era posible un acceso parcial.

Evaluación del Defensor del Pueblo que dio lugar a una recomendación

36. Dado el solapamiento en el asunto, el Defensor del Pueblo decidió tratar estas reclamaciones conjuntamente y emitir una única recomendación.

37. Las instituciones de la UE pueden denegar el acceso público a un documento solicitado en virtud del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 si existe un riesgo razonablemente previsible y no hipotético de que su divulgación perjudique los intereses comerciales de una persona física o jurídica. Sin embargo, las instituciones de la Unión no pueden basarse en la necesidad de proteger los intereses comerciales por el mero hecho de que la información se refiera a una empresa o a sus relaciones comerciales. La excepción sirve para proteger la información delicada desde el punto de vista comercial, como la información relativa a la estrategia empresarial o los conocimientos técnicos específicos de una empresa [19]. Por consiguiente, al invocar esta excepción, las instituciones de la UE deben explicar cómo la divulgación podría perjudicar concreta y efectivamente los intereses comerciales legítimos en juego [20].

38. En el caso de autos, la Comisión se basó en la necesidad de proteger los intereses comerciales del promotor del proyecto de que se trata, alegando que podía aplicarse a los documentos controvertidos una presunción general de no divulgación. En tal caso, la institución de la Unión de que se trate no está obligada a examinar individualmente los documentos controvertidos ni a explicar el perjuicio concreto que supondría la divulgación de su contenido. Por el contrario, puede presumir que, dado que los documentos forman parte de un determinado expediente o categoría de documentos, deben permanecer confidenciales en su totalidad.

Sobre la presunción general de no divulgación

39. La Comisión consideró que la presunción general de que la divulgación de las ofertas de los licitadores en los procedimientos de contratación pública perjudicaría a los intereses comerciales de los licitadores afectados, reconocida por los órganos jurisdiccionales de la Unión, podía aplicarse, por analogía, a los documentos relativos a la designación de proyectos de materias primas fundamentales como «proyectos estratégicos» en el marco del Reglamento CRMA.

40. En esencia, la Comisión alegó que puede considerarse que una solicitud de estatuto de proyecto estratégico contiene información comercial sensible que los competidores podrían utilizar en el contexto de sus propias solicitudes de proyectos, falseando así la competencia en procedimientos posteriores y socavando las expectativas legítimas del promotor del proyecto que la presentó.

41. La posición de la Comisión no es convincente. En particular, el procedimiento de contratación pública es de naturaleza diferente al proceso para determinar si debe concederse o no a un proyecto de materias primas fundamentales la condición de proyecto estratégico en el marco del Reglamento sobre materias primas fundamentales. El procedimiento de contratación pública es un procedimiento de selección comparativa que requiere que la institución de que se trate compare varias ofertas comerciales de diferentes licitadores sobre el mismo servicio con el fin de seleccionar el mejor. Solo se adjudicará un contrato de servicios al adjudicatario. Por lo tanto, el procedimiento de contratación pública es de naturaleza competitiva.

42. En cambio, el proceso de designación de proyectos de materias primas fundamentales como proyectos estratégicos no se basa en ofertas, costes o competencia entre operadores del mercado, sino en criterios de interés público. Al evaluar las solicitudes de la condición de proyecto estratégico, la Comisión debe determinar si el proyecto en cuestión cumple o no los requisitos legales establecidos en el Reglamento CRMA, ejerciendo la discrecionalidad administrativa. Si la Comisión considera que un proyecto cumple esos criterios, el proyecto será reconocido como proyecto estratégico. Esta decisión se toma independientemente del contenido de otras solicitudes de proyectos. En otras palabras, en teoría, todos los proyectos que solicitan el estatus de Proyecto Estratégico en una convocatoria determinada pueden tener éxito.

43. Además, no parece razonable presumir que las solicitudes de proyectos como la controvertida en el presente asunto contienen información comercialmente sensible en todo momento. Los promotores de proyectos en cuestión han facilitado los documentos para ilustrar si su proyecto respectivo cumple los requisitos pertinentes establecidos en el Reglamento CRMA y de qué manera.[21] Esto incluye, por ejemplo, cómo se ejecutaría un proyecto de manera sostenible, es decir, cómo el promotor del proyecto evitaría y minimizaría los impactos negativos en el medio ambiente y en la sociedad.

44. Normalmente, esta información también formará parte de la evaluación de impacto ambiental (EIA) obligatoria que los promotores de proyectos deben llevar a cabo de conformidad con el marco regulador nacional que les sea aplicable, y/o de las evaluaciones de impacto ambiental y social que los promotores de proyectos puedan llevar a cabo de forma voluntaria o en el contexto del cumplimiento de los requisitos de financiación. Una característica central de tales evaluaciones es típicamente que están destinadas a ser puestas a disposición del público. Además, a la luz del tamaño y el impacto significativo de los proyectos de materias primas fundamentales, los promotores de proyectos suelen colaborar con una amplia gama de partes interesadas, para mejorar la percepción pública de su proyecto y obtener apoyo para él, o porque las normas aplicables les exigen que lo hagan. En este contexto, se hace pública la información que los promotores de proyectos deben facilitar a la Comisión en el marco del CRMA para demostrar el cumplimiento del requisito de un compromiso significativo con las comunidades locales implicadas al solicitar la condición de proyecto estratégico.

45. Sobre la base de la inspección de documentos en esta investigación y en una investigación paralela [22], el Defensor del Pueblo no está convencido de que los documentos en cuestión contengan exclusivamente información que refleje la experiencia, los conocimientos técnicos o los secretos comerciales específicos del promotor del proyecto, o que pueda considerarse sensible por otras razones. Más bien, gran parte de la información contenida en él es de naturaleza bastante general. En el formulario de solicitud, el promotor del proyecto describe, por ejemplo, qué leyes nacionales se aplican a su proyecto, a qué marcos voluntarios se adhiere y dónde está en proceso de obtener los permisos necesarios para la implementación de su proyecto. Por lo que se refiere a las medidas específicas que el promotor del proyecto prevé para mitigar las repercusiones medioambientales y sociales de su proyecto, la información que figura en el formulario de solicitud a menudo no es muy detallada, sino que constituye un resumen de la información que ya se ha hecho pública legalmente en otros lugares.

46. Por ejemplo, el promotor del proyecto en cuestión ha creado un sitio web en el que ha publicado un proyecto de evaluación de impacto ambiental para el proyecto. Si bien este documento ya no está disponible en el sitio web del proyecto, el hecho de que el propio promotor del proyecto lo publicara ilustra que no consideraba que su contenido fuera comercialmente sensible. Además, el documento fue ampliamente comentado por la sociedad civil y los agentes académicos y sirvió de base para una decisión de delimitación del alcance por parte de las autoridades nacionales responsables en lo que respecta a la evaluación de impacto ambiental que debe llevarse a cabo. Además, la inspección puso de manifiesto que al menos uno de los documentos justificativos en cuestión está a disposición del público.

47. El Defensor del Pueblo también observa que la metodología utilizada por el promotor del proyecto para formular y estructurar su aplicación se expone en un documento de orientación [23] facilitado por la Comisión, así como en el propio formulario de solicitud pertinente. En consecuencia, el tipo de información incluida en el formulario de solicitud es muy similar a la información incluida en las solicitudes de otros promotores de proyectos, y los documentos justificativos facilitados por diferentes promotores de proyectos también son del mismo tipo. Además, la estructura de la «documentación de sostenibilidad» facilitada a la Comisión sigue la legislación nacional aplicable o las directrices de las autoridades nacionales. Por lo tanto, es poco probable que, en cualquier circunstancia, su divulgación otorgue a otros promotores de proyectos una ventaja desleal en términos de copia del enfoque de los demás.

48. Además, las solicitudes de proyectos que la Comisión revisa en relación con una ronda determinada de la convocatoria no se refieren a proyectos iguales o incluso similares. Por el contrario, los proyectos de materias primas fundamentales tienden a ser únicos debido a su ubicación geográfica, las materias primas que deben extraerse o transformarse, el marco regulador nacional que se les aplica, los factores medioambientales que podrían verse afectados y las necesidades de la comunidad local afectada. En consecuencia, el impacto que cada proyecto puede tener y la mejor manera de abordarlo también son únicos.

49. Por último, procede señalar que la propia Comisión ha hecho pública parte de la información contenida en solicitudes de proyectos similares, a saber, en su respuesta a una «solicitud de revisión interna»[24] presentada por un consorcio de organizaciones de la sociedad civil antes de la adopción de la decisión confirmatoria en el presente asunto [25].

50. A la luz de todo esto, el Defensor del Pueblo considera que no era razonable que la Comisión presumiera que los documentos en cuestión contendrían información sensible en todo momento y, por tanto, que se les podría aplicar una presunción general de no divulgación. Así pues, la Comisión debería haber llevado a cabo una evaluación individual de la solicitud de proyecto, con vistas a conceder un amplio acceso parcial.

Sobre la existencia de un interés público superior

51. Cuando una institución de la UE haya establecido que conceder acceso público a documentos supondría un perjuicio razonable para la protección de los intereses comerciales, debe denegar el acceso a menos que la divulgación revista un interés público superior [26].

52. A este respecto, los denunciantes, incluso haciendo referencia al Reglamento Aarhus [27], alegaron que es probable que los documentos contengan información medioambiental, que incluya «información relativa a las emisiones al medio ambiente»[28], y que dicha información tendría que divulgarse con independencia de su sensibilidad comercial.

53. El Reglamento Aarhus tiene por objeto garantizar que la «información medioambiental» se ponga progresivamente a disposición del público y se difunda al público [29]. El objetivo del acceso a esta información es promover la participación del público en el proceso de toma de decisiones correspondiente, aumentando así la rendición de cuentas y contribuyendo a la sensibilización y el apoyo del público a las decisiones adoptadas. Por lo tanto, se considera que existe un interés público en acceder a la «información medioambiental» y las instituciones de la Unión deben tenerlo en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes de acceso público [30].

54. Sin embargo, el interés público en acceder a la «información medioambiental» no prevalece automáticamente sobre el interés que debe protegerse mediante la no divulgación de los documentos solicitados. En cambio, debe evaluarse sobre la base de un examen individual de los documentos y de su contexto.[31] Esto es diferente cuando se trata de un tipo específico de «información medioambiental», es decir, información que «se refiere a emisiones al medio ambiente». Para este tipo específico de información medioambiental, se presume que existe un interés público superior en lo que respecta a la protección de los intereses comerciales [32].

55. El concepto de «información relativa a las emisiones al medio ambiente» no se limita a la información sobre «emisiones reales». También incluye información que permite al público saber «qué, puede preverse, se liberará en el medio ambiente (...)»[33] e información relativa a los efectos de dichas emisiones [34].

56. En el presente asunto, la Comisión consideró en las respectivas decisiones confirmatorias que los documentos solicitados no contenían ninguna información que pudiera considerarse razonablemente «información relativa a las emisiones al medio ambiente», ya que los permisos medioambientales para el proyecto aún estaban pendientes en el momento de su solicitud en virtud del Reglamento CRMA. Por este motivo, la Comisión consideró que cualquier información sobre las emisiones al medio ambiente que pudiera figurar en la solicitud de proyecto debía considerarse meramente hipotética y no real o previsible.

57. El Defensor del Pueblo considera que esta posición no es convincente.

58. En virtud del Reglamento CRMA, la Comisión no está obligada a llevar a cabo una evaluación exhaustiva del impacto ambiental de un proyecto que solicite la condición de proyecto estratégico. Por el contrario, corresponde a las autoridades nacionales responsables realizar una evaluación medioambiental completa y detallada cuando los proyectos solicitan el permiso medioambiental requerido. Sin embargo, para verificar si un proyecto de materias primas fundamentales se ejecutaría de manera sostenible, la Comisión debe «tener en cuenta una evaluación global del cumplimiento por parte de un proyecto de la legislación nacional o de la Unión pertinente, así como las pruebas complementarias pertinentes, teniendo en cuenta la ubicación del proyecto»[35]. Esto significa que los promotores de proyectos deben facilitar a la Comisión una amplia información medioambiental que le permita evaluar si los impactos medioambientales de su proyecto serían suficientemente supervisados, evitados y minimizados.

59. Como puso de manifiesto la inspección, la documentación sí contiene información detallada que puede calificarse de «información medioambiental» con arreglo al Reglamento Aarhus, incluida información sobre las emisiones futuras previstas del proyecto y el impacto de dichas emisiones en el medio ambiente. Esta información parece basarse en una evaluación realizada por expertos independientes y en pruebas de laboratorio. Además, esta información también se ha presentado a las autoridades públicas para ilustrar que el proyecto cumple los requisitos legales pertinentes para la condición de proyecto estratégico o en el contexto de los procedimientos medioambientales nacionales.

60. Como se ha señalado anteriormente, el concepto de «información relativa a las emisiones al medio ambiente» abarca la «información sobre las emisiones previsibles al medio ambiente». [36] El Defensor del Pueblo entiende que la información sobre las emisiones se considerará previsible si se basa en una evaluación concreta de datos objetivos. En cambio, la información sobre las emisiones se considerará puramente hipotética si no se basa en una evaluación concreta de datos objetivos, sino en conjeturas.

61. Sobre la base de la inspección de los documentos pertinentes, el Defensor del Pueblo considera que la información relativa a las emisiones futuras estimadas del proyecto que contiene se basa en una evaluación concreta de los datos objetivos y, por tanto, que es probable que estas emisiones se produzcan en función de la naturaleza y la escala de las obras previstas. Si bien no es imposible que la planificación del proyecto siga cambiando ligeramente (o que finalmente no se ejecute), la información sobre las emisiones que se ha presentado a la Comisión en el marco del Reglamento CRMA debe considerarse, al menos, «previsible» y, por tanto, estar cubierta por el concepto de «información [que] se refiere a las emisiones al medio ambiente» en el sentido del Reglamento Aarhus de la UE. Después de todo, la Comisión lo aceptó como base para su evaluación de la sostenibilidad de los proyectos en cuestión.

62. Además, está claro que el proyecto de materias primas fundamentales en cuestión tendrá un gran impacto en el medio ambiente y la vida de las personas en zonas extensas del país donde se encuentra y, posiblemente, más allá. Por lo tanto, dado que la Comisión ha reconocido el proyecto como un proyecto estratégico, debe poder explicar al público por qué consideraba que sus impactos medioambientales serían objeto de un seguimiento y una atención suficientes. El hecho de que el público pueda examinar la decisión de la Comisión de designar un proyecto como proyecto estratégico y pedir cuentas a la Comisión parece especialmente apremiante cuando un proyecto se caracteriza por la controversia [37].

63. Habida cuenta de todo lo anterior, el Defensor del Pueblo considera que la negativa de la Comisión a conceder un amplio acceso público a los documentos controvertidos constituía un caso de mala administración. Por lo tanto, formula la recomendación correspondiente a continuación.

Recomendación

Sobre la base de la investigación de esta reclamación, el Defensor del Pueblo formula la siguiente recomendación a la Comisión:

La Comisión Europea debe reconsiderar su posición sobre las solicitudes de acceso público con vistas a conceder un amplio acceso público, teniendo en cuenta las observaciones anteriores. En caso necesario, la Comisión debe consultar al promotor del proyecto de que se trate.

Se informará de esta recomendación a la Comisión y a los denunciantes. De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión enviará un dictamen detallado a más tardar el 5 de febrero de 2027.

Teresa Anjinho Defensora
del Pueblo Europeo 

Estrasburgo, 5.11.2026 

 

[1] Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC.

[2] Reglamento (UE) 2024/1252, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024R1252-20240503.

[3] Véanse, en particular, los artículos 6, apartado 1, 7 y 10 del Reglamento CRMA.

[4] De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento CRMA.

[5] Disponible en: https://single-market-economy.ec.europa.eu/calls-expression-interest/call-applications-strategic-projects-under-critical-raw-materials-act_es.

[6] La decisión de la Comisión en la que se enumeran todos los proyectos dentro de la UE que fueron designados como proyectos estratégicos puede consultarse en: https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/1958718b-21e9-40f4-9c9f-42a58dc4c5a3/download.

[7] La decisión de la Comisión en la que se enumeran todos los proyectos fuera de la UE que fueron designados como proyecto estratégico puede consultarse en: https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/808502c2-21c7-4ca8-855f-ff0b528f91c4_en?filename=C_2025_3491_1_EN_ACT_part1_v4.pdf.

[8] De conformidad con el Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.

[9] El plan de cierre conceptual del proyecto, el plan de negocio, la evidencia de los esquemas de certificación, la planificación operativa, la documentación de sostenibilidad y un estudio de viabilidad técnica.

[10] De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento 1049/2001.

[11] De conformidad con el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento 1049/2001.

[12] El denunciante se refirió al informe de 2024 de la Comisión sobre Serbia: https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/3c8c2d7f-bff7-44eb-b868-414730cc5902_en?filename=Serbia%20Report%202024.pdf.

[13] Artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en lo sucesivo, «Reglamento de Aarhus»): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1367-20230429.

[14] Memorando de entendimiento disponible en: https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/6fe0e605-9299-45c3-b846-2efb85585251_es.

[15] De conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento 1049/2001.

[16] Investigación estratégica OI/2/2022/OAM sobre el tiempo que tarda la Comisión Europea en tramitar las solicitudes de acceso público a los documentos: https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/60766.

[17] Decisión en la investigación estratégica de referencia OI/2/2022/OAM: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/175321.

[18] De conformidad con el considerando 25 y el artículo 6, apartado 3, del Reglamento CRMA.

[19] Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal General de 7 de febrero de 2018, PTC/EMA, T-718/15: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199044&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13039858.

[20] Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de septiembre de 2018, ClientEarth/Comisión, C‐57/16 P, apartado 51: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205322&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19039430.

[21] Artículo 6, apartado 1, del Reglamento CRMA.

[22] Asunto 1855/2025/PVV(MIG) sobre el modo en que la Comisión Europea tramitó una solicitud de acceso público a documentos relacionados con proyectos que han sido reconocidos como «proyectos estratégicos» en virtud de la Ley de Materias Primas Fundamentales: https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/69726.

[23] La última versión de esta «Guía para los solicitantes» está disponible en: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma/guide-applicants_es.

[24] De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Aarhus.

[25] Véase la evaluación detallada de la Comisión adjunta a su respuesta de 8 de enero de 2026: https://circabc.europa.eu/ui/group/3b48eff1-b955-423f-9086-0d85ad1c5879/library/74edffdc-0eb5-4658-bb6c-a5674127feb1/details.

[26] De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento 1049/2001.

[27] Reglamento (CE) no 1367/2006, véase la nota a pie de página 13.

[28] Artículo 2, apartado 1, letra d), del Reglamento Aarhus.

[29] Artículo 1, apartado 1, del Reglamento Aarhus.

[30] Véase también la Decisión del Defensor del Pueblo en los asuntos 1132/2022/OAM y 1374/2022/OAM (https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/168684), apartado 34.

[31] Véase también la Decisión del Defensor del Pueblo en los asuntos 1132/2022/OAM y 1374/2022/OAM, apartado 35.

[32] De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento Aarhus.

[33] Sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2018, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Comisión, T-643/13: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62013TJ0643.

[34] Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal General de 13 de noviembre de 2024, PAN Europe/Comisión, T-104/23, apartado 66: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62023TJ0104.

[35] De conformidad con el punto 5 del anexo III del Reglamento CRMA.

[36] Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 2016, Comisión Europea/Stichting Greenpeace Nederland y Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), asunto C-673/13 P, apartado 74: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0673.

[37] Véase, por ejemplo: https://www.euronews.com/2024/08/09/we-are-not-interested-in-their-profits-farmers-protest-contra-giant-lithium-mine-in-serbi; https://www.reuters.com/markets/commodities/serbia-wants-talks-with-rio-tinto-over-jadar-lithium-project-2024-01-17/; https://www.politico.eu/article/serbia-lithium-reserve-eu-mining-colony-electric-vehicles/.